Si bien partió como una demanda contra Chile por la prohibición del matrimonio igualitario, el Acuerdo por la Igualdad abarca todas y cada una de las iniciativas legales y de políticas públicas que faltan por implementar para garantizar el pleno ejercicio de derechos a las personas LGBTI y a las familias homoparentales.
Tan amplio y tranversal es el Acuerdo que desde junio del 2016 cada hito o avance en materia de igualdad para las personas LGBTI está necesariamente vinculado al texto, pues se enmarca en el cumplimiento del mismo, algo inédito en el sistema interamericano de derechos humanos.
Compromisos generales
En el ASA el Estado se muestra “de acuerdo en la necesidad de seguir perfeccionando las bases institucionales para evitar la discriminación en contra de la población LGBTI. Asimismo, reconoce la necesidad de mejorar y adecuar sus políticas públicas y legislación a objeto de garantizar el goce efectivo de los derechos de este grupo de personas”.
Para eso “el Estado velará para que las políticas públicas y legislación futura promuevan la dignidad de todas las personas, sin distinción por su orientación sexual e identidad de género”.
Compromisos legislativos
En el Acuerdo el Estado entiende al matrimonio igualitario “como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”, por lo que estima necesario implementar “las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa”.
Si bien el matrimonio igualitario contempla sin excepción alguna los mismos derechos y deberes de las parejas heterosexuales, aspecto que es enfatizado por la CIDH, el Acuerdo también incluye explícitamente reformas a otras leyes, evitando cualquier duda al respecto.
En concreto, se garantiza impulsar reformas legislativas para incorporar a los convivientes civiles a la ley 19.620 Sobre Adopción de Menores, de manera que todas las parejas puedan ser adoptantes.
También el Estado se compromete a impulsar reformas a la Ley 20.830 sobre Acuerdo de Unión Civil, para que “el conviviente que ha criado al niño o la niña sea reconocido como madre o padre, tenga o no lazos de consanguinidad”.
La solución amistosa pone especial énfasis en la igualdad de derechos para las personas trans. En este campo, el Acuerdo asegura la continuidad de la tramitación de la Ley sobre Identidad de Género hasta su aprobación.
A la par se asume el compromiso de enmendar la Ley 20.609 que Establece Medidas contra la Discriminación “de manera de superar todas las barreras que impidan prevenir y sancionar eficazmente la discriminación, evaluando asimismo la posibilidad de asignar recursos fiscales con la finalidad de fortalecer a la o las instituciones que eventualmente podrían dar seguimiento, coordinar y/o ejecutar las políticas antidiscriminatorias”.
La reforma o derogación de leyes homofóbicas o transfóbicas es otro de los puntos abordados, comprometiéndose el Estado a la:
- a.- Revisión de los artículos 365 y 373 del Código Penal, con miras a su enmienda o derogación con el fin de erradicar toda forma de discriminación por orientación sexual o identidad de género.
En la actualidad el artículo 365 establece una edad de consentimiento sexual de 18 años para homosexuales, en circunstancias que para heterosexuales es de 14 años; mientras el 373 sanciona las ofensas al pudor, la moral y las buenas costumbres, lo cual se presta para arbitrariedades, en particular contra personas trans y parejas del mismo sexo.
- b.- Modificación del Decreto Supremo 924 del Ministerio de Educación, que faculta a las iglesias a decidir quienes pueden hacer clases de religión, de manera de impedir la discriminación a docentes LGBTI.
Tal reforma es relevante, pues las iglesias siguen impidiendo a docentes hacer clases de religión si son LGBTI, siendo el caso más emblemático el que afecta a la profesora Sandra Pavez, quien desde el 2007 no puede ejercer sus profesión. Este hecho es en la actualidad analizado por la CIDH.
Compromisos en políticas públicas
En el campo de las políticas públicas, se asume como un compromiso el fortalecimiento de la institucionalidad existente en materia de derechos humanos, con especial énfasis en temas de discriminación por orientación sexual e identidad de genero, así como la generación de medidas para las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y para toda la población LGBTI en los campos de la salud y la educación.
“La orientación sexual y la identidad de género (…) serán consideradas como criterios relevantes para la formulación de las reformas normativas y de las políticas públicas definidas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género”, indica el acuerdo.
Lo mismo ocurre en el caso de las políticas públicas de Salud, las cuales se ejecutarán para responder eficazmente a la necesidad de las mujeres con orientaciones sexuales o identidad de género diversas. Para ello, el Estado se compromete a rediseñar el Programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva a fin de integrarlas.
También se persigue incorporar formalmente a la realidad de la diversidad sexual y de género en el sistema educacional.
Ello se hará mediante la incorporación de contenidos en el Plan de Formación Ciudadana, en el Programa de Sexualidad, Afectividad y Género y en los protocolos y cartillas sobre no discriminación del Mineduc.. Tales contenidos serán “complementarios a la base curricular nacional y a los planes de estudios para los niveles de educación parvularia y escolar”, sostiene el acuerdo.
Por último, el Estado se compromete a “incorporar datos desagregados por orientación sexual e identidad de género en los estudios o estadísticas oficiales sobre discriminación”, así como sobre población LGBTI, parejas del mismo sexo y familias homoparentales en las investigaciones oficiales sobre protección social. Esto, con miras a la implementación de más y mejores políticas favor de la diversidad sexual y de género.
Participación ciudadana
Para la implementación de las medidas expuestas, el Acuerdo garantiza consultas y participación de toda organización o movimiento social interesado en estas materias, así como el desarrollo conjunto de todas sus medidas con el Movilh.
Acuerdo completo aquí