La historia del Acuerdo por la Igualdad puede dividirse en tres períodos a saber:
I. La demanda contra el Estado de Chile:
El 23 de septiembre del 2010 tres parejas del mismo sexo se sumaron a un llamado del Movilh para judicializar e internacionalizar la lucha por el matrimonio igualitario en Chile, por lo cual pidieron al Registro Civil el reconocimiento de su unión.
Se trató del canadiense Stephane Abran, quien había contraído matrimonio en 2006 con el chileno Jorge Monardes en Canadá; de Víctor Arce y Miguel Lillo, unidos en 2010 en Argentina, y de César Peralta y Hans Arias.
Muchos sectores calificaron la acción de “demencial, absurda, efectista y/o ridícula”, pues se sabía de antemano que el Registro Civil negaría la hora de matrimonio y que nada mejor sucedería en tribunales.
Pese a las críticas, provenientes de sectores progresistas y conservadores, el abogado del Movilh, Jaime Silva, presentó el 20 de octubre del 2010 un recurso de protección, el cual fue rechazado el 9 de diciembre del 2011.
A raíz del recurso, el Tribunal Constitucional se pronunció por primera vez en su historia sobre del artículo 102 del Código Civil, el mismo que permite el matrimonio sólo entre un hombre y una mujer. En el TC, el movimiento fue representado por Silva y por el abogado Fernando Muñoz.
El 3 de noviembre del 2011, el TC concluyó que el matrimonio igualitario no era inconstitucional y que sólo correspondía al Congreso Nacional aprobar o no dicha norma.
El 14 de diciembre del 2011 se apeló a la Corte Suprema, pero esta refrendó el 4 de abril del 2012 las sentencias de la Corte de Apelaciones y la postura del TC.
En este contexto, el 15 de mayo del 2012 el activista del Movilh Rolando Jiménez denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición del matrimonio igualitario, asumiendo la defensa del movimiento los abogados Ciro Colombara, Carter Hunter y Branislav Marelic.
II.- La firma el Acuerdo:
El 25 de noviembre del 2014 la Relatora para Chile y los Pueblos Indígenas, Rose Marie Antoine, se reunió con el Movilh y la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, encabezada en ese momento por Hernán Quezada, acordándose el inicio de conversaciones para una eventual solución amistosa.
El diálogo entre las partes no fue fácil, a tal punto que el 17 de marzo del 2016 el Movilh envió una misiva a la presidenta Michelle Bachelet, pues no había señales de llegar a un acuerdo que fuese satisfactorio para la causa LGBTI.
El 23 de marzo el Movilh se reunió con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y el proceso finalmente se aceleró.
Luego de un año y medio de conversaciones y mesas de trabajo con 6 ministerios, las partes llegaron a un acuerdo que fue sellado el 11 de junio del 2016 en una reunión en Santiago con el relator de la CIDH, Enrique Gil Botero. El Acuerdo fue firmado por Botero, Quezada, Colombara, Hunter, Marellic y Jiménez.
Durante los primeros días de julio del 2016, sumaron su firma al Acuerdo los entonces ministros/as de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Educación, Adriana Muñoz; de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual; de Salud, Carmen Castillo; de Justicia, Javiera Blanco y de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz.
El Acuerdo sin precedentes en el sistema interamericano de Derechos Humanos, fue calificado de histórico por Botero y por el Gobierno, mientras que sus contenidos se hicieron públicos el 8 julio del 2016, en una ceremonia en el Puente de los Enamorados, donde asistieron los/as ministros/as Díaz, Castillo y Pascual, así como el embajador de la Unión Europea, Rafael Dochao, la encargada de la Sección Política de la embajada de Estados Unidos, Lea Cato, y Jorge Monardes y Stephane Abran, pareja motor del proceso.
El Acuerdo, y sus posteriores avances, han motivado a los sectores ultraconservadores de la sociedad civil y del Parlamento a criticar y movilizarse contra la iniciativa, procesos que persisten hasta hoy y que felizmente han fracasado.
III.- La implementación del acuerdo:
Durante el segundo semestre del 2016 comenzaron a implementarse los primeros puntos del Acuerdo, pasándose por un proceso de ajustes internos.
Si antes de la firma del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), también conocido como Acuerdo por la Igualdad, jugó un importante rol la Cancillería en tanto cursó las acciones necesarias para comprometer a las carteras en compromisos claros y puntuales hasta hacer efectiva la rúbrica el 11 de junio del 2016, posterior a ello la principal labor de coordinación fue asumida por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, cuya dirección la asumió el 18 de noviembre del mismo año la vocera del Ejecutivo Paula Narváez.
Para tales efectos la ministra nombró a su jefe de gabinete, Leopoldo Pineda, como el enlace con la Cancillería, el Movilh y las carteras que adquirieron compromisos en el ASA.
Las dificultades que debió sortear la Segegob fueron muy similares a las enfrentadas por el Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería antes de la firma, pues la coordinación de diversos ministerios es una tarea compleja donde inciden diferentes intereses, niveles de compromiso y de comprensión sobre la relevancia y alcances del ASA, mientras que la disponibilidad de tiempos y agendas pocas veces coinciden.
Si bien en el ASA es claro que toda gestión o avance para su concreción requiere de un trabajo conjunto y consensuado con los peticionarios, es decir con el Movilh, algunos ministerios eran reticentes a esta modalidad, en buena medida porque implicaba dedicar mayores esfuerzos a la coordinación.
Esto llevó a un roce de relevancia, pues el 23 de diciembre del 2016 el Estado, a través de la Cancillería, presentó a la CIDH su primer informe sobre los niveles de cumplimiento del ASA, exponiendo una serie de medidas jamás expuestas a los peticionarios.
El Movimiento advirtió sobre ello a la CIDH y luego le envió sus descargos, desconociendo como parte del ASA toda iniciativa que no hubiese sido trabajada conjuntamente
Acto seguido, fue la propia CIDH la que el 2 de febrero del 2017 emitió un comunicado público resaltado este punto: “en el texto del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) el Estado se comprometió a impulsar, en conjunto con los peticionarios” la iniciativa, destacando además “la importancia del trabajo conjunto entre las partes para la definición del contenido del acuerdo”.
La Segegob, a través de Pineda, fue advertida desde diciembre del 2016 sobre el tema, y se mostró abierta a corregir el problema, adoptando desde el 2017 medidas inmediatas que garantizaron el trabajo conjunto.
Así es como en marzo del 2017, y siempre en el marco del cumplimiento de un punto clave del ASA, la Segegob, la Cancillería y el Movilh conformaron una Comisión de Seguimiento para definir de manera mancomunada los pasos del Acuerdo por la Igualdad, a lo que luego se sumó una Mesa Amplia de Trabajo con todos los grupos LGBTI para recibir sus sugerencias y aportes al punto III.8 del texto.