Informe de la ONU llama a derogar leyes homófobas y a reconocer derechos de personas trans y de familias diversas

Para su informe el Alto Comisionado se basó en datos oficiales y en los proporcionados por organizaciones sociales, como el Movilh. El estudio se refiere al asesinato de Daniel Zamudio a la aprobación de la unión civil y la ley antidiscriminatoria en Chile. De igual manera, exige superar deudas legislativas  con la diversidad sexual.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU  hizo público su “Segundo Estudio sobre Violencia y Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género”, donde estampó variadas recomendaciones y exigencias a los Estados de todo el mundo, incluido Chile.

El documento, de 24 carillas, fue elaborado a petición del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instancia que demandó actualizar el primer estudio mundial,  lanzado por el Alto Comisionado el 2011.

“Valoramos profundamente esta investigación, pues hace referencia a los avances en Chile, como la unión civil y la ley antidiscriminatoria, así como al triste crimen de odio que quitó la vida a Daniel Zamudio. De igual forma se mencionan los desafíos para superar la homofobia y transfobia, haciendo tres exigencia en las que Chile está en grave deuda: los derechos de personas transexuales y de las familias homoparentales y la derogación de leyes homofóbicas. Esperamos que el Estado tome nota de esto.”, indicó el Movilh, cuyo Informe Anual de Derechos Humanos fue uno de los textos considerados por el Alto Comisionado de la ONU para conocer la situación local.

En efecto, sobre Zamudio la investigación sostiene que hubo “una agresión en Chile, un hombre gay fue golpeado y asesinado por neonazis, que lo quemaron con cigarrillos y grabaron esvásticas en su cuerpo”.

Además destaca que desde el 2011, al menos 12 Estados dieron luz verde al matrimonio igualitario o la unión civil y otros 14 países aprobaron leyes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, siendo mencionado Chile en ambos avances.

Sin embargo, el Estudio afirma que aún falta mucho por hacer a nivel socia y estatal, pues “la violencia motivada por la homofobia y la transfobia suele ser especialmente brutal y en algunos casos se caracteriza por niveles de crueldad superiores a los de otros delitos motivados por prejuicios”.

Enfatiza que la “discriminación contra las personas LGBT a menudo se ve exacerbada por otros factores de identidad, como el sexo, el origen étnico, la edad y la religión, así como por factores socioeconómicos como la pobreza y el conflicto armado”.

A la par, añade la investigación, hay países “que penalizan los actos homosexuales consentidos e incumplen las normas internacionales de derechos humanos, ya que la mera existencia de leyes en ese sentido constituye una vulneración del derecho a la intimidad y a la no discriminación”.

El estudio advierte que de igual forma “las personas transgénero siguen sin poder obtener el reconocimiento legal de su género preferido, en particular cuando se trata de cambiar el sexo y el nombre de pila consignados en los documentos de identidad expedidos por el Estado. Debido a ello, estas personas afrontan múltiples problemas para hacer valer sus derechos, entre otras cosas en el ámbito laboral y de la vivienda, así como a la hora de solicitar un crédito bancario o prestaciones estatales, o cuando viajan al extranjero”.

Por último, dice el documento, hay “preocupación por la discriminación que sufren los hijos de parejas de personas del mismo sexo y por la escasa protección legal con que cuentan”.

El Movilh explicó que “todas estas deficiencias involucran a Chile. Por un lado el artículo 365 del Código Penal penaliza la homosexualidad juvenil al establecer distintas edades de consentimientos sexual para gays (18 años) y heterosexuales (14 años). En tanto, la ausencia de una ley de identidad de género impide a las personas trans ser identificadas legalmente con un nombre y sexo acorde a su género, mientras que la ausencia de ley de matrimonio igualitario obstaculiza la igualdad de derechos entre hijos de parejas homosexuales y heterosexuales”.

Para el Movilh aquí el Estado “debe entonces derogar el artículo 365, aprobar la ley de identidad de género y terminar con las injusticias que padecen hijos de familias homoparentales, tal y cual lo exige el Alto Comisionado de la ONU”

En efecto, entre otros puntos el Alto Comisionado establece que “para combatir la discriminación los Estados deben:”

-“Revisar las leyes penales para destipificar las conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y otros delitos utilizados para detener y castigar a personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género; ordenar una moratoria inmediata sobre los enjuiciamientos conexos; y eliminar los antecedentes penales de quienes hayan sido declarados culpables de dichos delitos”.

-“Reconocer, por ley a las parejas del mismo sexo y a sus hijos, de modo que las prestaciones tradicionalmente concedidas a las parejas casadas —como las relacionadas con las pensiones, los impuestos y la herencia— se concedan en términos no discriminatorios”.

-“Expedir, a quienes los soliciten, documentos legales de identidad que reflejen el género preferido del titular, eliminando los requisitos abusivos, como la esterilización, el tratamiento forzado y el divorcio”.