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Corte Suprema sanciona con Ley Zamudio a la alcaldesa de Lampa por transfobia

Editor 29 diciembre, 2017

Entre el 2014 y el 2016 la edil discriminó a la entonces concejala Alejandra González, negándole el derecho a ser tratada por su nombre y sexo legal. González es la primera persona de la población LGBTI que asumió un cargo de elección popular en Chile.

La Cuarta Sala de la Corte Suprema aplicó la Ley Zamudio a la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, por discriminar en razón de su identidad de género a Alejandra González (en la fotografía), la primera persona de la población LGBTI en asumir un cargo de elección popular y que se desempeñó como concejala entre el 2004 y el 2016.

González acusó que en el concejo municipal fue tratada de manera reiterada por su nombre legal, pese a solicitar a la alcaldesa ser llamada como Alejandra, además de padecer en algunas ocasiones el cierre injustificado de su oficina y vivir obstáculos para que el personal de aseo pudiese limpiar el lugar donde trabajaba.

El 19 de diciembre pasado su demanda fue acogida por los ministros de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, Haroldo Brito, Andrea Muñoz, Gloria Ana Chevesich, y la abogada Integrante Leonor Etcheberry, mientras el juez Ricardo Blanco estuvo por rechazarla

En el fallo se estableció como un hecho que en “las reuniones del concejo municipal se refieren a la parte demandante con su nombre legal, no obstante que ha solicitado que se use el social”.

“Incluso en una sesión del concejo municipal, a la «hora de incidentes», ante las diferencias de opinión surgidas con motivo de su solicitud de que se refieran a ella con su nombre social, la alcaldesa le responde con una pregunta «¿concejal o concejala?», que corresponde sea calificada de irónica, precisamente por la oportunidad y contexto en que se dio, a saber, aquél en que una persona solicita que se la respete como tal, con sus distintivos y características”, enfatizó la Suprema.

Añadió que la negativa a respetar su identidad “importa un acto de discriminación, en la modalidad de distinción, esto es, en los términos del Mensaje de la Ley N° 20.609, de una diferenciación sobre la base de una particularidad, su identidad de género, con la finalidad de afectar su dignidad como persona y que carece de justificación razonable”.

La corte advirtió además que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la exigencia de someterse a intervenciones quirúrgicas o tratamiento esterilizador, como requisito para reconocer la identidad de género, viola el derecho al respeto a la vida privada y familiar (Caso A.P., Gargon and Nicot V. France, N°79885/12, 2471/13 y 52596/13)”

En otro de sus pronunciamientos más significativos, la Suprema puntualizó que los principios de igualdad e integridad establecidos en la Constitución son aplicables a la población LGBTI y al respeto a su identidad.

“El artículo 19, números 1 y 2, asegura a todas las personas el derecho a la integridad psíquica y la igualdad ante la ley, que resultarán conculcados si no se respeta el derecho a la identidad, pues el fuero interno de la agraviada experimentará sentimientos de aflicción generando una suerte de discriminación a su respecto”, dice.

Se “debe concluir” que el derecho a la identidad “se encuentra protegido constitucionalmente” y con ello, “el colectivo formado por personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (que comprende travestis, transexuales y transgéneros) e intersexuales”, añade.

Por tanto, puntualizó la Corte, “si con motivo de su identidad de género (una persona) experimenta una distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que le cause privación, perturbación ó amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales señalados, corresponde entender que se configuró un acto de discriminación arbitraria, atendido los términos del artículo 2 de la Ley N 20.609”,

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