Movilh demanda a vocera de Gobierno coordinación de cuatro ministerios para avanzar en leyes
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La Ministra Armanet gestionará las peticiones a objeto de avanzar en el Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación y el Pacto de Unión Civil (PUC) antes de finalizar el mandato de Bachelet. El Movilh recordó que ambas leyes son parte del programa presidencial, enfatizando que el progresismo debe llevarse a la práctica.
El Movimiento de Integración y Liberación de Liberación (Movilh) demandó en cita en el Palacio de La Moneda con la vocera de Gobierno, Pilar Armanet, que gestione la coordinación de cuatro ministerios para avanzar de manera decidida en las leyes antidiscriminatorias y de unión de unión antes de terminar el mandato de la presidenta Michelle Bachelet.
En concreto el Movilh solicitó que el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) se coordine con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con el Ministerio de Hacienda y con el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), cuya ministra, Laura Albornoz, ya se había comprometido en esta área con el movimiento de la diversidad sexual el pasado 24 de diciembre.
“El Sernam y la Segegog ya han mostrado su interés en que las leyes antidiscriminatorias y de unión civil avancen, sin embargo, es preciso una mayor coordinación con la Presidencia, toda vez que es la encargada de dar celeridad a los proyectos, y también con Hacienda. Ello, por cuanto algunos artículos del Pacto de Unión de Civil (PUC) implican redistribución de algunos costos en materiales previsionales y de salud, por lo que su avance depende del patrocinio del Ejecutivo”, precisó el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
En la ocasión Armanet expresó un sólido interés en colaborar con las demandas, señalando que gestionara las medidas que estén su alcance a objeto de que las mencionadas leyes tengan un avance más concreto antes de finalizar el actual gobierno.
“Hemos explicado a la ministra que el Proyecto que Establece Medidas contra la Discriminación y el PUC son promesas del programa presidencial, que justamente se relacionan con el progresismo que el Ejecutivo dice promover, por lo que es imprescindible que el discurso pase a una práctica concreta”, añadió Jiménez.
El Proyecto contra la Discriminación, radicado en el Congreso Nacional desde el 2005, sanciona y previene los atropellos basados en motivos de “raza, etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica de procedencia, lugar de residencia, religión o creencias, idioma o lengua, ideología u opinión política, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y estructura genética, o cualquier otra condición que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico».
En tanto, el Pacto de Unión Civil, cuya idea de legislar aún no se vota en el Parlamento, viene a resolver la desigualdad socio-jurídica que afecta a convivientes heterosexuales y homosexuales en temas como herencias, régimen patrimonial, salud y previsión.
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