Declaran admisible recurso del Movilh contra la UDI y el CNTV por homofobia en la franja electoral
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En el espacio de la UDI se vincula a la bandera LGBTI con la destrucción del país.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada por las ministras Elsa Barrientos Guerrero y Inelie Duran Madina, declaró admisible el recurso de protección que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó contra la Union Demócrata Independiente y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por discursos de odio contra los derechos LGBTI en la franja electoral.
Esto, luego de que en uno de los spots de la Fundación El Samaritano, que integra bloque de la UDI, se usara la bandera LGBTI para señalar que “la iglesia evangélica está en peligro, vamos a salir a defenderla”, lo cual fue seguido con imágenes de actos violentistas.
A esto se añade, que tras un reclamo formal que el Movilh presentó a la CNTV, dicho organismos resolvió que no tenía competencia sobre la materia.
En el recurso, patrocinado por la abogada del Movilh, Mónica Arias, y la jurista Caroline Mac-Innes, se alega que con el mencionado spot, la UDI y el CNTV violetan las garantías constitucionales de derecho a la vida e integridad personal; derecho a la igualdad; derecho a la honra de las personas. Del mismo modo, se pasa por alto que la orientación sexual y la identidad de género son categorías por la Ley que Crea el CNTV y por la Ley Zamudio.
El dirigente del Movilh, Oscar Rementería, replicó que “la bandera del arcoíris representa los derechos humanos de las personas LGBTI. Al vincularla a peligros y a la destrucción del país o de instituciones, estamos en presencia de una abierta incitación al odio. Lamentamos la falta de fiscalización del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), cuyo deber es vigilar que se cumpla la ley y sus propias directrices y repudiamos la homofobia persistente de la UDI. Esperamos se haga justicia en tribunales».
En paralelo, el Movilh denunció al CNTV ante la Contraloría General de la República, órgano que aún no se pronuncia al respecto.
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