Movilh pide a diputadas y diputados su “más sólido” rechazo a “transfóbico informe” que cercena derechos de NNA trans

El Informe de la Comisión Especial Investigadora Número 57, que será votado esta tarde, pide derogar derechos de niños, niñas y adolescentes trans en Salud, Educación y en la Ley de Identidad de Género.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) envió hoy una carta a todos los diputadas y diputados del país para solicitarles “su más sólido rechazo al Informe de la Comisión Especial Investigadora Número 57 debido a su  sesgo ideológico que buscar cercenar derechos conquistados y vigentes que garantizan el acceso igualitario a la salud y la educación de  niños, niñas y adolescentes (NNA) trans.

El Informe del pasado 16 de noviembre exige, entre otros puntos, “suspender inmediatamente la ejecución del Programa de Acompañamiento de la Identidad de Género PAIG”, impedir las terapias hormonales para NNA trans,  reformar la Ley de Identidad de Género para que el Interés Superior del Niño se supedite a los deseos de sus padres o madres y prohibir el enfoque afirmativo en la atención, así como  la derogación la Circular 812 de la Superintendencia de Educación que promueve el respeto a los derechos de estudiantes trans.

Dado que el informe se votará esta tarde en la Sala de la Cámara, en la carta dirigida a los/as legisladores/as el Movilh apuntó que la Comisión Número 57 “que investigó las políticas públicas en Salud para niños, niñas y adolescentes (NNA) trans,  lejos de formular recomendaciones para mejorar la aplicación de normativas vigentes, propone y sugiere terminar con importantes derechos, lo cual incluso excede la labor que le fue encomendada, pues no solo se pronuncia negativamente sobre garantías en Salud. También pide cesar con derechos en Educación e incluso reformar la Ley de Identidad de Género con el fin de limitar los alcances del Interés Superior del Niño y de la autonomía progresiva de NNA”

“Junto con recordarles que tanto la Ley de Identidad de Género como la Circular 812 fueron aprobadas bajo la administración del ex presidente Sebastián Piñera, en el marco de del cumplimiento de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA, Caso 946-12) que el Estado de Chile y nuestra organización firmamos en 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertamos que las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora Número 57 no consideraron en ningún caso las opiniones, saberes y experiencias de madres o padres que respaldan y apoyan los procesos de transición de sus hijos/as, privilegiando solo posturas opositoras. Del mismo modo, dicha Comisión no citó a organizaciones LGBTIQ+ con experiencia en la materia que apoyan la transición de NNA y las políticas vigentes, salvo a Movilh, aunque nuestras opiniones lejos de ser mencionadas o ser parte de las conclusiones de dicha entidad, fueron omitidas o censuradas”, añadió la carta

“A mayor abundancia, la Comisión Especial Investigadora Número 57 no surgió porque madres o padres de NNA  hubiesen formulado alguna denuncia formal en tribunales respecto a que alguna política estatal hubiese afectado el desarrollo emocional o psicológico de sus hijos/as. Solo nació de interpretaciones antojadizas y arbitrarias del Informe Cass, pese a que sus contenidos son solo aplicables a Reino Unido, y de reportajes publicados en algunos medios de comunicación que iban en el mismo sentido y que, también, dejaron al margen la opinión de familias que apoyan y respaldan las políticas o normas estales sobre la temática”, indicó el Movilh.

De acuerdo a la Encuesta Identidad (Movilh-2018), el 39,47% de las personas trans supo entre los 5 y 10 años que el sexo y nombre asignados al nacer no les identificaba. El 19,17% lo supo antes de los 5 años; el 25,9% entre los 11 y 15 años; el 11,28% entre los 16 y 20 años; el 3,76% entre los 21 y 30 años y el 0,48% después de los 45 años.

Tan clara es la existencia de NNA trans, que desde la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, hasta el 2 de diciembre del 2024, un total 10.379 personas han modificado su sexo y/o nombre legal, siendo el 8,4% del total niños, niñas o adolescentes de 17 años o menos, tras haber efectuado el trámite de rectificación de su partida de nacimiento en tribunales de familia. Es decir, la jurisprudencia es clara al respecto.

“Por todo lo expuesto, y apelando al compromiso con la universalidad de los derechos humanos, es que solicitamos su más contundente y claro rechazo al  Informe de la Comisión Especial Investigadora Número 57”, finalizó la carta del Movilh.

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