Apelan ante Corte Suprema en favor de profesora lesbiana y anuncian proyecto de ley
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Se busca derogar la norma que faculta a la Iglesia decidir quienes pueden o no hacer clases de religión, toda vez que en su aplicación “se están vulnerando derechos constitucionales”. También se anunciaron manifestaciones en contra de los responsables de la discriminación a la profesora.
Respaldada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la profesora de religión Sandra Pavez apeló hoy al fallo que determinó como una facultad de la Iglesia, y no del Estado, decidir si los docentes gays y lesbianas pueden o no ejercer su profesión.
La acción legal, patrocinada por el abogado Alfredo Morgado, fue presentada ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, desde donde será derivada a la Corte Suprema para su revisión.
En el texto se alegó que la decisión de la Corte de San Miguel de rechazar el recurso de protección presentando a favor de la profesora, luego que el vicario para la Educación de San Bernardo, René Aguilera Colinier, revocara el certificado de idoneidad que habilita a la docente para hacer clases, no se hizo cargo de las vulneraciones constitucionales y de tratados internacionales ratificados por Chile en los que está incurriendo la Iglesia.
Ello por cuanto si bien el Decreto 924, dictado el 12 de septiembre de 1983, determina que es la Iglesia la que está facultada para otorgar el certificado de idoneidad que permite a los profesores de religión hacer clases, la aplicación de la norma por parte del vicario Colinier es arbitraria y discriminatoria, no ajustándose al derecho, sostuvo la acción legal.
La apelación especificó además que la profesora ha mostrado en 21 años de trayectoria completa idoneidad en el ejercicio de su cargo, lo cual es avalado por colegas, alumnos y apoderados, por que el Decreto 924 se está prestando para vulnerar el derecho al trabajo, al respeto a la vida privada y a la no discriminación, garantizados en textos de la Constitución y de tratados internacionales.
“Además en ninguna parte se dice, sino sólo en los reglamentos internos de la Iglesia y no de la ley, que los profesores homosexuales no pueden hacer clases de religión. Tampoco ese es un requerimiento de esa profesión y nunca fue así planteado cuando la docente obtuvo su título en la Universidad Católica”, añadió el presidente del Movilh, Rolando Jiménez,
Pavez se mostró “completamente apenada por el fallo de la Corte de Apelaciones. Yo he servido a Dios durante toda una vida. Lo que yo haga en mi casa y mis relaciones sexuales no tiene nada que ver con mi ejercicio profesional. Yo sólo me preocupó del bienestar de mis alumnos y de inculcar el amor a Dios”.
Añadió que, por otro lado, “las clases de religión, no son clases de adoctrinamiento del catolicismo. Son clases que abordan las perspectivas de las religión en términos generales. Es dañino para Educación optar por una solo tipo de enseñanza religiosa, pues la Iglesia está separada del Estado”.
Morgado, Pavez y el Movilh anunciaron además que en caso de que la Corte Suprema no revierta el fallo de la Corte de Apelaciones, “recurriremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandaremos al Estado de Chile”.
OTRAS ACCIONES CONTRA EL FALLO
Al momento de presentar la apelación, el Movilh anunció que junto a diversos diputados presentarán un proyecto de ley que derogue el artículo 924, “pues su aplicación se presta para el arbitrio y eso está más que demostrado”.
Jiménez exigió además la “pronta aprobación del Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación. Una vez quedó demostrado que la ausencia de esta norma deja en la completa vulnerabilidad a los sectores minoritarios”
Junto con repudiar a la ministra de Educación, Yasna Provoste, por “carecer de voz en un tema que es su deber tener opinión, en especial luego que fue oficiada por la Cámara de Diputados respecto a este caso”, el Movilh informó sobre la ejecución de diversas manifestaciones que se espera cuenten con el apoyo de diversas instancias.
“También pediremos a las autoridades que hagan gestiones administrativas para que Pavez siga haciendo clases, pues no hay ningún tipo de sanción establecida contra el colegio por si opta por ese camino, en especial al considerar que es un establecimiento municipalizado y que está en desacuerdo con la postura de la Iglesia en este tema”, comentó el movimiento de minorías sexuales.
Desde que se hizo efectiva el pasado 13 de agosto la revocación del certificado de idoneidad, Pavez se desempeña en labores administrativas en el colegio, mientras que alumnos y apoderados han enviado diversas cartas a la dirección para que la docente reasuma sus funciones
Fue en abril pasado cuando la Iglesia supo de la orientación homosexual de la Pavez, quien en honor a la verdad en ningún caso ocultó ante las autoridades religiosas su lesbianismo.
En tanto, el 18 de mayo la afectada y el Movilh se reunieron con el Obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, quien exigió a la docente el celibato y un tratamiento psiquiátrico con profesionales de la Iglesia para que mantuviera su certificado de idoneidad.
Ante el rechazo de la maestra, diversos sacerdotes, y el mismo obispo González, presionaron en persona a la docente para que desistiera de las acciones legales, ofreciéndoles becas y “haciéndome sentir culpable por los efectos que este hecho tendría en mi familia. Me sentí humillada”, puntualizó Pavez, quien ha debido recibir intensos tratamientos psicológicos a partir del daño ocasionado por la Iglesia
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