¿Qué pasó con los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales entre el 2010 y el 2014? ¿Hubo avances, retrocesos? Aquí te lo contamos:
Limitar el balance de lo ocurrido durante cuatro años bajo un gobierno a un solo aspecto de la diversidad sexual, como son las uniones civiles, es una injusticia con las propias víctimas de la discriminación. La homofobia y la transfobia opera de formas tan amplias y diversas, como lo es la población LGBTI. La situación histórica de las personas LGBTI ha sido dramática y gravísima, siendo el asesinato de Daniel Zamudio una muestra brutal de ello.
En ese sentido, el texto abajo expuesto analiza y describe el Gobierno de Sebastián Piñera en torno a los derechos de la diversidad sexual con una mirada transversal y en ningún caso reduccionista. Se trata de cuatro años de procesos sociales, culturales y políticos, donde la realidad de la población LGBTI experimentó cambios tan distintos, como importantes, con luces y sombras.
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El gobierno del presidente Sebastián Piñera impulsó iniciativas pioneras para erradicar la discriminación a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), siendo su período un aprendizaje tan positivo como inesperado, que contribuyó a mermar mitos y prejuicios sobre un sector social; las minorías sexuales; y sobre un bloque político; la Derecha.
Se trata de un Gobierno que de comienzo a fin se mostró contrario al matrimonio igualitario, su repudiable talón de Aquiles, y que llegó al poder de la mano de la UDI; el partido que más ha ofendido y dañado la dignidad de la población LGBTI; y de RN, una colectividad presidida por uno de los personajes más homofóbicos del país, el senador Carlos Larraín.
Con un panorama mayoritariamente contrario a la diversidad sexual en su propia casa política, resultó ser que el Gobierno de Piñera se convirtió en el que más escuchó, atendió y dialogó con los movimientos LGBTI, así como el que más políticas públicas implementó y medidas legislativas impulsó o respaldó para contribuir a derribar la homofobia y la transfobia.
Es cierto, en los movimientos de la diversidad sexual había temor y ninguna alegría con la llegada de la Derecha a La Moneda.
Sin embargo, lo sensato era actuar sobre hechos, evaluar pasos reales de Piñera y de su equipo de Gobierno, sin sesgos ideológicos, con total independencia y no perdiendo de vista que lo único importante y prioritario era avanzar en mejores condiciones de vida para la población LGBTI. Si se abría una puerta, había que entrar, dialogar, proponer, construir. Si se cerraba, lo lógico era denunciar y protestar.
Sin burocracias y sin intermediarios, los ministros fueron dialogando con los movimientos LGBTI, tratando a las organizaciones sociales en igualdad de condiciones, sin privilegios políticos, sin clasismo, sin sesgos ideológicos, y quizás con obvias sospechas porque al comienzo el prejuicio estaba presente y era mutuo.
Con el tiempo, se fue apreciando que el círculo cercano a Piñera entendía que la labor de un movimiento social no era responder a los intereses de un partido, ni menos a los del gobierno de turno y que la independencia y transversalidad de alianzas de la sociedad civil debían respetarse y reconocerse, antes que considerarse un peligro.
Por otro lado, una parte de los movimientos LGBTI entendía que los avances en materia antidiscriminatoria son graduales y que cada paso hacia mejores condiciones de igualdad era un signo menos de discriminación que merecía ser valorado en contexto.
Ambas visiones, sin duda, posibilitaron el diálogo, el reconocimiento y el respeto a las experiencias, al trabajo y al mérito sobre cualquier otra consideración, algo no menor en un país con altos índices de clasismo y donde lamentablemente aún existe un sectarismo político tan sesgado, como injusto, violento y hostigador, que no tolera la independencia y que, en consecuencia, sólo dialoga con personas o instituciones que actúan bajo las lógicas partidarias o de apoyo electoral.
Junto con reconocer en la palabra y en la práctica los aportes del movimiento social, desde el primer año el Gobierno de Piñera incluyó en sus discursos públicos a las parejas del mismo sexo, algo sin precedentes en la historia del país, mientras que antes de finalizar un 2010 marcado por las urgencias del terremoto, el Mineduc lanzó el Reglamento de Convivencia Escolar para prevenir y enfrentar la violencia en las aulas, incluyendo a la no discriminación por orientación sexual.
A comienzos del 2011 el Ejecutivo creó la primera Mesa de Diálogo sobre Diversidad Sexual, reuniendo a todos los funcionarios gubernamentales, organizaciones LGBTI, fundaciones e institutos de diversas corrientes ideológicas que quisieran estar presentes, sin tratos preferenciales y valorando a cada institución en función de su trabajo propuestas y trayectoria.
Ese mismo año el Ministerio de Salud creó el primer protocolo nacional que reguló los procesos médicos de readecuación corporal para personas transexuales, lo cual estaba en tierra de nadie, y emitió una circular que obligó a los centros públicos a tratar a los pacientes de acuerdo al sexo y nombre acorde a su identidad de género.
Luego, y en un hecho del mayor simbolismo en la historia de la diversidad sexual, Piñera se reunió con los movimientos LGBTI para escuchar en primera persona sus sentires y pareceres, a lo que el 2012 agregó la pionera cita de un mandatario con víctimas de la homofobia y la transfobia (la familia Zamudio-Vera), reuniéndose ahí además por segunda vez con colectivos de minorías sexuales.
En medio de continuas críticas de la UDI y de la presidencia de RN a este tipo de gestos, el 2011 un ministro, Luciano Cruz-Coke, se convirtió en el primero en el ejercicio de su cargo en apoyar públicamente el matrimonio igualitario, mientras que un año más tarde, la jefa de la cartera Bienes Nacionales, Catalina Parot, hizo lo suyo al respaldar el derecho a adopción por parte de parejas del mismo sexo. En tanto, Rodrigo Hinzpeter se enfrentó, en términos específicos y no sólo generales, con claridad y fuerza contra los ataques físicos y asesinatos a la diversidad sexual mientras fue ministro del Interior. Línea similar siguió su sucesor, Andrés Chadwick.
El 2012 se vio coronado con la inclusión de una consulta sobre las parejas del mismo sexo en el Censo, con la aprobación de la Ley Antidiscriminatoria, donde Piñera contó con más respaldo de la Oposición que de su propia Alianza, mientras que organizaciones LGBTI de diversas regiones celebraron un encuentro nacional por primera vez en La Moneda.
El 2013 la implementación de medidas contra la discriminación fue explosiva: se derogó la norma que impedía a gays donar sangre, se garantizó la cobertura de Fonasa para la readecuación corporal de personas trans, se lanzó un protocolo de atención para víctimas de la violencia homofóbica y transfóbica, Carabineros incluyó en sus planes de formación el respeto a la diversidad sexual, Gendarmería adoptó políticas en beneficio de las personas LGBTI privadas de libertad y el Mineduc, con Carolina Schmidt a la cabeza, lanzó orientaciones para erradicar la discriminación en las aulas donde habla sin censura sobre la diversidad y reconoce que hay distintas tipos de familias, entre esas las compuestas por dos madres y dos padres.
En tanto, el subsidio de arriendo “Chao Suegra” para parejas jóvenes, no hizo distinciones entre convivientes homosexuales y heterosexuales, y el Gobierno levantó por primera vez estadísticas nacionales sobre discriminación, a través de una inédita encuesta sobre la materia aplicada a nivel nacional por la Segegob y de la consideración de la realidad LGBTI en los estudios del Injuv y del Mineduc.
Al ser consultado sobre si por avances de estas características se rompieron mitos, Piñera dijo que “aparentemente sí, pero insisto que los principios que orientan a la centroderecha y en los que yo creo, y por los que he luchado toda mi vida, son más integrales y amplios que el mero orden y crecimiento. Tiene que ver también con una sociedad más tolerante y pluralista. Por eso aprobamos la Ley Antidiscriminación y por eso presentamos la ley de Acuerdo de Vida en Pareja. No veo ningún divorcio entre lo que han sido nuestros valores y nuestra acción”.
Visto así los avances pro minorías sexuales impulsados en el período 2010-2014, tienen su explicación en los principios y la figura de Piñera, apoyado por un equipo liberal de la derecha que lo acompañó tanto en el Gobierno, como el Congreso. Es decir se avanzó por Pîñera y por un derecha liberal que siempre fue minoritaria en los altos cargos de RN y casi inexistente en la UDI.
Sea como sea, sí se rompieron mitos y el país es menos homofóbico y transfóbico que en los últimos cuatro años, lo cual por cierto no implica que todo lo efectuado se cumplió o fue favorable a la igualdad
La gran deuda de Piñera es, sin duda, su promesa liberal estrella, el AVP, el que no logró aprobarse por la presión homofóbica de gran parte de su propio sector político, pese a los esfuerzos del grupo liberal encabezado para estos efectos por la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, quien no sólo lamentó que esta ley no viese la luz: durante la tramitación de la norma se enfrentó en más de una ocasión a los sectores opositores a la ley, fuesen corrientes políticas o, en forma inédita, religiosas.
En tanto, el rechazo del gobierno al matrimonio entre personas del mismo sexo habla de una concepción de la igualdad legal limitada sólo en razón de la orientación sexual de la pareja, lo que es condenable.
Otros episodios que dejaron huellas negativas fue la primera restricción a una marcha de la diversidad sexual, luego de que la Intendencia negara que un desfile del 2013 avanzara por la Alameda sólo porque se estaba en «Semana Santa», así como la constante homofobia del subsecretario de Educación y presidente del Consejo de Calificación Cinematográfica, Fernando Rojas Ochagavía, que intentó boicotear y censurar el 2010 el Festival de Cine de la Diversidad Sexual.
El Ejecutivo tampoco mostró interés alguno en la derogación de normas discriminatorias, como son los artículos 373 y 365 del Código Penal, pese a que así lo ha demandado la ONU desde el 2007, ni tampoco dio su firma a la Convención Interamericana contra Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia aprobada por la OEA, una de las herramientas contra las exclusiones más relevantes generadas a nivel internacional.
En contraste, el Gobierno si respaldó cuatro resoluciones sobre Orientación Sexual, Identidad de Género y Derechos Humanos aprobadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 2010, 2011, 2012 y el 2013, así como el primer texto de similar nombre que vio la luz en la ONU el 2011.
Estas dicotomías vienen a demostrar las distintas fuerzas que al interior del propio Gobierno presionaban hacia lados opuestos y que a la hora de evaluar la no discriminación y los derechos de la diversidad sexual, el balance final es positivo, con puntos a favor de la derecha liberal encabezada por Piñera.
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