Celebran en Chile Primer Encuentro Nacional por la no Discriminación y por los Derechos de Convivientes
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Organizaciones sociales heterosexuales, homosexuales y transexuales de ocho regiones y 10 ciudades de Chile se reunieron en Santiago ayer y hoy en el “Primer Encuentro por la No Discriminación y por los Derechos de las Parejas Convivientes” para definir estrategias conjuntas a favor de la igualdad para las mayorías y las minorías.
En el inédito encuentro, que fue destacado ayer por le edición central de 24 Horas de TVN por ser el primero de su tipo, los participantes definieron acciones concretas y realistas para convertir en leyes el Pacto de Unión Civil (PUC) y el Proyecto que Establece Medidas contra la Discriminación, iniciativa radicada en el Senado.
En ese sentido, las organizaciones sociales pidieron en su declaración oficial que el gobierno patrocine el PUC y que, al mismo tiempo dé suma urgencia al Proyecto de Ley contra la Discriminación, el cual protege las categorías de orientación sexual e identidad de género gracias a una campaña de nueve años del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
A juicio de los participantes del cónclave, “el Estado tiene por deber avanzar en el afianzamiento de los derechos culturales, valóricos y políticos, dándoles la misma relevancia que a los procesos económicos y sociales, por cuanto el no abordaje de cualquiera de ellos, deriva en desigualdades y atropellos con impactos negativos en la ciudadanía que pueden ser distintos, pero igualmente graves”.
Las organizaciones sociales apelaron, en ese sentido “a un mayor afianzamiento entre las promesas y acciones de nuestras autoridades y entre las políticas públicas con las necesidades más urgentes de las mayorías y las minorías”, pues en la actualidad los compromisos del Estado “no tienen completa correlación con su praxis”.
Junto con comprometerse a difundir la campaña “A todas las pareja, todos los derechos” (referente al PUC), en sus respectivas regiones, las organizaciones anunciaron el próximo lanzamiento de una nueva campaña comunicacional a favor de la Ley Antidiscriminatoria.
Dicha campaña, que tendrá como imagen central a un bebé recién nacido, será lanzada simultáneamente en ocho de regiones del país en noviembre próximo.
Participaron del encuentro el Foro Red de Derechos Sexuales y Reproductivos y sus respectivas organizaciones de mujeres de Santiago, Quilpue, Viña del Mar, Villa Alemana, Talca y Temuco; la Asociación de Amigos y Familiares de la Comunidad Gay de La Serena; Movih Red de Rancagua; la Organización de Transexuales Masculinos de Rancagua; la Coordinadora Universitaria de la Diversidad Sexual de Osorno (Cudso); Afirmación de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar; el Centro de Acción Social de La Pintana; Por Siempre Locas, de Iquique; Traves Navia de Santiago; y el Movilh, grupo organizador del cónclave.
El cónclave nacional es parte de una campaña comunicacional a favor de la no discriminación y los derechos de las parejas convivientes auspiciada la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, organizada por el Movilh y co-ejecutada por Afirmación Chile (Mormones Gay y Lesbianas), Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (AFAPS), Amnistía Internacional, Foro Red de Derechos Sexuales y Reproductivos (compuesto por 70 organizaciones de mujeres de todo Chile) y Genera Ideas y Acciones Colectivas.
La campaña es además patrocinada por el Programa de Derechos Humanos Universidad Diego Portales, Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales Acción (integrado por 70 organizaciones), Fundación Chile 21, Fundación Ideas, Juventud Judía de Chile, Agrupación de Amigos y Familiares de la Comunidad Gay de La Serena (Afag), Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe (Apila), Centro de Acción Social por la Diversidad, Coordinadora Universitaria por la Diversidad Sexual de Osorno (Cudso), MovihRed, Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad de Rancagua y TravesNavia.
DECLARACIÓN DEL CONCLAVE
A continuación se reproduce declaración oficial de los participantes del “Primer Encuentro por la No Discriminación y los Derechos de las Parejas Convivientes”:
“Organizaciones sociales de ocho regiones de Chile nos hemos reunido en Santiago los días 7 y 8 octubre en el “Primer Encuentro por la No Discriminación y los Derechos de las Parejas Convivientes” para debatir e interiorizarnos sobre diversas iniciativas jurídicas y socioculturales que buscan la igualdad todas las personas en nuestro país. También nos reunimos para intercambiar experiencias respecto a los trabajos sociales que realizamos en nuestras regiones y para discutir sobre los roles de la sociedad civil organizada, ya sea en el marco de su relación interna o de sus vínculos con las autoridades y el Estado.
En ese marco, y una vez finalizado el encuentro, concluimos que:
1.- La discriminación hacia diversos sectores sociales y la indefensión jurídica de las parejas convivientes es una realidad brutal que afecta día a día la calidad de vida de millones de chilenos y chilenas, situación que se traduce en desigualdades que van desde ofensas verbales hasta asesinatos y que implican negación de derechos básicos.
Entre los derechos que los ciudadanos vemos vulnerados destacan los de Educación, Salud y Trabajo, además de desigualdades en el acceso y administración de la justicia.
2.- Estimamos que el Estado tiene por deber avanzar en el afianzamiento de los derechos culturales, valóricos y políticos, dándoles la misma relevancia que a los procesos económicos y sociales, por cuanto el no abordaje de cualquiera de ellos, deriva en desigualdades y atropellos con impactos negativos en la ciudadanía que pueden ser distintos, pero igualmente graves.
3.- Reconocemos que desde la recuperación de la democracia los gobierno han hecho esfuerzos gigantescos, en comparación con épocas pasadas, para aminorar la desigualdades y promover la participación. Empero, dichos esfuerzos no sólo están por muy debajo de las demandas y necesidades ciudadanas, sino que no tienen completa correlación con las promesas y discursos de las mismas autoridades.
Apelamos, en ese sentido, a un mayor afianzamiento entre las promesas y acciones de nuestras autoridades y entre las políticas públicas con las necesidades más urgentes de las mayorías y las minorías.
4.- Para paliar y eliminar la vulneración de derechos es indispensable contribuir, desde la misma sociedad civil, a potenciar entre los ciudadanos y ciudadanas (estén o no organizados) los mecanismos de auto-representación y de defensa rápida, oportuna y responsable de todo hecho que violente los derechos humanos o derive en discriminación.
En dicha defensa juega un rol esencial la denuncia de todo acto que atente contra la dignidad de las personas ante las autoridades pertinentes y en todos los espacios públicos o privados que sean necesarios para revertir o mermar el impacto de cualquier tipo de atropello.
5.- Asumimos como un deber toda lucha destinada a sancionar a los responsables de los atropellos contra cualquier tipo de personas, provengan estos de individuos y/o asociaciones lícitas o ilícitas.
6.- En un ámbito más organizacional, desde la sociedad civil vemos continuamente perjudicada nuestra labor por falta de recursos económicos, aún cuando sin nuestro trabajo los niveles de desarrollo del país estarían muy por debajo de los actuales.
En ese sentido demandamos:
a.- Una mayor masificación y publicitación de las políticas públicas dirigidas a la sociedad civil organizada, de manera que todo grupo interesado en las mismas tenga la posibilidad de participar. En esa línea, los mecanismos de difusión, y sobre todo de acceso y/o postulación a fondos concursables, no deben estar restringidos al uso de internet.
Primero, por cuanto ello nada tiene que ver con la calidad de las propuestas de la sociedad civil y, segundo, porque internet establece un filtro social desigual no sólo porque existen sectores que no tienen acceso al mismo, sino también porque un número importante de ciudadanos y ciudadanas simplemente no sabe como usar esta herramienta.
b.- Una mayor coordinación en la definición de los plazos y tiempos establecidos en las bases de los fondos concursables, tanto de postulación como de ejecución de proyectos, de manera que los interesados o interesadas tengan la posibilidad cierta de elaborar las propuestas más idóneas que no vayan contra-reloj.
c.- Que en toda política pública dirigida a la sociedad civil, las corporaciones, fundaciones, asociaciones, grupos comunitarios, de base o de cualquier otro tipo, reciban un trato igualitario en cuanto las posibilidades de acceso a beneficios, pues en la actualidad existen de manera institucionalizada organizaciones sociales de primera y segunda categoría, pese a que los aportes de todos y todas son igualmente significativos para el desarrollo de nuestro país.
7.- Reconocemos el potente impacto que tienen los medios de comunicación en la superación de las injusticias y valoramos el poder que ejercen los mismos sobre los diversos estamentos de nuestra sociedad a favor de los derechos humanos y en beneficio de sociedades más aperturistas y democráticas.
Sin embargo, también sabemos que en diversas ocasiones es una parte de la misma prensa la que; con informaciones sesgadas, descontextualizadas o estereotipadas; contribuye a institucionalizar en el sentido común las injusticias de nuestra sociedad, resultando en consecuencia más que pertinente que desde la sociedad civil se mantengan voces de alerta para prevenir y/o eliminar tal fenómeno.
8.- Por todo lo expuesto, y con el objeto de cristalizar en acciones concretas los tópicos específicos del Encuentro (cuyo espíritu es la asociatividad y participación entre las organizaciones sociales) nos comprometemos a trabajar coordinadamente, y desde nuestras respectivas regiones, en beneficio de dos campañas comunicacionales a favor del Pacto de Unión Civil (PUC) y del Proyecto que Establece Medidas contra la Discriminación, radicado en el Senado.
Dicho compromiso se traducirá en:
a.- La difusión comunicacional de las campañas del PUC y de la Ley Antidiscriminatoria en nuestras regiones. El objetivo último, es conseguir el patrocinio del Ejecutivo al PUC, y su respectiva aprobación en el Congreso, además de buscar que el gobierno dé suma urgencia al Proyecto de Ley contra la Discriminación.
b.- El establecimiento de contactos con las autoridades parlamentarias, gubernamentales y/o municipales, de manera de ampliar los respaldos a ambos proyectos de ley.
c.- El desarrollo de un contacto fluido entre las organizaciones participantes del Encuentro con el objeto de mantenernos recíprocamente informadas sobre los avances que vayamos registrando a favor de la no discriminación y en beneficio de las parejas convivientes.
d.- Que trabajaremos con nuestras ideas en el perfeccionamiento del PUC y la Ley Antidiscriminatoria, en el entendido que ambas normas si bien implican un avance para la igualdad, no resuelven ni integran soluciones a todas las problemáticas que son de nuestro interés, debido a la gran oposición de los sectores conservadores.
Notas relacionadas:
La Nación
