Comisión de DDHH de la Cámara aprueba prohibir en la Ley Zamudio las «terapias reparativas» de la homo/transexualidad.
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Se sigue así la línea de la Ley 21.331 que ya impide todo diagnóstico mental basado en la orientación sexual o la identidad de género. El Movilh, que desde el 2004 lucha por la erradicación de las terapias, festejó el avance.
La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hoy por seis votos a favor y tres en contra una reforma a Ley Zamudio que prohíbe las terapias reparativas de la orientación sexual o identidad de género, siguiendo así la línea de la Ley 21.331 que ya impide todo diagnóstico en tal sentido, avance que fue festejado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
En concreto la reforma aprobada establece que “también se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica y/o tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad o la expresión de género de una persona o grupo de personas”
Votaron en contra de dicha reforma los/as diputados/as republicanos Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen y Cristián Araya y la RN Ximena Ossandón. En tanto, votaron a favor el presidente de la Comisión, Jaime Naranjo (PS) y los/as diputados/as Emilia Schneider (Convergencia Social), Lorena Pizarro (PC), Jorge Guzmán (Evópoli), Tomás Lagomarsino (IND) y Catalina Pérez (RD).
“Festejamos que las terapias reparativas también se prohíban expresamente en la Ley Zamudio, pues ello viene a reforzar lo señalado por la Ley 21.331, no dejando lugar a dudas de que este tipo de prácticas solo están motivadas por la homo/transfobia y, por tanto, violan derechos humanos y constituyen tortura”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, tras asistir a la sesión parlamentaria.
El dirigente dijo, empero, que “pese al avances es muy violento que aún sigan existiendo sectores que validen este tipo de prácticas y lleven esta discusión al Congreso Nacional con discursos de odio, como ocurre en el caso de los republicanos, cuyas miradas hacen retroceder el debate sobre los derechos humanos en dos décadas”.
Fue en 2022 cuando tras propuestas del Movilh la Ley 21.331 sobre el Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención en Salud Mental, prohibió las terapias reparativas de la orientación sexual o la identidad de género al establecer que “el diagnóstico del estado de salud mental (…) No puede basarse en criterios relacionados (…) con la identidad u orientación sexual”.
Historia de una larga lucha
En 2004, tuvo lugar la primera denuncia pública en Chile contra un caso concreto de promoción de las «terapias de conversión» de la homosexualidad y la transexualidad, luego de que el Movilh repudiara la enseñanza de tales prácticas en la Universidad de Los Andes.
El mismo organismo LGBTIQA+ denunció y protestó luego contra conductas similares por la parte de la psicóloga Marcela Ferrer (2008), así como en la Universidad Católica (2012), la Universidad San Sebastián (2014), el Colegio Cumbres (2014) y la Fundación Restauración (2017).
En 2008, y tras diversas críticas públicas del Movilh, el Colegio de Psicólogos se pronunció por primera vez contra las terapias reparativas. Sin embargo, al año siguiente el Colegio “valoró” que la Universidad de Los Andes enseñara y promoviera esos brutales procedimientos, aún cuando paradojalmente decía rechazarlos.
En medio de estas ambigüedades, el 26 de agosto del 2010 carreras de psicología de 8 universidades organizaron contra el Movilh una marcha hasta el Colegio de Psicólogos, el cual debió al final oponerse totalmente a las terapias.
Sin embargo, el Ministerio de Salud rechazó una y una vez rechazar públicamente las terapias, pese a las continuas peticiones del Movilh. En 2016, el Minsal finalmente cedió, prohibiendo las terapias reparativas y calificándolas de “una grave amenaza para la salud y el bienestar, inclusive la vida de las personas afectadas”.
Desde el 2016 en adelante las denuncias sobre las existencia y/o promoción de las terapias se redujeron casi a cero, conociéndose solo un caso en 2017 que tuvo una rápida reacción del Gobierno
Finalmente, en 2022 las terapias fueron prohibidas por ley y ya no solo por política pública, algo que ahora se reforzará en la ley Zamudio en caso de ser aprobada la reforma.
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