Comisión Interamericana de DDHH interviene por discriminación a profesora lesbiana en Chile

Tras una fallo de la Corte Suprema, Sandra Pavez está impedida de hacer clases de religión en Chile sólo por ser lesbiana. El 2008 el Movilh demandó al Estado por esta discriminación y ahora el caso da sus primeros avances a nivel internacional.

A seis años de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentará una demanda contra el Estado de Chile por la discriminación padecida por una docente lesbiana, Sandra Pavez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió intervenir en el emblemático caso.

En efecto la CIDH notificó al Estado sobre la denuncia y le pidió  al Gobierno que responda y/o haga observaciones a la demanda  internacional que el 17 de octubre del 2008 presentó el Movilh.

“Lo que ocurrió a Sandra Pavez es uno de los casos más graves y grotescos padecidos por una persona en nuestro país en razón de su orientación sexual. Ahora vemos una luz, una esperanza para alcanzar justicia, lo que recibimos de muy buena manera”, sostuvo el líder del Movilh, Rolando Jiménez, quien suma otra demanda contra Chile por la prohibición del matrimonio igualitario.

Caso Pavez

Tras 21 años de intachable tractoria como profesora de religión, el 13 de agosto del 2007 el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, junto al entonces vicario para la Educación de esa comuna, René Aguilera Colinier, negaron a Pavez el certificado de idoneidad que le permitía hacer clases, argumentando  que su orientación sexual era incompatible con la docencia.

La iglesia basó su determinación en el artículo 9 del Decreto 924, publicado el 7 de Enero de 1984, el cual establece que el profesor de religión sólo puede ejercer si está «en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda», algo que nunca fue informado a Pavez cuando estudio pedagogía en la Universidad Católica.

La homofobia de la Iglesia fue rechazada por la dirección, el centro padres, los alumnos y ex alumnos del colegio Municipal  laico Cardenal Antonio Samoré, donde Pavez trabajaba como docente.  En medio de estas movilizaciones se pidió a a la presidenta y al Ministerio de Educación de la época que se entrevistaran con Pavez y que se pronunciarán sobre el Decreto 924, sin embargo, jamás hubo respuesta del Gobierno.

En tanto, el Movilh presentó un recurso de protección a favor de la docente, el cual fue rechazado el 27 de noviembre por la Corte de Apelaciones de San Mguel. Lo mismo hizo la Tercera Sala de la Corte Suprema, el 17 de abril del 2008.

Tras marchas y protestas frente a tribunales, el 17 de octubre del 2008 el Movilh demandó al Estado de Chile ante la CIDH.
En la demanda internacional se sostiene que la docente vio en Chile vulnerados sus derechos a la vida privada, al trabajo, a la no discriminación y a la igualdad, garantizados en leyes y tratados internacionales, incluidos aquellos que rigen a las iglesias.

En concreto se estipuló que con la discriminación a Pavez se vulneraron principios y artículos de la Constitución Política del Estado, del Código del Trabajo, del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (suscrito por Chile en 1966 y promulgado en noviembre de 1976), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica” (suscrita por Chile el 22 de noviembre de 1969 y ratificada el 10 de agosto de 1990) y del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.

En la demanda se sostuvo además que la conducta desplegada por el Obispado de San Bernardo “sumada a la clara negación de derechos por parte de los tribunales chilenos, conllevan a perpetuar una situación de constante discriminación y repudio a las minorías homosexuales a favor de una corriente de pensamiento al interior de la Iglesia Católica que contradice en forma directa la Ley del Estado laico de Chile”.

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