Comité de la ONU celebra la unión civil y enfatiza compromiso del Estado por reformar la Ley Zamudio

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dio a conocer hoy su informe.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de Naciones Unidas valoró variados avances registrados en Chile en materia antidiscriminatoria, pero expresó preocupación por la exclusión que aún afecta a variados sectores sociales, como las minorías sexuales, enfatizando el compromiso manifestado por el propio Estado para reformar la Ley Zamudio.

El pronunciamiento se hizo publico hoy, luego de que los pasados 9 y 10 de junio el Estado de Chile rindiera su cuarto examen periódico sobre la aplicación del Pacto International de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En un documento de 11 carillas donde se abordan variados tópicos, el CESRC señaló “acoger son satisfacción” la aprobación en Chile de la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil, y de la Ley 20845 de Inclusión Escolar, la cual incluye como categorías protegidas de discriminación a todas las mencionadas en la Ley Zamudio.

El CESRC también tomó nota de la advertencia efectuada por el propio Estado chileno respecto a reformar la Ley Zamudio.

En efecto, el 8 de abril anterior el Estado informó al al CESRC que “el Gobierno ha comprometido la revisión integral de la Ley N°20609 para posicionarla como una ley marco y establecer un deber para el Estado de implementar acciones afirmativas y medidas de reparación a favor de los grupos históricamente discriminados”.

Al respecto el CESRC respondió que “toma nota de la información proporcionada por Chile sobre la revisión de Ley 20.609 que establece Medidas contra la Discriminación”, y en ese sentido hizo recomendaciones.

Entre otros el Comité propuso incluir definir en La Ley Zamudio la discriminación directa e indirecta, tal cual se establece en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales De igual manera de demandó incluir medidas de reparación y “recursos eficaces y adecuados para las víctimas de la discriminación”

Por último, y junto con expresar su preocupación por “la persistente discriminación contra pueblos indígenas, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, particularmente en los ámbitos laboral y educativo, así como en el acceso a servicios de salud”, se demandó al Estado adoptar “las medidas necesarias para prevenir y combatir este problema”, por ejemplo “mediante campañas de sensibilización, a fin de garantizarles pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el Pacto, en particular el acceso al empleo, a la seguridad social, a la atención de salud y a la educación”.

El Movilh se mostró satisfecho “con estas observaciones y recomendaciones porque van en la línea de lo que hemos propuesto el Gobierno, a variados organismos de la ONU y que, tras variados diálogos, el Ejecutivo también se ha comprometido a cumplir. Esperamos que ello ocurra en el breve plazo”