Demandan al Estado de Chile por discriminación a jueza Atala y a sus tres hijas
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La demanda de la CIHD ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue recibida con “satisfacción” por la vocera de la jueza Atala, la historiadora Emma de Ramón. El Movilh también aplaudió la decisión, la calificó como histórica y llamó a todas las autoridades a aprobar la ley contra la discriminación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió demandar al Estado de Chile por discriminación en el caso de la jueza Karen Atala, a quien la Corte Suprema le negó en el 2004 la tuición de sus tres hijas en razón de su orientación sexual.
“La comisión concluyó que el Estado no cumplió con las recomendaciones” que le fueron exigidas para reparar el daño causado a Atala y sus hijas, señaló el pasado viernes la CIDH en un comunicado donde oficializó la denuncia contra Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La demanda, que fue calificada como “histórica” por los abogados de la jueza y el Movilh, se justifica “en el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que experimentó Karen Atala debido a su orientación sexual”.
La medida; la primera sobre orientación sexual que analizará la Corte Interamericana de DDH; fue recibida con satisfacción por la ex pareja y vocera de la jueza, la historiadora Emma de Ramón. Sin embargo, también señaló tener “una inmensa tristeza de ver que en nuestra patria -más encima en el Bicentenario- no haya habido ninguna posibilidad de llegar a conmover, no solamente al Gobierno, sino que también al Parlamento, respecto a la necesidad que existe de proteger las familias que son diversas».
Fue en ese sentido que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) demandó ayer la rápida aprobación del Proyecto de Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, así como el térrmino de las arbitrarias diferencias legales entre lasparejas a raíz de su orientación sexual o identidad de género.
Junto a ello, añadió el Movilh, “el Estado debe reconocer que hubo discriminación en el Caso Atala, hacer las respectivas reparaciones personales a la magistrada y sus hijas y fijar fechas claras para ello, por cuanto no basta con fijar metas, es imprescindible determinar plazos”.
El Proyecto de Ley Contra la Discriminación se encuentra estancado desde el 2005 en el Congreso Nacional debido a que tras una lucha de 10 años liderada por el Movilh incluye como categorías protegidas a la orientación sexual y al género, lo cual es rechazado por los sectores más homofóbicos y transfóbicos del país.
Mientras el Gobierno anunció a través de la Cancillería que cumplirá con las recomendaciones de la CIDH y que en relación a la ley contra la discriminación le falta aún alcanzar los consensos necesarios, el Movilh insistió en la necesidad de que “esta norma vea la luz ya”.
“Acá el gobierno debe decir plazos y la Concertación fijar postura, pues el proyecto de ley contra la discriminación bien puede avanzar sin la urgencia del Ejecutivo y eso lo hemos hecho ver a todos los senadores en los últimos meses”, sostuvo el Movilh.
El organismo redondeó que “también todas las autoridades que han representando al Estado desde el 2004, deben hacer un mea culpa sobre el abordaje del Caso Atala, mientras que la ex presidenta Michelle Bachelet, en su calidad de secretaria general de la ONU Mujeres, también debería decir algo”.
“Las lesbianas son justamente uno de los sectores más discriminados y una Secretaría de Mujeres de Naciones Unidas no puede manterse al margen de esta situación”, puntualizó el Movilh.
En tanto, esta tarde los abogados de Atala, encabezados por Helena Olea de Corporación Humanas, Jorge Contesse del Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales e Iván Harasic de Libertades Públicas ,señalaron que la determinación de la CIDH «marca un precedente». ·
«El Estado tiene la posibilidad de allanarse a los hechos y a las pretensiones, otros Estados incluso antes de realizarse la audiencia se allanaron a los hechos y se llega a un acuerdo y no hay audiencia», apuntó Olea.
En estos momentos la CIDH está también analizando el caso de la profesora Sandra Pavez, quien está impedida de hacer clases en Chile desde el 2007 sólo por ser lesbiana.
“Este fue otro fallo homofóbico de la Corte Suprema, por lo que confiamos en que acá la determinación de la CIHD, sea tan clara y contundente como la conocida ahora”, puntualizó el Movilh.
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