El Movilh entregó hoy un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual es alternativo al Examen Periódico Universal (EPU) que deberá rendir el Estado de Chile.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la desigualdad legal que afecta a las personas LGBTI en distintos planos, la desprotección estatal que enfrentan los activistas de la diversidad sexual y de género, el incremento de la violencia homofóbica y transfóbica en el último año y el fracaso jurídico de la Ley Zamudio.
En el marco de un informe alternativo al que presentará el Estado de Chile con motivo de su Examen Periódico Universal (el cual rinden todos los países cada 4 años) el Movilh denunció ante Naciones Unidas que desde el punto de vista jurídico, la Ley Zamudio ha resultado ser “totalmente ineficiente y por eso las personas no la están usando para defender sus derechos”.
El vocero del Movilh, Oscar Rementería, precisó que, de “acuerdo a cifras del Poder Judicial desde el 2012 al fecha solo 319 personas han usado la Ley Zamudio. Solo 90 terminaron en sentencias, 11 de las cuales se relaciona con la identidad de género o la orientación sexual, lo cual refleja un fracaso de la norma en cuanto a su cometido”
Precisó que “esta situación es evidente al considerar que desde la promulgación de la Ley Zamudio se ha conocido de 1.528 casos y denuncias por discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, de acuerdo a nuestro Informe Anual de DDHH. Sin embargo, apenas hay 11 sentencias de la Ley Zamudio sobre estos temas”.
En su denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Movilh precisó que “desmotiva el uso y confianza ciudadana en la Zamudio sus propias limitantes: a) La norma carece de compensación económica para las víctimas; b) obliga a las víctimas a demostrar la discriminación; c) en caso de no comprobarse discriminación el denunciante puede ser multado; d)prohíbe impugnar leyes o sentencias discriminatorias; e) no establece una institucionalidad antidiscriminatoria, ni medidas de acción afirmativa y f) su redacción (delitos “motivados” por discriminación) vuelve imposible aplicar el agravante en los crímenes o ataques de odio”.
Junto a ello, el Movilh denunció a Naciones Unidas los vacíos del Acuerdo de Unión Civil, y los negativos efectos que tienen en las personas LGBTI la ausencia de una ley de identidad de género, la prohibición del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental y la vigencias de normas discriminatorias, como son los artículos 365 y 373 del Código Penal.
De igual manera el Movilh denunció el incremento de la violencia contra la población LGBTI en Chile, la cual subió en un 45.7% en 2017, y la desprotección estatal que afecta a activistas y organizaciones de la diversidad sexual y de género.
“En el último año activistas y organizaciones LGBI hemos sido víctimas de violentas campañas de neonazis y de grupos ultra-conservadores y hasta de detenciones arbitrarias, agresiones y montajes policiales homofóbicos, negándose incluso nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente contra estos abuso. El Estado nada hecho al respecto, ni menos ha solidarizado con las víctimas. Esto implica un empeoramiento en materia de igualdad de derechos y esperamos que la ONU haga las respectivas recomendaciones y exigencias a Chile para el cese de estos atropellos”.
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