El relator especial sobre el Derecho a la Educación ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Vernor Muñoz, considerará en el informe que presentará en la próxima sesión de las Naciones Unidas un estudio enviado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) donde se reportaron los variados casos de discriminación que han enfrenado las alumnas lesbianas en Chile.
La consideración de las denuncias del movimiento homosexual chileno fue corroborada luego que Muñoz enviara al Movilh el informe que presentará en la 62 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar en Ginebra entre marzo y abril próximo.
Denominado “El derecho a la Educación de las Niñas”, el informe señala en un párrafo donde cita al Movilh que “el relator especial debe mencionar los casos de discriminación y exclusión de estudiantes que fueron expulsadas de los centros educativos al ser encontradas mostrando algún tipo de afecto a compañeras de su mismo sexo”.
En clara referencia a los antecedentes que el Movilh proporcionó a Muñoz en marzo del 2005, el informe agregó que “incluso se registraron situaciones en las que se impuso sanciones sin existir ninguna conducta explícita, sino más bien por consideraciones prejuiciosas o razonamientos infundados de las autoridades escolares”.
En respuesta a esas y otras situaciones de injusticia a nivel mundial reportadas en el informe, el relator recomendó en el informe “desarrollar y aplicar indicadores cualitativos y cuantitativos de derechos humanos que permitan identificar y atender las causas de exclusión, discriminación, segregación y cualquier otro tipo de limitación en la realización del derecho a la educación” de las niñas.
El informe, que también considera denuncias de Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral y de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA), aconsejó además “remover las barreras identificadas para la matriculación y permanencia en la escuela de las niñas y adolescentes pertenecientes a todas las etnias, castas y comunidades discriminadas; atender con prioridad las causas de su deserción y tomar las medidas pertinentes para evitar su estigmatización en las actividades escolares”.
Tras leer el informe, el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, expresó su “completa satisfacción, pues por primera vez una denuncia del movimiento homosexual chileno será leída y conocida en el seno de una sesión de la comisión de Derechos Humanos de la ONU”.
Aunque el informe no hace referencia específica a la situación de los escolares lesbianas por país, pues sólo es mencionada la discriminación por orientación sexual en términos globales y mundiales, Jiménez sostuvo que “la consideración y citación del Movilh obviamente da cuenta que los hechos de segregación a escolares lesbianas son una realidad en Chile”.
LOS CASOS DENUNCIADOS POR EL MOVILH
Dado que el informe del Movilh fue enviado a Muñoz a comienzos del 2005, los casos de discriminación denunciados por el movimiento homosexual privilegiaron tres episodios que tuvieron lugar el 2004.
El primero data del 14 de junio, cuando la alumna de cuarto medio Gabriela Martínez (18) fue expulsada del Liceo Politécnico de San Ramón, luego que el inspector Edgardo González la sorprendiera a cuadras del establecimiento de la mano de su pareja, Natalia (17). La expulsión corrió a pesar de ser una alumna de buen rendimiento (promedio 6.6) y excelente disciplina.
Gracias a diversas movilizaciones, Martínez fue incorporada a clases, convirtiéndose en la primera alumna lesbiana en ganar una batalla en el sistema educacional chileno.
El segundo caso afectó a dos alumnas de 13 (IFL) y 15 años (MRD) del Liceo España de Concepción, quienes fueron suspendidas el 29 de octubre tras ser identificadas erróneamente como lesbianas por la dirección del establecimiento.
El tercer caso afectó, incluso con trastornos sicológicos, a cuatro estudiantes de entre 16 y 17 años del Colegio Inmaculada Concepción de Valdivia. Las alumnas, tras liderar en abril un foro contra la discriminación a las minorías sexuales, fueron notificadas en noviembre que su matrícula había sido cancelada debido a su postura de respeto a las relaciones lésbicas.
En su informe al relator Muñoz, el Movilh denunció, en consecuencia, que “la discriminación contra las lesbianas menores de edad en el sistema educacional es generalmente promovida en forma transversal por los diversos actores del régimen de enseñanzas, sin embargo, la gravedad más concreta es promovida por los directivos de los colegios y liceos, toda vez que tienen el poder y/o la posibilidad para expulsar y sancionar, al margen de lo recomendado por el gobierno”.
Junto con remitirle diversas encuestas en relación a la homofobia en el sistema educacional, el Movilh precisó a Muñoz que en el transcurso del 2004 los casos de discriminación afectaron a siete alumnas de establecimientos de Santiago, Concepción y Valdivia, una cifra alarmante al compararse con las denuncias recopiladas en años anteriores.
Los casos de discriminación reportados y denunciados por el Movilh desde 1991 dieron origen en el 2005 a la Primera Brigada Escolar de Gays y Lesbianas, mientras el mismo año la presión y visibilización de dicha instancia posibilitó que por primera vez el gobierno considerara la no discriminación por orientación sexual en un Plan de Educación Sexual y Afectividad.
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