Siete parlamentarios, encabezados por el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Leal, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitaron hoy al Tribunal Constitucional que declare ilegal a una decena de grupos neonazis que actúan en el país.
La acción, patrocinada por al abogada Alfredo Morgado, pidió a “este excelentísimo Tribunal que declare la inconstitucionalidad de las organizaciones o movimientos políticos y sociales de inspiración nazista y fascista, autodenominados Movimiento Patria Nueva Sociedad, Instituto de Metapolítica NS (IMNS), Movimiento Nacional Socialista de los Trabajadores, Vanguardia Nacional Chilena, Martillo de Sur, Juventud Nacionalista Obrera, Camisas Pardas, Patriotas, Chile Imperial y Nueva Unión”.
En un documento de 45 páginas, los solicitantes argumentaron que “los señalados movimientos u organizaciones profesan explícita y públicamente las doctrinas nacionalsocialistas y fascistas, y propagan por diversos medios, especialmente por vía Internet, estas doctrinas que incitan al odio y a la discriminación”.
El texto, respaldado también por la Juventud Judía de Chile y la Asociación por la Integración Latinoamericana, agregó que “el Nacionalsocialismo y el Fascismo son doctrinas que propugnan la violencia, la discriminación y la xenofobia como método válido y necesario de acción política y social. Además son doctrinas que promueven la creación de un régimen totalitario, que tiende a desconocer los presupuestos básicos de un régimen democrático”.
Junto con describir en detalle una a una las acciones discriminatorias de los grupos; que se han traducido en asesinatos, golpizas, amenazas y violencia verbal contra los grupos minoritarios; los solicitantes explicaron que la ilegalidad de estas asociaciones se explica porque violentan el artículo 1 y 19 de la Constitución Política, el Código Penal, la Ley Sobre Seguridad del Estado, la Ley Antiterrorista, la Ley sobre Libertades de Opinión e información y Ejercicio del Periodismo y variados acuerdos internacionales como son el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial.
El texto, firmado también por el senador Guido Girardi y los diputados Tucapel Jiménez, Gabriel Silber, Carla Rubilar, Denisse Pascal, Alvaro Escobar y el alcalde de La Granja, Claudio Arraigada, expresó especial preocupación por el uso ofensivo de internet, toda vez que éste “ha sido el principal medio de difusión y coordinación de los grupos o ultra nacionalistas (…) y donde, en algunos casos, se han creado un sin número de sitios violentos, de incitación a odios nacionales, pornográficos, xenófobos y racistas”.
Sobre la materia, el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, recordó que durante la semana pasada “nuestra organización recibió una nueva denuncia de parte de un sitio lésbico, cuyas integrantes está siendo permanentemente atacadas y amenazadas de muerte por grupos que dicen ser neonazis”.
En efecto, el correo dirigido al grupo lésbico y firmado por “Cruz Gamada” sostuvo el pasado 27 de agosto que “si son minoría, iremos tras de ustedes para hacérselos sentir. No hay lugar para parásitos como ustedes, cagonas enfermas. Dios cuide de nosotros, nuestros hijos y nuestra sangre”.
“Son este tipo de hechos, que en casos más graves se traducen en asesinatos, los que no pueden seguir sucediendo y por ello se optó por una petición ante el Tribunal Constitucional que corte de raíz estas prácticas”, finalizó la activista transgénero del Movilh, Karin Avaria.
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La Tercera