Discriminación Suprema: Corte chilena rechaza recurso de protección a favor de transexual
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En un fallo repudiado por el Movilh la Corte Suprema validó que el alcalde de Independencia, Antonio Garrido, exija a Claudia Espinoza cambiar su identidad de género para acceder a una fuente laboral. Es el tercer fallo de la Suprema desfavorable a las minorías sexuales, por lo que se analizan y preparan nuevas acciones nacionales e internacionales en contra del Poder Judicial.
La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por a favor de la transexual Claudia Espinoza Araya, quien hace más de un año se encuentra impedida de trabajar en espacios públicos de la Independencia por decisión del alcalde de esa comuna, Antonio Garrido, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
De esa forma los magistrados Adalis Oyarzún, Pedro Pierry, Sonia Araneda y los abogados integrantes Arnaldo Gorziglia y Rafael Gómez, validaron una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que el anterior 14 de noviembre ya había rechazado el recurso de protección, “con la absurda argumentación de que la discriminación propinada por Garrido era un invento de la prensa, cuando en realidad las declaraciones que demuestran la transfobia del edil están grabadas”.
En efecto, Garrido sostuvo que “si yo quiero le doy permiso al mariconcito. A mí no me molesta quién sea. Pero no me parece que venga un hombre vestido de mujer (..) De otra manera me parece un mal ejemplo para los niños y para todos”.
“Lo único que pretendo es tener un medio de subsistencia y no volver el comercio sexual, pues es un ambiente muy peligroso. El alcalde no entiende esto, no sabe que es la transexualidad, piensa que soy homosexual, y me pide con un lenguaje burdo que actúe como hombre. Ahora la Supremea me deja en completa desamparo, y eso me afecta mucho”, dijo la afectada (en la fotografía).
Al dar a conocer el fallo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, sostuvo que “acá la Suprema está diciendo a las personas transexuales que sus posibilidades de acceder a cualquier fuente laboral están condiciones a que modifiquen su identidad de género, y eso es inaceptable, es una brutal discriminación que violenta el derecho al trabajo y la dignidad y honra de un grupo seres humanos”.
Añadió que con este nueva resolución la Corte Suprema “demostró efectivamente que en casos referentes a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales LGTB nunca garantiza la igualdad legal, sino que actúa con homofobia o transfobia”.
Y es que los tres casos sobre derechos humanos de las minorías sexuales que han llegado a la máxima instancia del Poder Judicial, han fallado a favor de las víctimarios y no de las víctimas.
Así ocurrió el 31 de mayo del 2004 con la jueza Karen Atala, a quien la Corte Suprema la despojó de sus tres hijas en razón de su orientación sexual, y con la profesora de religión Sandra Pavez, impedida desde el 17 de abril del 2008 de hacer clases en Chile sólo por ser lesbiana.
En torno al caso de Espinoza Araya, quien había solicitado a Garrido vender ropa usada en la calle, el Movilh precisó que “dos de los jueces de la Suprema, Adalis Oyarzún, Pedro Pierry, fueron los mismos que negaron a Pavez el derecho al trabajo, por lo que la tendencia homofóbica y transfóbica del Poder Judicial y de sus funcionarios está más que clara”.
Junto con calificar al fallo contra Espinoza Araya como “una nueva violación a los derechos humanos demostrativa de la urgencia de aprobar la ley contra la discriminación ya que los recursos de protección por si solos de nada sirven a las minorías sexuales”, el Movilh anunció que ya está analizando la posibilidad de una nueva demanda internacional contra el Estado de Chile, la tercera tras Atala y Pavez, lo cual dependerá de la recomendación de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales que patrocinaron el recurso de protección.
Al margen de ello, el Movilh anunció que “desde hoy mismo planearemos diversas acciones en contra de la Corte Suprema, pues estos hechos si bien gozan con impunidad legal, no pueden ser aceptados a nivel social. Ese es nuestro deber y por eso nuestra reacción se hará sentir con fuerza finalizado en las próximas semanas”.
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