En un comunicado público el Ejército de Chile enfatizó ayer la derogación de todo reglamento discriminatorio y anunció el cumplimiento de la Ley Zamudio, sin embargo, en ningún caso se refirió a investigaciones, sanciones o llamados a retiro de los funcionarios responsables de aplicar instructivos excluyentes, ni tampoco mencionó como abordará el caso de un ex militar que denuncia homofobia.
En concreto se anunció que el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete emitió el pasado lunes “una Orden de Comando que deroga aquellas disposiciones”, contrarias a la Ley Antidiscriminación, sin precisar a cuáles se refiere, ni a los efectos que ha tenido la aplicación de las mismos
También ordenó crear un Comité de Estado que tendrá por deber seguir revisando documentos contrarios a la Ley Zamudio, así como proponer una Orden de Comando “para reforzar el estricto cumplimiento” de la mencionada ley y “regular los procesos educativos y administrativos, conductas y derechos del personal en esta materia”, aspecto que fue valorado por el Movilh.
Por último el Ejército informó que el pasado 26 de julio, dos días después de entrada en vigencia la Ley Zamudio, se aprobó el Reglamento de Seguridad Militar que, entre otros tópicos, derogó el polémico instructivo firmado por el l Jefe de la I División, Cristián Chateau, donde se pedía excluir del proceso de selección y acuartelamiento a homosexuales, personas con problemas socioeconómicos y Testigos de Jehová, entre otros.
Reacción del Movilh
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) consideró que las medidas tomadas por el Ejército son necesarias y básicas, toda vez que buscan ajustar de aquí en adelante los reglamentos internos del Ejército a una ley de la República, “lo que es un deber de todo chileno y chileno”.
Sin embargo, las medidas “son insuficientes por cuanto no están a la altura de la gravedad de los hechos. Un gravedad que quedó graficada en la voz del propio Fuente-Alba cuando pidió disculpas públicas por el instructivo firmado por Chateau, documento que además fue enérgicamente rechazado por el ministro de Defensa, Andrés Allamand y que el propio vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, calificó de ilegal”.
«Se están vulnerado derechos de personas diferentes a la mayoría, ha incurrido en ilegalidad, y su respuesta es que desde ahora modificará sus normas internas, sin sancionar, ni dar de baja a los responsables, ni adoptar las medidas disciplinarias que anunció con fuerza Fuente-Alba. Es decir si incurre en faltas a la legislación, no respeta la subordinación de las FFAA y la única respuesta es que se velará porque ello no vuelva a ocurrir, obviando el principio de igualdad ante la ley”, redondeó el Movilh.
Añadió que hasta ahora el debate “se ha limitado a hablar de instructivos o reglamentos discriminatorios, reconociéndose que hay más que el ya conocido públicamente, pero sin dar cuenta cuáles son ni menos sobre su aplicación, pasando por alto que lo grave de esto no ha sido una letra muerta, sino que el uso que se ha hecho de la misma, dañando la dignidad de personas”.
“Una de esas personas es el ex militar de Tocopilla que padeció una brutal discriminación en el Ejército de parte de diversos funcionarios sólo por ser gay, y sobre este caso, de relevancia pública y de gravedad extrema, nada dice el comunicado”, apuntó el Movilh.
En ese sentido, el Movilh anunció ayer que está evaluando iniciar acciones legales, eventualmente usar la Ley Zamudio, mientras que con anterioridad ya había pedido a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que analizara el caso y citara a los comandantes en jefe de todas las Fuerzas Armadas y de Orden, no sólo del Ejército.
La petición fue apoyada por el diputado miembro de esa Comisión, Patricio Hales, quien ayer expuso en el Congreso la importancia de evaluar este tema, consiguiendo el parlamentario que ello ocurra el próximo 2 de octubre.
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