El activista gay Rolando Jiménez intervino a nombre de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) y del Movilh. Ante más de 46 estados, Jiménez advirtió que no basta con que Chile acepte recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos, pues lo importante es cumplirlas.
En representación de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) y del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) el activista Rolando Jiménez expuso hoy en el 26 Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde expuso sobre las deudas del Estado de Chile con la diversidad sexual.
Jiménez intervino a pocos minutos de que en la misma sesión el Estado de Chile, a través de la embajadora en Ginebra Marta Maurás, diera cuenta de su Examen Periódico Universal (EPU), la más importante prueba en materia de derechos humanos a la que son sometidos cada cuatro años los países por sus pares en la ONU. En la ocasión, el Estado de Chile informó que había aceptado todas las propuestas pro- igualdad para la diversidad sexual formuladas en enero anterior por variados países de la ONU.
Al respecto, y ante más de 46 Estados, la ILGA y el Movilh valoraron que Chile asumiera los desafíos planteados por otros países para mejorar la calidad de vida de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), pero aclararon que ello no era suficiente.
“No es suficiente que Chile acepte las recomendaciones, es necesario que se implementen medidas que efectivamente enfrenten la discriminación con vistas a cumplirla”, dijeron en referencia a compromisos asumidos por el Estado el 2009 y que aún son deudas y a que algunos avances no fueron del todo óptimos, como ocurre con las deficiencias de la Ley Antidiscriminación.
En ese marco, en su intervención Jiménez recordó que “en su primer EPU Chile fue llamado a derogar el artículo 373 del Código Penal”, el cual al sancionar las “ofensas a la moral” es usado arbitrariamente por Carabineros para hostigar a personas LGBTI. “Han pasado 4 años desde ese llamado y no ha habido modificación alguna”, redondeó Jiménez.
Añadió que “si bien el Estado Chileno aprobó una ley antidiscriminatoria, esta norma no indemniza a las víctimas y sanciona a las personas si no se logra comprobar que hubo discriminación”, lo que ha desincentivado las denuncias, a un punto que desde su promulgación menos de 60 personas la han usado y “sólo una minoría ha tenido una sentencia favorable”.
“A todo esto se suma la existencia de una ley que fija edades de consentimiento sexual distinta en razón de la orientación sexual de las personas (Artículo 365 del Código Penal), la ausencia de leyes de unión civil y de matrimonio igualitario, así como la falta de una ley o de un proyecto de ley de identidad de género que no obligue a las personas transexuales a pasar por un trámite judicial burocrático para poder cambiar su nombre y sexo legal. A la par, se carece de una política integral en materia de educación sexual y de derechos humanos”, denunció el activista.
Redondeó que aún cuando “la discriminación va en sostenido descenso en Chile (…) la homofobia y la transfobia socio-cultural siguen matando. Desde el 2002 a la fecha, 27 personas han sido asesinadas por su orientación sexual o identidad de género y este año, por primera vez, la sede de una organización LGBTI sufrió ataques homofóbicos”
El activista dijo esperar, en ese sentido, que las “buenas señales” dadas por el Estado en el último tiempo para enfrentar este tipo de atropellos, se traduzcan en avances concretos y que para ello la sociedad civil está siempre dispuesta a participar y colaborar y ser aliada.
Jiménez valoró, por último, que “gracias a las gestiones de la ILGA, la coalición de organizaciones LGBTI más grande del mundo, la realidad de la diversidad sexual en Chile hubiese estado presente por primera vez en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en voz del movimiento LGBTI. Este es un paso enorme de auto-representación a nivel internacional”.
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