Gobierno ingresó al Congreso proyecto de ley que favorece a minorías sexuales
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Con la firma de tres ministros y del presidente Ricardo Lagos ingresó al Congreso un proyecto “que establece medidas contra la discriminación” y garantiza la protección de los derechos de diversas minorías sociales o grupos segregados, incluidos en forma histórica los homosexuales.
La iniciativa, cuyos contenidos y entrada al Congreso fueron informados hoy por parlamentarios y representantes de la sociedad civil, quedó radicada en la Comisión de Legislación y Justicia y es la primera elaborada por autoridades chilenas que da relevancia al combate a todo tipo de marginación basada en la orientación sexual, pues otros proyectos anti-discriminación redactados por congresistas no habían considerado esa categoría.
“Estamos en presencia de un hito para nuestra población y para todas las minorías. Desde hace ocho años que veníamos luchando porque las autoridades elaboraran una norma que considerara la orientación sexual y lo conseguimos. Sectores minoritarios distintos al que representamos hicieron lo suyo por la defensa de sus respectivos intereses, algunos de los cuales se ven por fin reflejados en este proyecto”, dijo el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez.
Firmado por Lagos y los ministros de Secretaría General de Gobierno, Francisco Vidal; de Justicia, Luis Bates, y del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Cecilia Pérez, el proyecto de ocho artículos estipula que “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria, por acción o por omisión, basada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual”.
El proyecto del gobierno, que considera variadas recomendaciones de la sociedad civil y de parlamentarios, ha contado con el respaldo los diputados y diputadas María Antonieta Saa (PPD), Carolina Tohá (PPD), Fulvio Rossi (PS), Exequiel Silva (DC), Arturo Longton (RN), Osvaldo Palma (RN) y Germán Becker (RN), entre otros.
Hoy además se oficializó públicamente el respaldo a la norma por parte de organizaciones como el Movilh, la Juventud Judía de Chile, la Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos, el Foro Red de Salud y Derechos Reproductivos, la Corporación Pro-Derechos de la Mujer, la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana (APILA), la Federación de Adultos Comunales del Adulto Mayor y sectores indígenas.
Pese a la valoración que todos los grupos dieron al proyecto, parlamentarios, las minorías y grupos discriminados solicitaron que el gobierno dé algún tipo de urgencia al mismo, con el objeto de evitar que su aprobación se retrase, manteniendo en la impunidad los actos discriminatorios que en caso extremos llegan a traducirse en asesinatos.
Igualmente se informó que solicitarán a todos los candidatos a la presidencia asumir públicamente una postura favorable en torno al tema y se anunció un fuerte diálogo con el mundo parlamentario para apresurar la aprobación de la norma y mejorarla en aquellos puntos perfectibles.
El PROYECTO
El “Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación” estipula entre otros los siguientes aspectos:
1.- Los afectados por la discriminación deben denunciar el hecho ante la Corte de Apelaciones dentro de un plazo de 30 días de producido el acto.
2.- La Corte de Apelaciones deberá tras ello investigar la denuncia, informar al acusado y escuchar los alegatos de las partes si lo estima pertinente.
3.- Producida la sentencia, cualquiera de las partes puede apelar en un plazo de cinco días ante la Corte Suprema.
4.- Sin perjuicio de lo anterior, la Corte de Apelaciones “adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, como dejar sin efecto el acto discriminatorio u ordenar que cese en su realización”.
“Asimismo, la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones, que en su caso correspondan, para reparar el daño moral y material ocasionado. En dicho caso, el afectado podrá demandar ante el juez de letras competente, la determinación de la indemnización de los perjuicios que procedieren. El monto de la indemnización será determinado en procedimiento breve y sumario”.
5.- “Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, la Corte declarará que el denunciante es responsable de los perjuicios que hubiere causado, los que se perseguirán ante el tribunal civil que compete, en procedimiento breve y sumario”.
6.- “En caso que la Corte declare que un funcionario público en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometió actos de discriminación arbitraria (..) podrá ser sancionado con multa de 50 a 100 UTM”. “Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada, en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con multa penal” similar a la anterior.
7.- Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que califica de circunstancia agravante cometer un delito por discriminación, para lo cual se incorpora una modificación al artículo 12 del Código Penal.
El ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL
En el envío del proyecto al Congreso jugaron un rol de trascendencia diversas organizaciones de la sociedad civil, ya fuera de manera individual o asociados, como es el caso del Foro por la No Discriminación de la Clínica de Interés Público de la Universidad Diego Portales, cuyos representantes se reunieron en el último año en diversas oportunidades con miembros del Ejecutivo y Legislativo para hacer escuchar y valer sus propuestas.
Lo que sociedad civil buscaba era una norma que abordará de la manera más integral posible el fenómeno de la discriminación, para lo cual el Foro presentó su propio proyecto al gobierno, constituyéndose en una de las bases conceptuales y teóricas de la iniciativa del Ejecutivo.
En el caso específico de la inclusión de la no discriminación por orientación sexual, el Movilh venía luchando desde 1997 por la generación de un proyecto de ley que considerara ese fenómeno, efectuando campañas, manifestaciones, denuncias y reuniones con decenas de autoridades políticas. Desde el 2003 tal lucha se dio en variadas coyunturas en alianza con el Foro por la no Discriminación.
La iniciativa del Ejecutivo se suma a otro proyecto de acuerdo que ingresó el Movilh al Congreso a comienzos de este año para prevenir y combatir los crímenes por homofobia y que será votado en las próximas semanas.
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