En el marco del cumplimiento de la solución amistosa firmada ante la CIDH.
El Ministerio Secretaría General de Gobierno inició hoy formalmente el diálogo con la sociedad civil organizada con el fin de reformar la Ley Zamudio, esto en el marco del cumplimiento de la solución amistosa que el Estado firmó con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La reunión en el Edificio Bicentenario fue coordinada por el director de la División de Organizaciones Sociales, Camilo Ballesteros, y por la jefa del Área de Diversidad e Inclusión Social, Lya González, al tiempo que contó con la participación de OTD, Iguales, Ceres y Movilh, entre otros.
Con las propuestas e ideas de los colectivos, se espera que el Gobierno elabore un proyecto de ley y lo presente al Congreso Nacional.
El Movilh ya entregó al Poder Ejecutivo una propuesta de reforma que trabajó junto al abogado, académico y doctor en ciencia jurídica, Fernando Muñoz.
“La Ley Zamudio es un león sin dientes, que la ciudadanía usa poco y que en menos ocasiones ha derivado en justicia. De las 245 demandas presentadas desde su entrada en vigencia en 2014, sólo 13 han terminado en fallos favorables para las víctimas”, precisó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez,.
El dirigente añadió que “en ese sentido, lo que estamos proponiendo son enmiendas a diversos artículos de la ley, así como la creación de nuevos, de manera que la norma sea usada y tenga resultados prácticos”.
El Movilh precisó que, entre otros puntos, “proponemos que la Ley Zamudio indemnice a las víctimas, invierta la cara de la prueba, de manera que sea el acusado quien deba demostrar que no discriminó; sancione las palabras o discursos que incitan al odio, considere agravante todo delito que contenga prácticas de exclusión arbitraria; sea cual sea la motivación del mismo; y permita modificar leyes discriminatorias”
De igual forma “nuestra propuesta elimina el artículo que considera a la no discriminación como inferior a otros derechos constitucionales y, muy especialmente, crea una institucionalidad antidiscriminatoria y medidas de acciones afirmativa”.
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