Muchos de los casos de discriminación laboral denunciados por lesbianas, gays, bisexuales y transexuales han quedado a la impunidad legal, pues las actuales normas que garantizan el principios de igualdad y no discriminación han sido letra muerta por carecer de mecanismos de implementación concreta.
Lo mismo ha ocurrido con otro tipo de discriminaciones basadas en el sexo, nacionalidad, la opinión política u otros, todos los cuales han gozado de amplia impunidad en Chile gracias a la vigencia del artículo 161 del Código Penal que posibilita los despidos por «necesidades de la empresa».
Ello comenzó a cambiar radicalmente el 31 de marzo pasado con la entrada en vigencia de la Nueva Justicia Laboral, la cual deberá estar en completa aplicación en todas las regiones de Chile el próximo 31 de octubre del 2009.
Y es que la Nueva Justicia contiene un procedimiento de tutela laboral que permitirá a los afectados por discriminación iniciar juicios orales y públicos y obtener reparaciones e indemnizaciones en un plazo de 90 días, mientras que en la actualidad procesos de pugnas entre empleados y empleadores demoran unos tres años.
La no discriminación es garantizada en función de lo establecido en articulo 2 del Código del Trabajo, según el cual están prohibidas las discriminaciones basadas en «raza, raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen».
«Esto no hace referencia a la orientación sexual y al género, pero tras años de lucha y de proyectos conjuntos del Movilh con el Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo, este emitió el 2004 un dictamen donde se señala expresamente que el artículo 2 del Código del Trabajo es también aplicable a las minorías sexuales», señala la activista Sofía Velásquez.
Y no sólo a las minorías sexuales, sino que a muchos otros sectores no contemplados en la pequeña lista del artículo 2 del Código del Trabajo. Tal listado, indica el histórico dictamen «no puede agotarse en una enumeración cerrada, impidiendo la calificación de conductas discriminatorias de otras desigualdades de trato» no expuestas en esa norma.
El dictamen, cuyo fin es fijar el sentido y alcances del Código del Trabajo, agrega que «de no entenderlo así se debería concluir, por ejemplo, que la discriminación por preferencia u orientación sexual, género o por apariencia física no serían conductas discriminatorias y por tanto reprochables jurídicamente, cuestión que evidentemente no resiste análisis alguno. A igual conclusión se llega respecto de la discriminación por embarazo de la madre trabajadora o del trabajador» que vive con vih/sida.
Además el 2007 el Movilh consiguió que la Dirección del Trabajo permitiera caratular de homofóbicos o transfóbicos los abusos laborales de ese tipo, lo cual antes estaba prohibido, «mientras que el Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación incluye al género u la orientación sexual gracias a una lucha de 10 años que hemos liderado con el respaldo de la División de Organizaciones Sociales del Gobierno», apuntó la abogada Velásquez.
Desde el 2002 a la fecha se han denunciado ante el Movilh 19 casos de discriminación laboral. De esos destaca como un hito el primero conocido públicamente el 2002 y que derivó en la reincorporación de un profesor injustamente despedido en razón de su orientación sexual.
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