El abogado Alfredo Morgado (en la fotografía) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunciaron ayer que la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió por tres votos contra cero el recurso de protección que “presentamos el pasado lunes en contra del vicario para la Educación de San Bernardo, René Aguilera Colinier, por impedir a una profesora ejercer su oficio sólo en razón de su orientación sexual”.
Con los voto de las magistradas Rosa del Carmen Egnem Saldias, María Carmen Rivas González y la abogada integrante Tita Aránguiz, el vicario deberá informar en los próximos 10 días a la Corte de Apelaciones sobre los alcances de su decisión, la cual derogó este mes el certificado de idoneidad que facultaba a la profesora S.C.P.P ejercer clases hasta abril del 2008.
A juicio de la Corte, la inhabilidad para la docencia por la orientación sexual, viola las garantías constitucionales de la docente, por lo que una vez que se reciban los descargos del vicario se analizará a fondo el recurso de protección.
“Estamos en presencia de un hecho histórico. Lo que ha hecho la Corte ha sido reconocer que ninguna institución del país está por sobre la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile, aún cuando estas se basen en el Código Canónico, como es el caso de la Iglesia Católica”, indicó con evidente emoción el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
Añadió que “este es un triunfo para los derechos de una profesora; a quien el vicario intentó obligar a renunciar a su orientación sexual para ejercer la docencia; y para las minorías sexuales en su conjunto, es especial para nuestra organización que presentó el recurso con el patrocinio del abogado Alfredo Morgado”.
La profesora, en tanto, expresó su “felicidad por este hecho. Me siento más tranquila. Yo no tengo rabia contra la Iglesia, sólo pena y espero que se haga justicia. Confío en que ello sucederá”.
El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, y el vicario Aguilera han intentando impedir a la profesora ejercer su oficio amparándose en el artículo 9 del Decreto 924, publicado el 7 de Enero de 1984, el cual establece que el profesor de religión sólo puede ejercer si está «en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda».
“Sin embargo, la ley no hace ninguna referencia a la orientación sexual de las personas. Sólo en textos oficiales de la Iglesia Católica se rechaza el ejercicio docente de gays y lesbianas, por lo que la Corte de Apelaciones se ha ajustado al derecho”, añadió Jiménez.
La prohibición a la profesora se originó luego que llamados anónimos a su colegio y a la Vicaría de Educación de San Bernardo visibilizarán su orientación sexual y la vida de pareja de siete años que lleva con una mujer con quien convive desde el 2002. Tras ello, la afectada confió en el vicario su verdad, pero este la considero incompatible con su ejercicio profesional.
Ello aún cuando la docente cuenta con nueve años de preparación académica; avalados por sus títulos de catequista y profesora de religión de Educación Básica, obtenidos en la Universidad Católica con distinciones en 1982 y 1988, en forma respectiva; además de estar respaldada por profesores, alumnos y la directiva del colegio donde ejerce,
“La prepotencia del obispo González en este caso ha sido tan violenta, que en reunión que sostuvimos el pasado 18 de mayo incluso nos desafió a iniciar acciones legales, aclarando que la perderíamos. Al parecer, y en beneficio al respeto a los derechos humanos, el obispo se equivocó”, puntualizó Jiménez.
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