El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy que la Corte Suprema ha resuelto “uno de los fallos más funestos, lapidarios y discriminatorios contra las minorías sexuales y que afecta de manera particular a las mujeres lesbianas”
Se trata de un fallo donde se rechazó acoger un recurso de protección que hubiese permitido a la docente Sandra Pavez (en la fotografia) volver a hacer clases después de 21 años de trayectoria que cuentan con el respaldo de toda la comunidad escolar, incluido profesores, alumnos y apoderados.
El Movilh precisó que el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema en contra de la profesora Pavez y a favor de la Iglesia Católica, fue emitido por unanimidad por cinco votos provenientes de los ministros Adalis Oyarzún, Pedro Pierry y los abogados integrantes Hernán Alvarez y Domingo Hernández.
De esa manera la Corte Suprema acogió en su plenitud una sentencia previa de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la cual resolvió que la Iglesia Católica es la encargada de definir con todo el poder que profesores pueden o no hacer clases de religión, sin que en ello pueda incidir el Estado. En consecuencia, las profesores lesbianas no pueden hacer clases de religión.
“Acá lo que ha hecho la Corte Suprema es decir que la Iglesia puede excluir a una docente de un colegio laico para ejercer su oficio sólo porque es lesbiana. Es decir, se puede discriminar y violentar el derecho a la vida privada de una persona, pese a tener un desempeño docente y académico de excelencia que es avalado y respetado por todo el mundo”, sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
A juicio del abogado defensor de la docente, Alfredo Morgado, la situación “es doblemente dramática, porque la Corte ha dicho también que la Iglesia y no el Estado tiene competencia en estas áreas, aun cuando existe separación entre ambas instancias desde 1925 y aún cuando se trate de colegios laicos”.
De acuerdo a la Corte Suprema, la Iglesia Católica está facultada para otorgar y revocar a un profesor de religión el certificado de idoneidad que le permita hacer clases, según se establece en Decreto 924 publicado el 7 de enero de 1984. A la par, y en su considerando más polémico, agrega que ese certificado debe ser entregado “de acuerdo a los principios morales, filosóficos y religiosos” de la Iglesia, por lo cual “no debe haber ingerencia alguna del Estado”, quien no debe “inmiscuirse, ni cuestionar las decisiones”.
“El punto es que en ninguna parte el Decreto 924 dice que gays o lesbianas no pueden hacer clases. Sólo habla de idoneidad y de acuerdo a toda la comunidad escolar, Sandra Pavez tiene toda la idoneidad. La Corte Suprema no quiso pronunciarse sobre el asunto de fondo, cual es que en base a la interpretación maliciosa de un Decreto se puede discriminar y violentar los derechos y principios humanos garantizados en la Constitución y en diversos tratados internacionales ratificados por Chile”, añadió Morgado
“La Iglesia entonces puede actuar sobre la Constitución, esto es inaceptable porque este decreto también ha afectado a madres solteras o que conviven con hombres en proceso de divorcio. ¿Por qué la Iglesia no ha expulsado de sus filas a sacerdotes de cuales tenemos conocimiento que han tenido hijos? Este doble estándar es brutal, inhumano”, apuntó Jiménez.
FUTURAS ACCIONES Y EL DIFÍCIL MOMENTO DE SANDRA
Un difícil momento está pasando la profesora de religión, pues además de estar impedida de hacer clases desde agosto pasado, hoy debió asistir a un funeral por la muerte inesperada de un pariente.
En todo caso, la maestra transmitió su “absoluta impotencia y pena frente a una Iglesia en la cual confié. Esto es muy triste y dolida, pero este fallo no pone en jaque mi fe. Llegaré hasta donde sea necesario para hacer justicia, pues nadie puede discriminar a una persona sólo por ser distinta a la mayoría. Eso va contra los principios de Dios y Jesucristo.”.
En ese sentido el Movilh anunció que “demandaremos al Estado Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera de revertir esta situación. Este es un hecho donde el Ministerio de Educación y el Gobierno nada han dicho y eso es repudiable. Si estuviéramos hablando de derechos vulnerados a personas con discapacidad, a minorías étnica o mujeres heterosexuales, de seguro que el Estado no tendría tanta pasividad, pues la experiencia así lo ha demostrado”.
A juicio del Movilh “una cosa es acatar los fallos y la otra es al menos decir si se está o no de acuerdo con ellos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Por principio el gobierno debiera aclarar si está o no en desacuerdo con que se discrimine a una profesora para ejercer clases de religión sólo por ser lesbiana”.
Jiménez apuntó que además “estamos preparando para el próximo viernes 25 de abril una manifestación contra la Corte Suprema y esperamos que todas las personas que tienen un compromiso genuino con los derechos humanos, se sumen a la causa”.
Morgado puntualizó que, por último, “presentaremos una querella en contra del obispo Juan Ignacio González Errázuriz por los daños y prejuicios ocasionados a Sandra al determinar su salida de las aulas”.
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