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La ONU expresa preocupación a Chile por el aumento de la violencia contra las personas LGBTIQ+ y por la escasa utilidad de la Ley Zamudio

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El Comité de DDHH de la ONU también lamentó que Chile aún no derogue el artículo 373 del Código Penal y carezca de una institucionalidad nacional para enfrentar la discriminación. Para sus conclusiones, la ONU tuvo a la vista un informe enviado por el Movilh donde se advertían y denunciaban todos estos problemas.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó y expresó su preocupación a Chile por el “aumento” de la violencia contra las personas LGBTIQ+, porque aún no deroga el artículo 373 del Código Penal, por la escasa utilidad de la Ley Zamudio y por la ausencia de una institucionalidad  que enfrente a nivel nacional la discriminación,  por lo que instó al Estado a adoptar medidas al respecto, informó hoy el Movilh.

Las conclusiones tuvieron lugar luego de que el Comité de la ONU analizará los niveles de cumplimiento de Chile con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo a la vista diversos informes, entre esos uno del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) donde alertó sobre todos los tópicos LGBTIQ+ en los cuales el órgano internacional hoy llama la atención a Chile.

“Recibimos de muy buena manera estas observaciones de la ONU, pues hasta ahora el Estado no ha tomado nota de lo que venimos denunciando y advirtiendo, en particular en los Informes Anuales de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género. Esperamos que ahora el Estado de Chile cumpla en breve y con urgencia con las solicitudes formuladas por la ONU”, señaló el Movilh

En su sesión del pasado 22 de marzo y un informe publicado hoy, el Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó “que el artículo 373 del Código Penal no haya sido aun derogado” y expresó su preocupación por el “aumento del número de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTQ+, incluyendo las altas tasas de suicidio. Al Comité le preocupa también el alto nivel de impunidad por delitos de odio contra personas LGBTQ+,¡ entre otras razones por la falta de denuncias para evitar una revictimización”

Por tanto, el Comité exigió a Chile “redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género”, y lo instó a adoptar las siguientes medidas: “Garantizar que los delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima sean investigados exhaustivamente, que los responsables sean llevados ante la justicia y si son declarados culpables que sean sancionados adecuadamente, y que las víctimas tengan acceso a una reparación integral”; “Establecer mecanismos que faciliten a las víctimas la interposición de denuncias de discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género, y adoptar medidas para evitar la revictimización” e “Incrementar las campañas de educación y sensibilización de la población, y la capacitación del sector público, judicial, privado y docente, para promover la tolerancia y el respeto a la diversidad, incluyendo las personas LGBTQ+”.

En relación a la Ley Zamudio, el Comité “observa con preocupación la falta de aplicación efectiva de la Ley No. 20.609 que establece medidas contra la discriminación, en particular, su limitación a la “discriminación arbitraria”, las bajas tasas de enjuiciamiento de dichas demandas, la dificultad de aportar pruebas suficientes para acreditarla fehacientemente, así como la falta de medidas de reparación y medidas preventivas en dicha ley. El Comité está preocupado por las múltiples formas de discriminación, incluyendo la discriminación racial hacia las personas afrodescendientes. El Comité lamenta la ausencia de una institución a nivel nacional para la lucha contra la discriminación”

Por tanto,   la ONU pidió el Estado de Chile: “Adaptar su legislación a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la extensión de la definición de discriminación para incluir la discriminación indirecta, múltiple y estructural, y asegurar una efectiva implementación de la misma”;  “Fortalecer las medidas de prevención, y asegurar el acceso efectivo a la justicia y a las medidas de reparación; e “Incrementar las campañas de sensibilización y capacitación y considerar la creación de una institución de ámbito nacional responsable en materia de discriminación”

De acuerdo al XXII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, lanzado la semana anterior por el Movilh, los casos y denuncia de discriminación contra personas LGBTIQ+ aumentaron un 52% el último año, contabilizándose 1.597 atropellos, la cifra más alta de la cual se tiene registro en el país.

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