*Carabineros reconoce excesos contra minorías sexuales
* Cambian de funciones a cabo cuestionado por violaciones a los derechos humanos
* Comisarios enviarán instructivo a carabineros para mejor trato a minorías
* Inician investigación sobre denuncias de violaciones a los derechos por orden del Alto Mando.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el Comité de Refugiados Peruanos y la Agrupación de Trabajadoras Sexuales, se reunieron este mes con comisarios de la Zona Central y Oriente de la Región Metropolitana, alcanzándose importantes beneficios para las minorías de este país.
En la ocasión , los uniformados presentes reconocieron que algunos funcionarios de Carabineros han cometido excesos en contra de los grupos discriminados debido, esencialmente, a factores culturales.
Ese reconocimiento se enmarca en las ocho denuncias sobre violaciones a los derechos humanos hechas públicas por los organismos sociales descritos e informadas al Director de Carabineros, general Manuel Ugarte.
Carabineros informó que, a raíz de esas denuncias, el cabo de la Primera comisaría, Alex Bravo (acusado de agredir verbal y físicamente a los ciudadanos peruanos) fue trasladado desde la Primera Comisaría a Prefectura Central, donde realiza trabajos que no implica contacto directo con el público.
El presidente del Movilh y fundador del movimiento gay chileno, Rolando Jiménez, propuso a los carabineros diversas iniciativas las cuales se tradujeron en “históricos” acuerdos y/o compromisos.
1.- Los comisarios enviarán instructivos a sus funcionarios en demanda de mejor trato a las minorías de este país.
3.- Abogados, sicólogos o sociólogos de la institución de Carabineros darán charlas en las comisarías sobre los derechos de las minorías.
4.- Se entregarán el 17 de septiembre los resultados con las investigaciones realizadas por los comisarios respecto a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos estampadas por las organizaciones sociales descritas
5.- Se revisarán antiguas investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos que no habían sido debidamente procesadas.
6.- El Movilh diseñará una campaña consistente en distribuir cartillas y exponer obras de teatro en las comisarías con temáticas referidas a las minorías. Los carabineros presentes en la reunión señalaron que consultarán esa propuesta a Alto Mando, pero aclararon que la iniciativa tiene altísimas posibilidades de ser aprobada.
7.- Se estudiará la posibilidad de sacar de circulación al retén-móvil ubicado en la Plaza de Armas, el cual intimida y estigmatiza a los peruanos
8.- Se designará un oficial de enlace para tramitar con mayor rapidez las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que afecten a las minorías.
9.- El próximo mes se efectuará una nueva reunión para evaluar si el trato de carabineros con los sectores minoritarios a cambiado.
10.- Seis comisarios, dos prefectos, y cuatro subprefectos entregaron sus teléfonos directos al Movilh, en caso de cualquier emergencia
Jiménez calificó de “histórico” esos acuerdos pues, nunca antes “los sectores minoritarios habíamos podido alcanzar avances concretos con las fuerzas del orden. En innumerables oportunidades me reuní con otros funcionarios policiales, pero nunca conseguimos nada”
Al encuentro también asistieron Patricia Loredo, en representación del Comité de Refugiados Peruanos y Elizabeth Dentone, presidente regional del la Agrupación de Trabajadoras Sexuales.
El acercamiento con las policías fue posible gracias a una manifestación efectuada por el Movilh en agosto anterior en las puertas de la Dirección General de Carabineros, ocasión cuando nuestra organización, El Comité de Refugiados Peruanos y la Agrupación de Trabajadoras Sexuales denunciaron diversas violaciones contra los derechos humanos a saber:
CASO I
El 16 de enero del 2000 a las 01:30 horas A.M el ciudadano César Castro fue interceptado en calle Santa Lucía por dos individuos de civil quienes, con armas en la mano, le exigieron su cédula de identidad.
En ese mismo momento se escucharon dos o tres disparos, hechos por otros individuos que corrían desde el Cerro Santa Lucía persiguiendo a otras personas. Paralelamente, César Castro fue esposado y llevado a una banca del mencionado Cerro.
Minutos después, llegaron otras personas armadas que traían a siete ciudadanos esposados. Sólo en ese momento uno de los civiles sacó de una mochila dos casacas verdes con la inscripción de carabineros. El resto de los civiles no portaba identificación alguna.
Todo el procedimiento de detención se realizó con agresiones físicas y verbales cuando alguno de los afectados intentó averiguar la causa de su detención, fue silenciado con golpes.
Los detenidos fueron luego trasladados a la dependencias de la 1ª Comisaría, donde un oficial insultó a César y afirmó que “se nota que eres maricón” En medio de ese “diálogo”, intervino un policía de civil, señalando que “!Si este es maricón, ¿cierto huevón maricón?!”
Cuando el oficial terminó de escribir los datos personales de César e imprimirlos, entregó la hoja a otro Carabinero, el cual llamó al detenido para preguntarle si “querí que en tu casa sepan que eri maricón”. Ante la respuesta negativa de César, el uniformado incitó a firmar el documento sin previa lectura y así ocurrió.
Los detenidos fueron traslados finalmente a la Penitenciaría de Santiago, instancia que los puso a disposición del tribunal pertinente. Dos días después, por falta de méritos, fueron liberados.
Al cabo de un par de semanas, César Castro es invitado a la Primera Comisaría de Santiago. Allí, y en presencia del Movilh, el teniente Aldo Borroni tomó nota en detalle de las denuncias de Castro y se comprometió a realizar un careo entre ese y los policías involucrados en los abusos descritos.
Desde esa reunión han transcurrido cerca de un año y siete meses y no hemos tenido noticias de la supuesta investigación interna en carabineros.
CASO II
El domingo 2 de marzo del 2000, alrededor de las 3:30 horas de la madrugada, la periodista Cristina Silva, domiciliada en el cuarto piso de un edificio ubicado en Eliodoro Yáñez con Miguel Claro, escuchó gritos. Pensando que era una riña se asomó a su balcón viendo, desde allí, como un grupo de seis a ocho carabineros golpeaba en el suelo a dos personas. Tal situación se prolongó por lo menos 15 minutos y la testigo pudo ver que los individuos objeto de la agresión eran dos travestis.
Posteriormente llegó otro grupo de carabineros provenientes de la 19 Comisaría, ubicada a pocos metros de la esquina antes mencionada. Esos policías se sumaron a quienes golpeaban brutalmente a las víctimas.
Luego, un par de policías arrastraron a uno de los afectados durante media cuadra y lo golpearon con sus lumas. Ante esa situación la testigo bajó a la calle y observó las terribles consecuencias de la paliza aplicada por los agentes del orden sobre esos dos muchachos. Carabineros se retiró luego del lugar y dejó abandonados a su suerte a las víctimas.
Los muchachos trataron de tomar un taxi para acudir a un recinto asistencial y, ante la imposibilidad de ello, la periodista Cristina Silva los trasladó en su vehículo hasta la posta del Hospital Salvador, lugar donde el carabinero de guardia se negó a consignar que las lesiones habían sido causadas por la policía.
Después de lograr que fueran atendidos, se pudo establecer que a los múltiples hematomas, a una de las víctimas fue necesario realizarle una sutura de diez puntos en su frente. Ambas víctimas tenían cortes en varias partes del cuerpo producto de los golpes de una cadena con un candado en su extremo.
Frente a la negativa de carabineros de guardia de la posta del Hospital Salvador de consignar los hechos, la testigo llevó a los afectados a la 18 Comisaría Los Guindos, donde estamparon la denuncia pertinente.
El nombre de uno de los afectados es Marcelo Riquelme de 18 años. El otro afectado prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias.
En Movilh, en compañía de la madre de uno de los afectados, se reunió días después con funcionarios de la 19 Comisaría quienes se comprometieron a iniciar una investigación sobre lo sucedido, pero ello jamás ocurrió.
CASO III
El 16 de junio pasado, a las 2:00 horas A.M, un micro policial y 8 patrullas motorizadas se instalaron en las afueras de la discoteque Queen, Bueras 128 (Santiago Centro), y cerca de 18 uniformados irrumpieron en el recinto procediendo a su allanamiento.
En un hecho arbitrario y abiertamente discriminatorio contra las minorías sexuales, los efectivos policiales ingresaron a los camarines de los artistas, recorrieron la pista de baile del recinto y solicitaron el carnet de identidad a unas 20 personas sin dar explicaciones sobre las causas del operativo.
Bajo el mando del teniente de Carabineros Bruno Marisio Vega de la Primera Comisaría de Santiago, los efectivos detuvieron a tres hombres y a una mujer bajo “el cargo de ebriedad”, siendo que se encontraban al interior de un recinto privado, y los trasladaron a esa unidad policial.
Cerca de las 4 :00 horas A.M la dueña del local y el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, se presentaron en la Primera Comisaría para conocer el motivo de la detención e interiorizarse sobre el estado de los detenidos, de los cuales sólo uno estaba ebrio.
En el lugar los oficiales de guardia precisaron que el allanamiento “sólo correspondía a un operativo de rutina” y se comprometieron a liberar a los detenidos esta mañana, situación que ocurrió sólo 48 después.
Tras ese hecho, Carabineros ha repetido ese procedimiento en distintos locales de la comunidad homosexual, sin dar explicaciones coherentes sobre sus operaciones.
CASO IV
El 20 de julio pasado el cabo Mario Alejandro Yáñez Salinas bajó de un furgón del programa “Patrullando su Barrio”, en las cercanías de la Plaza de Armas, y requisó, sin dar ninguna explicación ,24 mil pesos al ciudadano peruano Edwin German Ramírez Zegarra.
Ramírez Zegarra, quien se moviliza en silla de ruedas por padecer una parálisis parcial, fue insultado por el cabo Yáñez, quien le señaló: “no tienes ningún derecho por ser peruano. Soy racista y clasista”
Luego de forma prepotente el cabo trasladó al ciudadano peruano a la Primera Comisaría, acusándolo, sin pruebas, de comercio callejero ilegal.
CASO V
El ciudadano peruano José Luis Quispe Ascate ha sido detenido seis veces en el lapso de una semana en julio pasado, lo cual ha sido totalmente arbitrario, dado que todos los operativos han carecido de motivos o razones. A Quispe Ascate siempre se le ha imputado falso comercio callejero.
Durante las detenciones el cabo Alex Bravo Bravo ha expresado frases amenazantes y xenófóbicas tales como “mono culiao”, “te voy a llevar a la penitenciaría”.
CASO VI
El ciudadano peruano José Luis Olortigue Valdez, ha sido detenido arbitrariamente por el cabo Alex Bravo Bravo unas cinco veces durante este año.
El uniformado ha agredido física y verbalmente a Olortigue Valdez con puños y pies y con frases como “peruano cochino, muerto de hambre”, “donde te vea andando te voy a llevar”, “te voy a expulsar del país”, “yo soy el máximo”, “denúnciame, no estoy ni ahí”.
Similar suerte han corrido, también por acciones del cabo Alex Bravo Bravo, los ciudadanos peruanos Yanet Isabel Ruiz García, Eveleyn Miladoy Ponte García, Belisario Ayala Prado, Pedro Antonio Izquierdo Bernoy.
CASO VII
Los ciudadanos peruanos Consuelo Milagro Ascencio Muñoz, Sandro Wilian Lama Alvarez y el ecuatoriano Carlos Oswaldo Falconi Mora, fueron violentados por un grupo de Carabineros en Catedral con Puente, el pasado julio.
Los uniformados requisaron a los extranjeros 75 mil pesos y les sustrajeron sus celulares.
Del grupo de carabineros, sólo una ha podido ser identificado por la víctimas por su número de placa 957696T.
CASO VIII
Cuatro trabajadoras sexuales impusieron en marzo anterior recursos de amparo contra uniformados de la Tenencia Bilbao y de la 47 Comisaría de Carabineros por “vejaciones, tratos indignos, humillaciones y exigencia de dádivas”, padecidos al momento de ser detenidas en Américo Vespucio con Bilbao e Isabel La Católica.
Las trabajadoras sexuales, quienes aseguran que en muchas ocasiones los uniformados han actuado bajo la influencia del alcohol, aún no reciben respuestas satisfactorias de los organismos competentes, permaneciendo los uniformados responsables de los hechos en absoluta impunidad.