El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una inédita demanda contra el Estado de Chile por la prohibición del matrimonio igualitario, siendo la primera acción de su tipo que analizará la mencionada instancia internacional.
La demanda es una respuesta al fallo emitido el pasado 4 de abril por la Corte Suprema, la cual en forma unánime rechazó un Recurso de Apelación contra una sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Santiago donde se había denegado un Recurso de Protección presentado por tres parejas gays después de que el Registro Civil se rehusara a casarlas.
El caso de las tres parejas gays, que también fue analizado por el Tribunal Constitucional, constituye una infracción a variados artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, por tanto en la demanda se apela a que el Estado corrija las vulneraciones mediante la aprobación del matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
En concreto, se alega que la prohibición al matrimonio igualitario vulnera el primer artículo de la Convención Americana de DDHH, el cual obliga a sus Estados parte a “respetar los derechos y libertades reconocidos” en el mencionado texto “y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación”.
Junto a ello se vulnera el artículo 2, donde los Estados se “comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos” los derechos garantizados en el primer artículo.
También se infringen, entre otros, los artículos 17, que resguarda la protección de la familia y el derecho y al matrimonio, y el 24, relativo a la igualdad ante la ley y la no discriminación
La esta histórica demanda es patrocinada por el destacado abogado Ciro Colombara, el egresado en derecho Branislav Marelic y el jurista Hunter T. Carter, quien es parte de uno los más prestigiosos estudios de Nueva York, ha asesorado a Hillary Clinton sobre la situación de América Latina y ha participado en la elaboración de documentos que luchan por el matrimonio igualitario en Estados Unidos.
“Con esta acción buscamos que Chile avance en forma decidida a la discusión parlamentaria y a la aprobación del matrimonio igualitario y de las uniones civiles, en el entendido de que ambas figuras son necesarias, pues son instituciones de protección familiar diferentes y complementarias que de ninguna forma son sustituibles entre sí, en especial si hablamos de igualdad legal y de respeto real a Convención Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo el Movilh.
El organismo añadió que “sin duda contribuirá también a este debate la sentencia del Tribunal Constitucional que analizó este caso. Ello por cuanto si bien el TC rechazó el recurso de inaplicabilidad sobre la legislación del matrimonio, el contenido de su sentencia fue un indiscutido aporte a la causa, toda vez que ocho de sus 10 ministros se pronunciaron a favor de las uniones civiles y cinco emplazaron directamente al Parlamento a legislar sobre la materia o el matrimonio”.
Además la sentencia del TC fue clara en señalar que es de competencia exclusiva del Parlamento modificar la ley de matrimonio.
Antecedentes del caso.
En el marco de una acción coordinada por el Movilh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró el 2009 en Washington la primera audiencia temática sobre los efectos que provoca en Chile, Perú y Bolivia la ausencia de una legislación sobre las parejas del mismo sexo. En la ocasión, la Comisión expresó su preocupación al respecto, y aclaro que el caso sería analizado a fondo una vez que se agotarán las diligencias internas.
En ese sentido, el Movilh inició una campaña donde instó varias parejas homosexuales a iniciar la lucha jurídica. Tras ello, el 25 de septiembre del 2010 la oficial del Registro Civil, Juana Soto, negó a César Paralta y Hans Arias la posibilidad de celebrar matrimonio. Al mismo tiempo rechazó inscribir el vínculo contraído en Argentina por Víctor Arce y José Lillo Isla y por Stephan Abran y Jorge Monardes, en Canadá.
El 20 de octubre del 2010 las parejas y el Movilh presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, patrocinado por el abogado Jaime Silva, donde alegaban que los artículos 102 del Código Civil y 80 de la Ley 19.947 de Matrimonio vulneraban el principio de igualdad ante la ley garantizado en el artículo 19 de la Constitución Política al prohibir la unión entre personas del mismo sexo.
La Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso y para mejor resolver presentó el 27 de diciembre del 2010 un escrito ante el Tribunal Constitucional donde solicitó un inédito pronunciamiento sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 102 del Código Civil.
En un hecho sin precedentes, el 4 de enero del 2011 el TC acogió a tramitación la petición de la Corte, tres días más tarde los abogados del Movilh, Jaime Silva y Fernando Muñoz, se hicieron parte de la causa en representación de las tres parejas gays y el día 27 del mismo mes el TC declaró admisible el requerimiento.
Uno de los momentos más simbólicos de todo el proceso tuvo lugar el 28 de julio del 2011 cuando el TC celebró la primera audiencia pública de su historia sobre el matrimonio igualitario, donde los abogados Silva y Muñoz defendieron ese derecho.
El 3 de noviembre el TC dictó sentencia, donde instó al Congreso Nacional a pronunciarse sobre la materia, y aunque el 9 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección, su presidente, Alejandro Solís, llamó en el mismo fallo a hacer un relectura de los alcances del matrimonio y la familia.
El 14 de diciembre del 2011 las parejas gays y el Movilh apelaron ante la Corte Suprema, la que dictó sentencia el 4 de abril del 2012.
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