Movilh expuso ante Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
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En reunión efectuada en la Cancillería, agentes gubernamentales, de Naciones Unidas y de la Sociedad Civil se dieron cita con miras al Examen Periódico Universal que revisará la situación de los derechos humanos en Chile. Movilh informó de avances en torno a los derechos LGTB y denunció las injusticias y atropellos que aún persisten.
La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Margarita Uprimny, se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Sociedad Civil a objeto de intercambiar información y opiniones sobre la situación que a la fecha existe en Chile en torno a la realidad de variados sectores, como las minorías sexuales.
En la cita en la Cancillería, estuvieron presentes el subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Alberto van Klaveren, el director de Derechos Humanos de esa cartera, Juan Aníbal Barría, además de representantes del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y del Ministerio de Salud.
En representación de la sociedad civil asistieron Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación de los Derechos del Pueblo (Codepu) Corporación Humanas, Corporación Opción, Genera Ideas y Acciones Colectivas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
En la ocasión, al Movilh le correspondió exponer sobre la situación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB), destacando que desde asumida la democracia se han registrado importantes avances en el plano cultural y de las políticas públicas.
En el primer caso, destacan descensos en los niveles de homofobia y transfobia cultural, según lo demuestran diversas encuestas, así como importantes triunfos que han terminado con las prohibiciones para gays donen sangre en los servicios públicos de salud, la implementación de programas especiales para transexuales y la incorporación del combate al bullying homofóbico transfóbico en los discursos y algunos documentos del Ministerio de Educación.
Igualmente “valoramos la importante apertura de la Cancillería a los derechos de nuestros sector que se ha traducido en el apoyo a variadas declaraciones internacionales vinculantes por parte de nuestro Estado. Tan relevante ha sido este cambio, que por primera vez fuimos también invitados a una reunión de este tipo”, sostuvo el activista del Movilh, Juan Hernández.
La organización denunció, sin embargo, “que nuestro Estado está muy lejos de los mínimos estándares internacionales que garanticen la igualad y el respeto a los derechos humanos más básicos de la población LGTB”.
Así por ejemplo, la mayoría de las discriminaciones, que han afectado incluso el derecho a la vida, permanecen en la impunidad por falta de una legislación efectiva que le haga frente, mientras que diversas normas del Código Penal sirven para detener y agredir en forma arbitraria a las personas sólo por ser homosexuales o transexuales.
“Más dramático aún es que en los últimos dos años algunos ministerios que habían presentando avances en torno a nuestros derechos, han retrocedido, siendo un ejemplo el Ministerio de Educación, que o se silencia frente al bullying o limita su intervención a declaraciones de buena crianza que tienen nulo efecto para el combate a los atropellos en las aulas”.
Junto a la implementación de políticas públicas efectivas a favor de los derechos humanos, el Movilh demandó en la reunión la pronta derogación de los artículos 365 y 373 del Código Penal y la rápida aprobación de la ley antidiscriminatoria y del Pacto de Unión Civil (PUC).
La cita fue especialmente importante por cuanto se enmarcó en la revisión de la situación de los DDHH en Chile, con miras al Examen Periódico Universal (EPU) a desarrollarse en mayo del 2009 durante la V Sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
“El EPU es el procedimiento mediante el cual los Estados presentan ante el Consejo un informe sobre su situación país. Este mecanismo permite que todos los países miembros sean examinados cada 4 años y constituye un procedimiento para que mediante un diálogo cooperativo los Estados mejoren sus resultados de Derechos Humanos”, apuntó la Cancillería.
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