El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pidió al gobierno chileno que país apoye y respalde la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, cuya entrada en vigencia está prevista para marzo próximo en Costa Rica.
La norma es particularmente relevante para las minorías sexuales, pues en su artículo 5 establece el principio de la no discriminación basada en la orientación sexual, entre otras categorías, y en número 6 garantiza el derecho a la igualdad de género.
El Movilh formuló las peticiones a la Cancillería de Chile y al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) “por cuanto hasta ahora el gobierno no ha dado ninguna señal de respaldo. Es bien probable incluso que esa postura se mantenga en marzo, por eso es importante sensibilizar desde ya a las autoridades, para que al menos analicen el tema y se sumen con posterioridad”.
La Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud fue aprobada por 17 de países en Badajoz, España, el 11 de octubre del 2005. Firmaron España y Portugal, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En ese momento Chile, a través del Instituto Nacional de la Juventud, señaló que no había suscrito el acuerdo por razones administrativas, debido a cambios internos en ese organismo, sin embargo luego el se ha sabido que en realidad hasta el momento no ha existid voluntad del Estado para sumarse a la propuesta.
La entrada en vigor de la Convención coincidirá con la celebración en 2008 del Año Iberoamericano de la Juventud, y con el desarrollo de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista entre el 29 y 31 de octubre próximo en El Salvador, donde el lema central será precisamente “Juventud y el Desarrollo”.
Además, la la iniciativa se enmarcará en el “Año Iberoamericano contra toda Forma de Discriminación,” según se acordó en el XVII cónclave de jefes de Estado y de Gobierno, celebrado el año anterior en Santiago.
El tratado consta de 44 artículos que tutelan el derecho a la vida, a la justicia, a la libertad de expresión, a la no discriminación, a la vivienda, a un medioambiente sano y a recibir educación sexual y reproductiva, entre otros.
En el artículo 5 establece que “el goce de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes en la presente Convención no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce de los mismos”.
En el 6 se estipula además que “esta Convención reconoce la igualdad de género de los jóvenes y declara el compromiso de los Estados Parte de impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad entre hombres y mujeres jóvenes en el marco de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos”.
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