Le prohibieron usar dependencias para mujeres, la acusaron de incomodar a los clientes por su identidad de género y le subieron arbitrariamente los precios. Mientras el pase diario es de 3 mil pesos, a la afectada le cobraron 30 mil. Con el patrocinio del Movilh la mujer presentó hoy una demanda de Ley Zamudio.
Con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una mujer transexual, Fabiana Portella (en la fotografía ), presentó hoy en el Juzgado Civil de Santiago una acción de no discriminación arbitraria (Ley Zamudio) contra la cadena de gimnasios Energy Fitness Clubs, tras haber sido humillada en razón de su identidad de género en un local de la empresa ubicado en Mall Plaza Tobalaba.
En la acción contra la empresa, que es representada legalmente por Alex Wiesner Riffart, se acusó “discriminación reiterada” contra Portella en razón de su identidad de género, “una categoría expresamente protegida por la Ley Zamudio”, enfatizó el abogado del Movilh, Alan Spencer.
Portella denunció que el pasado 11 de febrero sufrió los primeros episodios de discriminación en el gimnasio, los cuales se reiteraron el pasado 8 de septiembre cuando la mujer había intentado por segunda vez usar los servicios del recinto con la esperanza de que no sería nuevamente humillada.
La afectada precisó que tras suscribirse en el gimnasio con el nombre acorde a su identidad de género, el gerente del gimnasio en Mall Plaza Tobalaba, Rodrigo Martínez, “me citó a su oficina junto a sus asistentes. En dicho lugar, me señaló que el nombre que aparece en mi cédula identidad no correspondía a mi apariencia, mirándome con cara de asombro y rechazo. Dijo que mi inscripción como mujer suponía un error, y que dado que mi sexo legal era masculino yo debía ocupar los camarines asignados para los hombres”.
Portella indicó que la discriminación se hizo evidente, cuando Martínez le advirtió que su identidad de género y su sola presencia “podía hacer sentir incómodas a las clientes. No exagero cuando señalo que poco le faltó al gerente del local para tratarme como un monstruo abominable que no puede compartir dependencias higiénicas con ningún ser humano”
“Totalmente humillada, y siendo impracticable usar el camarín de hombres ya que mi aspecto físico corresponde por completo al género femenino, la única alternativa que se me ofreció era cancelar mi suscripción y devolverme el dinero, lo que finalmente acepté”, relató la mujer.
Dado que el gimnasio es el único cercano para Portella, la mujer volvió al lugar en septiembre, esta vez acompañada de su pareja y con la esperanza de que “se habría calmado la situación y podría ingresar a ejercitarme como cualquier otro ser humano”.
Sin embargo no fue así.
“Inicialmente nos permitieron la inscripción sin problema, por un valor diario de tres mil pesos por persona. Comencé a ejercitarme, pero poco andar un funcionario del local me pedió que me acercada a recepción. Eso no lo pidieron a mi pareja”, relató.
Añadió que una vez en la recepción “me señalaron que el pase diario era de seis mil pesos. Acepté nuevamente, pero en ese momento se acercó el gerente Martínez para decirme que el uso diario del gimnasio era de 20 mil pesos”.
“El recepcionista, visiblemente acongojado, me pidió disculpas explicando que solo seguía órdenes de su jefe. Intenté volver a mi rutina (ahora contando con la atención de prácticamente toda la clientela del local), no obstante a los pocos minutos el recepcionista volvió a acercarse a la máquina en la que me ejercitaba, para indicar que mi pase diario tendría un valor de $30.000. Precio completamente absurdo, si se tiene en cuenta que el plan trimestral en el gimnasio cuesta $90.000, y que sólo se aplicaba a mi persona”, dijo la afectada.
Puntualizó que “con su actuar, la empresa demandada me discriminó y discrimina abiertamente, molestándome continuamente en el uso de sus dependencias; denostándome en razón de mi identidad de género; y subiendo ridículamente los precios de sus servicios con el exclusivo objeto de disuadirme de continuar concurriendo a sus instalaciones”.
En ese marco, el abogado Spencer señaló que en la demanda se exige a la empresa el pago de una multa de 50 UTM, la prohibición de “volver a subir arbitrariamente los precios, de negar el ingreso y de dar un trato distinto o vejatorio a las personas transexuales en ninguna de sus sucursales a lo largo del territorio nacional”.
También se exige a la empresa “implementar un programa de capacitaciones y políticas internas, a nivel nacional, que impidan que situaciones de discriminación se repitan en sus dependencias”.
El Movilh finalizó con que “estos tristes episodios de discriminación ocurren diariamente a personas transexuales. Aplaudimos la valentía de Fabiana y solidarizamos con ella. Su caso, puede marcar un antes y un después en los abusos que día a día afectan a personas transexuales en manos de empresas inescrupulosas como es el caso de Energy Fitness Clubs”
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