Países de Latinoamérica y el Caribe incluyen a la diversidad sexual en sus desafíos sobre población y desarrollo

Los países pidieron generar estadísticas sobre la realidad  lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT) y asegurar el ejercicio de los derechos sexuales y  el acceso universal a la salud. A la par demandaron respetar políticas sobre igualdad y crear nuevas propuestas focalizadas, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Representantes de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas aprobaron el   “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”, texto particularmente relevante para las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, pues hace clara referencia a la necesidad de erradicar la discriminación por orientación sexual o identidad de género.

El importante texto fue aprobado en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada entre el 12 y 15 de agosto pasado por la Cepal y el Gobierno de Uruguay, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Durante la reunión, titulada  “Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para la agenda después de 2014”, se establecieron en el Consenso de Montevideo 120 medidas divididas en ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994.

Los ocho temas prioritarios son “Derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, “Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos”, “Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”, “Igualdad de género”, “Migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas migrantes”, “Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental”, “Pueblos indígenas, interculturalidad y derechos” y “Afrodescendientes, derechos y combate al racismo y la discriminación racial”.

Diversidad sexual

Junto a otros sectores sociales,  población LGBT es mencionada explícitamente en tres de los ochos temas prioritarios, además de ser expuesta su realidad en la introducción del Consenso de Montevideo.

En efecto en la introducción se enfatiza la importancia de generar estadísticas públicas sobre distintos sectores sociales, pues ello permitirá ampliar políticas  y dar seguimiento a los objetivos planteados.

En concreto se destaca que “la elaboración de estadísticas públicas realizada por los distintos organismos del Estado debe seguir la lógica inclusiva y de ampliación de derechos planteada desde la política pública y que la generación de información sobre población afrodescendiente, población indígena, personas con discapacidad, personas LGBT, género, desigualdades y brechas sociales, envejecimiento, y otras temáticas, constituye un insumo básico para la elaboración de políticas públicas y tienen vital importancia en pos del monitoreo de los objetivos planteados en las agendas nacionales y regionales”

En tanto, en la temática sobre “Acceso universal a los Servicios de Salud Sexual y Salud reproductiva”, los países se comprometieron a “promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva”.

Se plantea también la necesidad de “desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación”.

En la misma línea hay compromisos para “garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGTB, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos”.

Además se indica que pese a los avances para prevenir y tratar el VIH, es aún un desafío la “eliminación del estigma y la discriminación, que siguen siendo generalizados, en especial respecto de personas LGBT, las trabajadoras del sexo, las mujeres que viven con VIH/SIDA, las personas que usan drogas y otros grupos clave”.

En tanto, en el capítulo sobre “igualdad de género”, se parte “teniendo en cuenta que la violencia contra las niñas, las mujeres, las personas LGBT y la violencia sexual en particular constituye un indicador crítico de marginación, desigualdad, exclusión y discriminación de género contra las mujeres, que tiene implicaciones en la autonomía, la autodeterminación, la salud individual y colectiva y el ejercicio de los derechos humanos”.

De la misma manera se considera “que la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género sitúa a las personas LGBT en una posición de vulnerabilidad, impidiendo el acceso a la igualdad y al pleno ejercicio de la ciudadanía”.

Por ello se insta a “hacer efectivas las políticas adoptadas y adoptar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mujeres mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, mujeres que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, de las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras”.

Por último, en la temática “afrodescendientes, derechos y combate al racismo y la discriminación racial”, los países expresaron su convicción respecto a “el racismo y la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, y que las víctimas pueden sufrir formas múltiples o agravadas de discriminación por otros motivos conexos como la identidad de género, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra índole, el origen social, la situación económica, el nacimiento u otra condición”.

El Movilh consideró un “gran avance los acuerdos, pues serán un nuevo sólido argumento para hacer exigible ante los Estados, incluidos el nuestro, la necesidad de erradicar la homofobia y la transfobia a través de medidas concretas, no sólo mediante los discursos”.

Consenso de Montevideo. Texto completo