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Piden a Comisión de DDHH de la Cámara incluir una institucionalidad antidiscriminatoria en la reforma a la Ley Zamudio

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En su exposición el Movilh también solicitó que se incorpore como un deber del Estado la implementación de políticas  públicas contra la discriminación, lo cual es parte de la actual ley, pero fue eliminado por el Senado en primer trámite.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó hoy a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezada por la diputada Lorena Pizarro (en la fotografía), que la reforma a Ley Zamudio incorpore una institucionalidad antidiscriminatoria con el fin de “contar una legislación robusta y realmente protectora de los sectores más vulnerables y desaventajados”.

El encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez, señaló que “desde el mismo día que fue aprobada la ley anti-discriminatoria, hace 10 años, venimos exigiendo una reforma que, entre otros puntos, ponga el acento en la creación de una institucionalidad estatal que prevenga abusos y ayude a las víctimas de la discriminación. Dejar fuera la institucionalidad, implicará que la reforma solo cumplirá parcialmente con el fin de mejorar los problemas y vacíos de la ley Zamudio”.

“Animamos al Gobierno a patrocinar un artículo que cree una institucionalidad antidiscriminatoria, una demanda antigua que de avanzar sería el aporte más relevante y significativo del actual Ejecutivo en materia antidiscriminatoria. Esperamos que los/as congresistas ayuden a comprometer al Gobierno con este tema”, apuntó el Movilh.

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que encabeza la diputada Lorena Pizarro (PC), está debatiendo sobre la ley en segundo trámite, tras ser despachada por el Senado en agosto del 2021.

“Esta propuesta, si bien abarca mejorías importantes para la actual Ley Zamudio, cometió el grave error de eliminar el deber del Estado de implementar medidas contra la discriminación, lo cual es parte de la legislación vigente. En tal sentido, solicitamos a la Comisión que reponga este deber. Eliminarlo, es un retroceso en relación a la ley vigente”, señaló Gómez

La propuesta del Movilh también apunta a que la acción judicial se entable en un juez de letras y que se establezca en la ley “que los/as victimarios/as deberán rectificar sus discursos de odio por el mismo medio donde los emitieron y/o en los términos que la víctima decida”

Junto a Pizarro integran la Comisión de DDHH de la Cámara los/as diputados/as  Cristián Araya (PR), Melcedes Bulnes (IND), Lorena Fríes (IND), Jorge Guzmán (Evópoli), Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen (PR), Cristián Labbé (UDI), Tomás Lagomarsino (PRSD), Daniel Lilayu (UDI), Jaime Naranjo (PS), Erika Ñanco (RD), Ximena Ossandón (RN) y Hernán Palma (PH)

 

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