Piden al Gobierno involucrar a sociedad civil y parlamentarios en debates sobre Convención contra la Discriminación
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La Cancillería se comprometió con organizaciones sociales a evaluar la creación de una mesa tripartita, compuesta por la ciudadanía y miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el objeto de fijar una postura clara como país en torno a la “Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, la cual será votada en una futura Asamblea General de la OEA.
La decisión fue anunciada por el subdirector política multicultural de la Cancillería, Jaime Acuña, y el Jefe del Departamento, Rodolfo Montecinos, quienes de esa forma accedieron a una demanda formulada en una reunión que sostuvieron con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la Juventud Judía de Chile (JJC) y la Fundación Ideas.
“Consideramos de suma relevancia que las políticas exteriores de Chile se realicen con la participación de todos quienes estén interesados y/o afectados por alguna temática, como ocurre en el caso de nosotros con la Convención Interamericana. De ahí nuestra inquietud de involucrar más activamente al Estado en ella”, sostuvo el activista del Movilh, Juan Hernández.
Tras precisar que la JJC, la Fundación Ideas y el Movilh ya conformaron una asociación de trabajo sobre la materia, el activista agregó que la idea es sumar a este debate a otras organizaciones sociales. Por ello, se pidió que la Mesa Tripartita, en caso de conformarse, haga una invitación extensiva a todos los interesados.
Desde el 2005 que el Movilh viene sosteniendo diversas reuniones con representantes de la Cancillería para que Chile haga recomendaciones a la Convención de manera que ningún grupo social quede excluido del texto, como ocurre en la actualidad con el anteproyecto del documento, el cual deja fuera a la población transexual.
El Anteproyecto, dado a conocer mundialmente el 18 de abril del 2006, recoge las recomendaciones de variados países y establece variados mecanismos para prevenir, sancionar y corregir cualquier tipo de discriminación en razón de “raza, color, etnia, sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen nacional o social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, deficiencia, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social”.
Fue el 7 de junio del 2005 cuando la Organización de Estados Americanos decidió crear un Grupo de Trabajo para redactar el borrador de la Convención.
Luego, el 23 de septiembre el mismo año, la cancillería chilena conformó su respectivo grupo de trabajo y ha efectuado desde esa fecha variadas consultas al Movilh respecto a la Convención.
Sin embargo, hasta ahora no existe una postura o propuesta oficial del gobierno que sea conocida, por lo que se intervino ante la Cancillería para crear una mesa tripartita.
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