Una docente de religión y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentaron hoy ante la Corte de Apelaciones de San Miguel un inédito recurso de protección contra el vicario para la Educación de San Bernardo, René Aguilera Colinier, por impedir a la profesora ejercer su oficio sólo en razón de su orientación sexual.
El texto patrocinado por el prestigioso abogado de derechos humanos Alfredo Morgado contó con el sólido respaldo del presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pávez, y de la Internacional de Educación, que fue representada en la Corte de Apelaciones por la docente María Loreto Muñoz (en la fotografía).
Aunque la profesora lesbiana, de siglas S.C.P.P, cuenta con el apoyo de apoderados, alumnos y la dirección del colegio donde ejerce, el pasado 25 de julio fue notificada por Aguilera Colinier que el certificado de idoneidad que entrega la Iglesia para el desempeño laboral de los docentes de religión le fue derogado, lo cual la inhabilita profesionalmente.
“Acudimos a todas las instancias de la Iglesia para revertir esta situación y evitar la presentación de este recurso, pero todas las puertas fueron cerradas, por eso hoy estamos aquí”, sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, tras precisar que el movimiento se reunió con el obispo de San Bernardo Juan Ignacio González Errázuriz, “quien advirtió con prepotencia que sólo modificaría su decisión con el absurdo de que la afectada renunciara a su orientación sexual”.
Precisó que “incluso pedimos la ayuda al presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, de quien tenemos muy buena impresión, pero él nos aclaró que estaba inhabilitado reglamentariamente para intervenir en este caso”.
La profesora, quien está con licencia médica por depresión, lamentó lo sucedido por cuanto “esto es una grave discriminación contra alguien que ha servido durante tantos 25 años a la iglesia. Fui catequista, estuve ocho años en un convento y hace 21 años que soy profesora de religión con una conducta intachable. Mi vida privada es detrás de mi puerta. Yo nunca di un mal ejemplo a nadie, ni a mis alumnas, ni a mis colegas, ni a los apoderados”.
La prohibición a la profesora se originó luego que llamados anónimos a su colegio y a la Vicaría de Educación de San Bernardo visibilizarán su orientación sexual y la vida de pareja de siete años que lleva con una mujer con quien convive desde el 2002. Tras ello, la afectada confió en el vicario su verdad, pero este la considero incompatible con su ejercicio profesional.
En repuesta, el vicario derogó el certificado de idoneidad que se le había entregado el 30 de Abril del 2006 y que tenía vigencia hasta el 30 de Abril del 2008
NUEVAS ACCIONES
En la acción legal contra el vicario, de carácter histórica para el Movilh, pues es la primera presentada por una mujer lesbiana y el Movimiento Chileno de Minorías Sexuales en contra de un representante de la Iglesia Católica, se sostiene que la discriminación es inconstitucional pues violenta diversos artículos de la Carta Magna que garantizan la igualdad para todos las personas.
El texto argumenta que también se violenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, así como diversas resoluciones de las Naciones Unidas que han llamado la atención al Estado Chileno por la discriminación padecida por las minorías sexuales gracias a reportes anuales enviados a esa instancia internacional por el Movilh.
Se precisa, por otro lado, que la norma que faculta a la Iglesia para discriminar a la docente es arbitraria. Se trata del artículo 9 del Decreto 924, publicado el 7 de Enero de 1984, el cual establece que el profesor de religión sólo puede ejercer si está «en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda».
“Esta norma violenta los derechos humanos y además es arbitraria su aplicación, pues en ningún caso hace referencia a las minorías sexuales. Por ello estudiaremos demandas y denuncias internacionales, además de evaluar la posibilidad de un proyecto de ley que la derogue”, sostuvo Jiménez
Añadió que “además esperamos un pronunciamiento del Ministerio de Educación en torno a este tópico, pues el gobierno no puede avalar ningún tipo de discriminación”.
El activista valoró y aplaudió, por último, “el importante y desinteresado apoyo del señores Morgado y Pavez, quienes dan muestras de un real respeto a los derechos humanos al repudiar enérgicamente este tipo de hechos”.
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