El proyecto reforma el Código Penal, la Ley de Prensa y la norma que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
La presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó hoy el proyecto de Ley que Sanciona y Tipifica la Incitación a la Violencia por Discriminación, una norma que la Comunidad Judía de Chile (Cjch) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) propusieron al Ejecutivo y que venían demandando de manera conjunta hace más de una década.
El proyecto de Ley establece una pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y una multa de treinta a cincuenta unidades tributarias mensuales (de $1.400.790 a $2.334.650,)” contra “el que públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incitare directamente a la violencia física en contra de un grupo de personas o de un miembro de tal grupo, basado en la raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias de la víctima»
En caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años, y la multa será de 50 UTM.
En paralelo se reforma la ley de Responsabilidad Penal de las Personas JurídicasM sancionando a los dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes de tales entidades que inciten a la violencia; y se modifica la ley de prensa, en tanto ya no sólo habrá multas para quienes cometan el delito, sino también cárcel.
En una ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, Bachelet precisó que el proyecto de ley busca “una Patria respetuosa de la diferencia”, enfatizando que “con dolorosa frecuencia nos enteramos de casos de agresiones, verbales, físicas o psicológicas, motivadas por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las creencias, la cultura o la nacionalidad de la víctima”.
Junto a los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente; de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez; y de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, añadió que la violencia motivada por discriminación “es una afrenta para nuestras sociedades, nos avergüenza como grupo humano y nos convoca a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no solo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza”.
Historia del proyecto
Desde hace casi una década que la CJCh y el Movilh vienen proponiendo y demandando una ley que sancione la incitación a la violencia, para lo cual se reunieron con ministros, presidentes y efectuaron variadas campañas, además de denunciar conjuntamente la promoción del odio en repetidas oportunidades.
En tal contexto, ambas agrupaciones respaldaron además dos proyecto de ley contra la incitación del odio presentados con anterioridad y que serán fusionados con wl actual. Se trata de una iniciativa del 16 de agoto del 2010 patrocinada por los/as senadores/as Lily Pérez, Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Guido Girardi y Mariano Ruiz-Esquide, y de otra presentada el 19 de julio del 2017 por los diputados Juan Luis Castro, Daniella Cicardini, Maya Fernández, Daniel Melo, Manuel Monsalve, Clemira Pacheco, Roberto Poblete, Luis Rocafull, Raúl Saldívar y Leonardo Soto.
En el marco de la redacción del proyecto de ley del Ejcutivo, donde jugó un importante rol la Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fríes, fueron también consultados el Colegio de Periodistas, la Federación Palestina y la Fundación Palestina Belén 2000, entre otros.
El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, calificó como “un avance hacia la prevención de los abusos y discriminación contra los sectores históricamente postergados la firma de este proyecto de ley por parte de la presidenta Bachelet, un hecho que además tiene el mérito de cumplir el compromiso presidencial”.
Al explicar la importancia de la ley, Jiménez redondeó que “tenemos la convicción de que los discursos racistas, homofóbicos, transfóbicos, clasistas, misóginos o xenofóbicos son el caldo de cultivo para conductas violentas que en casos extremos terminan en golpizas y asesinatos. Estos abusos hoy quedan en la impunidad, pues la Ley Antidiscriminatoria sólo sanciona acciones, no discursos. De ahí la relevancia del proyecto firmado hoy”.
Redondeó que sólo en el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e interesexuales, desde el 2002 a al 2016 “hemos denunciado 484 discursos de odio y 306 campañas homo/transfóbicas. En el transcurso de este año un discurso de odio llamó la atención a nivel internacional. Me refiero al Bus del Odio que recorrió la Región Metropolitana y luego tuvo réplicas en el sur del país. Este hecho, como los anteriores, deberían con esta nueva ley ser sancionados”.
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