Más del 70% experimentó problemas psicológicos debido a la discriminación o los delitos, a un punto que el 31,8% intentó suicidarse o tuvo ideas suicidas, al 20,6% le quedaron marcas en el cuerpo y el 33,9% vivió problemas sexuales. Los dramáticos abusos; que en su casi totalidad no se denuncian; son parte del primer estudio desarrollado por la Subsecretaría de Prevención del Delito junto al Movilh y otros colectivos.
Se trata del sondeo “más grande y representativo emprendido por el Estado, en alianza con la sociedad civil, pues fueron encuestadas un total de 3.271 personas. Valoramos que la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Katherine Martorell a la cabeza, impulsara esta iniciativa. Los resultados son dramáticos, pues reflejan de manera clara y contundente el drama y la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en Chile y la necesidad de implementar con urgencia medidas contra la discriminación”, dijo el vocero del Movilh, Óscar Rementería, cuya organización atiende en más del 92% de las denuncias por homofobia o transfobia conocidas en el país.
Añadió que “esperamos que todos los ministerios del Gobierno, así como los poderes Legislativo y Ejecutivo, tomen nota de estos tristes y dolorosos resultados e implementen políticas públicas y leyes para prevenir y erradicar la discriminación y los delitos. Aquí la reforma a la Ley Zamudio, que tramita el Senado, es de suma relevancia. Esperamos y exigimos que esta reforma contemple una institucionalidad anti-discriminatoria”.
El “Estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ+” fue aplicado entre los pasados 14 de octubre y 15 de diciembre, siendo el instrumento diseñado por la SPD y el Movilh, con el apoyo de la Organización Trans de Rancagua e Iguales.
Del total de personas encuestadas, el 57,5% tiene entre 18 y 30 años; el 23,1%, entre 15 y 17 años; el 11,4%, entre 31 y 40 años; y el 7,9%, más de 41 años.
El 41.9% de los encuestados es hombre; el 58%, mujer y el 0,1%, intersex. En cuanto a la orientación sexual, el 31,5% se declaró gay; el 30,4%, bisexual; el 18,2%, lesbiana; el 11% heterosexual; y el 9%, bisexual. En tanto, la identidad de género del 57,6% es cisgénero; seguido por “otros” (17,7%); no binarios (17,4%) y trans (7,3%)
Discriminación a personas LGBTIQ+
En torno a la percepción de la discriminación, el 71,8% cree que en Chile los derechos de las personas LGBTIQ+ se respetan “poco”; el 25%, “algo” y el 3,1%, “mucho”, cifras explicadas por los graves episodios de homo/transfobia vividos a nivel individual.
En efecto, el 89.3% ha sufrido discriminación al menos una vez en su vida y el 64,4% experimentó lo mismo en el último año. Al considerar exclusivamente a las personas trans, las cifras son de 94,1% y 85,5%, en forma respectiva.
A lo largo de su vida el 76.9% fue discriminado/a con insultos; seguido por gritos y hostigamientos (64,5%); imposiciones para cambiar de apariencia (48.7%); falta de respeto a la identidad de género (28.8%); sanciones por expresar la orientación sexual o identidad de género (22,9%); expulsión o negación de entrada a algún lugar (18.5%); obligación para someterse a pruebas o test de VIH o ITS (7,3%); negación o obstáculos para registrar la identidad de género (4,5%); negación de entrega de retrovirales (1,2%) y dificultades para ejercer el derecho a voto (0.9%). Además, y al considerar exclusivamente a personas trans, al 61,9% las ridiculizaron llamándolas en voz alta por su nombre legal y al 9,2% le negaron la entrega de reemplazo hormonal.
En tanto, en el último año la discriminación se expresó en insultos (49,1%); gritos u hostigamientos (35%); obligación para cambiar de apariencia (26,2%); falta de respeto a la identidad de género (18,4%); sanciones por la expresión de la identidad de género o la orientación sexual (7,8%); expulsión o prohibición de entrada a algún lugar (6,6%); obligación para someterse a pruebas de VIH o ITS (2,9%); negación o dificultad para el registro de la identidad (2,4%); negación para la entrega de retrovirales (0,7%); obstáculos para ejercer el derecho a voto (0,4%). En el mismo período, al 45,2% de las personas trans las ridiculizaron llamándolas en voz alta por su nombre legal y al 5,9% le negaron la entrega de reemplazo hormonal.
Las diferentes formas de discriminación ocurrieron en espacios públicos como calles y parques (53,4%); en el hogar (44,7%); en redes sociales (41,2%); en espacios educativos (38%); en casa de familiares (29,8%); en el transporte público (21,7%); en el barrio (19,1%); en espacios religiosos o lugares de culto (18,7%); en espacios comerciales (18,4%); en instituciones públicas (12,6%); en el lugar de trabajo (12,3%); en carabineros (10,3%); en el servicio público de salud (8,5%); en un club, discoteca o bar (7.6%); en protestas o manifestaciones (6,5%); en servicios o empresas privadas (5,6%); en servicios privado de salud (5,3%); al arrendar o comprar un producto o servicio (5,3%); en un servicio privado de transporte (4,2%); en gimnasios o centros deportivos (2,5%); en un evento LGBTIQ+ (1,9%); en club, pub o discoteca para LGBTIQ+ (1,8%); en instituciones financieras (1,7%); en la PDI (1,4%) y en instituciones penitenciarias (0,6%).
Los principales responsables de la discriminación en el último año fueron desconocidos (57.9%); familia nuclear (44,1%); familia extendida (30.6%); compañeros de estudios (25.7%); miembros de comunidades religiosas (25,7%); directores, docentes, auxiliares (23%); amigos o conocidos (19.6%); funcionarios de carabineros (11,7%); grupos anti-LGBTIQ+ (11,2%); funcionarios públicos (11%), compañeros de trabajo (8.9%), personal de salud (8.7%), jefes/as (8.2%); pareja o ex pareja (7.2%); familiares de (ex) pareja (5,9%); funcionario privado (5,5%); clientes o pacientes (4.4%), personas LGBTIQ+ (3.9%), miembros de las Fuerzas Armadas (3,8%) y funcionarios de la PDI (1,7%).
En concordancia, el 36% cree que donde más las personas LGBTIQ+ enfrentan discriminación es en los espacios públicos (calles o parques), seguidos por la familia nuclear (padre, padre, hermanos) con el 15.6%; el ámbito educacional (14,8%), lugares religiosos o de culto (9.8%); en la familia extendida (abuelos, tíos sobrinos) con el 8.6%; en el campo laboral (7,8%); en instituciones de seguridad pública (3,9%); en servicios de salud pública (2,3%); en el barrio (0,4%); en medios de transporte (0,4%) y en comercio o servicios privados (0.4%).
Tras los episodios de la discriminación el 75% sintió miedo, ansiedad o angustia, seguido por auto-represión para expresarse libremente (70,5%); problemas para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones (32,5%); ideas suicidas o intento de suicidio (31,8%); problemas para dormir (30,7%); dejar de vestirse o maquillarse de la manera como gusta (30,1%); aislamiento del resto de la sociedad (29%); dejar de salir (29%); dejar de ver a familiares o amigos (27.3%) y dejar de participar en actividades que gustan (27.1%).
Pese a todo, apenas el 4,3% reportó o denunció la discriminación. El 31,5% no denunció porque consideró que lo ocurrido no era “lo suficientemente grave”; el 22.9% porque estima que la policía no hubiera hecho nada; el 11% porque no cree que sirva de algo; el 9.3% porque desconocía cómo o donde denunciar; el 9,1% para mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género; el 5,1% por miedo a más discriminación; el 4,1% porque no pudo identificar a los agresores, el 3.7% porque le daba vergüenza; y el 3,2% por miedo a represalias.
Victimización en personas LGBTIQ+
En torno a la victimización, el 62,3% ha sufrido de delitos al menos una vez en su vida y el 49,3% en el ultimo año. Al considerar exclusivamente a la población no binaria, las cifras son de 73.9% y 54,9%, en forma respectiva, mientras en el caso de las personas trans el 61,9% fue víctima de delitos al menos una vez en su vida y el 62,8% en el último año.
A lo largo de su vida el 38,2% fue víctima de delitos cibernéticos, como hostigamientos en redes sociales, seguido por amenazas físicas (33,7%); amenazas sexuales (19,9%); ataques físicos (19,6%); ataque sexual (18,5%); asalto con violencia, amenaza o intimidación (16,3%); terapias o violaciones correctivas (8,8%), daños a la vivienda (2,6%) y daños a vehículo (2%).
En tanto, en el último año el 22,2% sufrió delitos cibernéticos; el 10,9% recibió amenazas físicas y el 5,5%, amenazas sexuales; el 4,2% fue asaltado con violencia o intimidación; el 4% fue atacado físicamente; el 3,6% fue atacado sexualmente; el 2% fue víctima de terapias o violaciones correctivas; al 1,2% le dañaron su vivienda y al 0,8% su automóvil.
En el último año los delitos ocurrieron en espacios públicos (30,6%), seguido por redes sociales (17.2%); en el hogar (12,5%); en el barrio (12,5%); en el transporte público (12,4%); en recintos educativos (10%); en espacios comerciales (7%); en hogar de familiares (6,3%); en carabineros (5,7%); en espacios religiosos o de culto (5,1%); en clubes, discotecas o bares (4,7%); en instituciones públicas (3,3%); en servicios públicos de salud (2,8%); en el trabajo (2,7%); en una protesta o manifestación (2,5%); en servicio privado de salud (1,6%); en servicios de transporte privado (1,6%); en club, discoteca o bares para LGBTQ+ (1,3%); en servicios o empresas privadas (1,2%); en la PDI (1,1%); en gimnasios o centros deportivos (1%); en un evento LGBTIQ+ (0.8%); al arrendar o comprar un producto o servicio (0.8%) y en instituciones penitenciarias (0,5%) y financieras (0,4%).
Los responsables de estos abusos fueron desconocidos (75%), seguidos por amigos o conocidos (18,5%); grupos Anti-LGBTIQ+ (17.3%); compañeros/as de estudio (17.2%); miembros de comunidades religiosas (11.5%), familia nuclear (10,2%); (ex) pareja (6,9%); familia extendida (6,8%), carabineros (6,8%); personas LGBTIQ+ (6%); familiares de (ex) pareja (4,2%); compañeros de trabajo (3,3%); funcionarios/as públicos (3,3%); directores, docentes o auxiliares (2,8%); miembros de las Fuerzas Armadas (2,7%); personal de salud (2,4%); funcionarios de la PDI (1,3%); funcionario privado (1,3%); clientes o pacientes (1,2%) y jefes/as (1,2%).
Los/as encuestados/as reportaron además consecuencias psicológicas, físicas o sexuales debido a los delitos que sufrieron.
En el primer caso, el 78.1% sintió angustia, miedo o ansiedad; el 53,4% reprimió la expresión de su identidad en algunos lugares; el 43% tuvo problemas para dormir; el 37,4% dejó de salir y el 36.9% se aisló del resto de la sociedad. En el segundo caso, al 20.6% le quedaron marcas visibles como moretones, rasguños o hematomas; al 11,7%, cicatrices; al 11% “otras lesiones” y el 4% torceduras, fracturas o dislocación. Por último, el 33,9% quedó con problemas sexuales, como dificultades para sentir placer o realizar el acto sexual; seguido por “heridas en los genitales” (8%); contagio de una ITS (6%) e infecciones del tracto urinario de manera frecuente (4%).
Con todo, solo el 9,2% reportó o denunció los delitos de los cuales fue víctima, El 28.6% no denunció porque le daba vergüenza; el 16,9% porque no sabía qué podía hacerlo o dónde; el 8,7% porque “la policía o los tribunales no hubieran hecho nada”; el 7,7% porque “me daba miedo ser discriminado/a”; el 7.1% porque “no pude identificar a mis agresores”; el 6,4% porque “no creo que denunciar sirva de algo”; el 5.2% para mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género y el 4.7% por “miedo a represalias”.
Apertura y visibilidad LGBTIQ+
Finalmente la encuesta arrojó que el 71.5% acepta su orientación sexual o identidad de género, cifra que se eleva al 80,5% en el caso de los gays, seguido por lesbianas (76,5%); otros (69,2%), pansexuales (65,5%), no binarios (63,3%), trans (63%) y bisexuales (61,7%).
Sin embargo, solo el 31,8% se siente libre de expresar su orientación sexual o identidad de género, cifra que es del 36,3% en el caso de los gays; seguidos por trans (33,9%), lesbianas (33,7%); pansexuales (28.9%), no binarios (27,9%) y bisexuales (20,8%).
Con todo, el 58.6% se declara “algo” satisfecho con su vida; el 30% “mucho” y el 11,4% “poco o nada”.
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