Chile Vamos y la DC, unidos a la ultraderecha que calificó de desviadas a las personas LGBTIQ+, rechazaron la reforma y/o se abstuvieron, al igual que varios congresistas PPD. Movilh repudió a quienes “se declaran pro- diversidad social, pero terminan cerrando filas con la odiosidad de la ultra-derecha”. Reforma deberá ser analizada por Comisión Mixta.
El debate en sala de la propuesta; que fue rechazada por 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones; estuvo cruzado por una abierta discriminación y agresión por parte de congresistas de ultraderecha, “en medio del silencio cómplice de Chile Vamos, la DC y buena parte del PPD ”, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
En efecto, el republicano Cristóbal Urruticoechea señaló que «este proyecto es una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales. Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirle a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos», mientras que el UDI Álvaro Carter negó que el proyecto fuese una demanda surgida desde el movimiento social independiente para enfrentar los abusos al señalar que «el Frente Amplio y el PC pretendían modificar la Ley Zamudio para transformarse en policías de la moral y criminalizar a quienes no piensan como ellos”.
Añadió que “hacemos un llamado a esa derecha que se dice liberal y a la DC a hacer honor al aprendizaje de las últimas tres décadas: nadie merece ser discriminado, ni insultado por sus características naturales o culturales, menos en el contexto de un debate parlamentario. Hoy, buena parte del Parlamento se ha hecho eco de falsos argumentos y mentiras de la ultraderecha. Nada justifica ello. Exigimos a todos los sectores del Parlamento, que creen en la universalidad de los derechos humanos, a no ceder frente a fantasmas, prejuicios y odiosidades como ocurrió hoy”.
Jiménez puntualizó que “no bajaremos las banderas. Seguiremos la lucha en Comisión Mixta. Desde ya llamamos a todas las personas y familias a protestar contra lo ocurrido hoy en la próxima Marcha del Orgullo, prevista para el 29 de junio a las 14:00 horas en Plaza Italia”.
Las votaciones
Se abstuvieron los DC Eric Aedo Jeldres, Héctor Barría Angulo y el presidente del partido, Alberto Undurraga Vicuña (DC); el Evópoli, Jorge Guzmán Zepeda; el UDI Joaquín Lavín León; el PRI, Enrique Lee Flores; el PDG Gaspar Rivas Sánchez; el PPD Raúl Soto Mardones; los independientes-PPD Carlos Bianchi Chelech, Cristián Tapia Ramos y Héctor Ulloa Aguilera y el independiente DC-Liberales, Felipe Camaño Cárdenas.
La reforma rechazada
El Movilh precisó que “entre las innovaciones más significativas de la reforma hoy rechazada destaca la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria y el hecho de que las víctimas podrían solicitar indemnización por el daño que sufran, cuyo monto fijará el tribunal, además de obligar al demandado a explicar su accionar y abrir la posibilidad de denunciar por expresiones y no solo por actos discriminatorios”.
Junto con “elevar las multas máximas por discriminación a beneficio fiscal, de 50 a 100 UTM, la reforma establecía que la agravante ya no aplicaría por estar los delitos “motivados” por discriminación, sino por la sola expresión de “rechazo o desvalorización” hacia algunas de las categorías protegidas por la ley, con lo cual iba dejar de ser imposible comprobar las exclusiones, como ocurre en la actualidad”.
El Movilh añadió que la reforma rechazada “reforzaba además la obligación del Estado de implementar políticas contra la discriminación, encomendaba a la Subsecretaría de Derechos Humanos el cumplimiento de la ley y prohibía las terapias reparativas de las orientaciones sexuales o identidades de género, un derecho ya garantizado de todas formas en la Ley de Salud Mental”
Al mismo tiempo, la reforma rechazada añade definiciones sobre “la discriminación indirecta; es decir la ocasionada por disposiciones o prácticas institucionalizadas; la discriminación múltiple o agravada, referente a quienes sufren o dos más formas de exclusión, y la discriminación estructural relacionada con prácticas segregadoras que afectan a un grupo de personas”, explicó el Movilh.
“La acción de no discriminación arbitraria, de acuerdo a la reforma rechazada, debía efectuarse, al igual como ocurre en la actualidad, ante un juez de letras, con la diferencia que permitía estampar denuncias a instituciones o grupos de personas por hechos que les afectan de manera individual o colectiva, subiendo de 3 a 4 meses el plazo para denunciar desde ocurridos los hechos”, finalizó el Movilh.
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