Con motivo del término de Gobierno de la mandataria, el Movilh lanza un balance de los últimos 4a años de gestión, calificándola como la más progresista conocida hasta ahora.
El segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) dio saltos significativos para la no discriminación, la inclusión y la igualdad de derechos de las personas lesbianas gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, transformándose en el más progresista en estas materias conocido hasta ahora en la historia del país.
Desde lo simbólico; aspecto relevante para el debate sociocultural y para la visibilidad; a lo concreto; que impacta directamente en la calidad de vida de las personas; la administración de Bachelet mejoró la situación LGBTI en políticas públicas, leyes y de derechos humanos, luciéndose sus gestiones para asegurar la permanencia de las transformaciones más allá de su gobierno y/o, si se quiere, para dificultar cualquier estancamiento o retroceso futuro.
Hubo altos y bajos, por cierto, y deudas no saldadas. También es efectivo que al momento de asumir Bachelet, las condiciones socioculturales estaban dadas para perfeccionar o ampliar los cambios que venían ocurriendo desde antes, lo cual es una realidad tanto local como internacional.
Sin embargo, hay elementos cruciales que explicitan, por si solos, la existencia de transformaciones selladas por la gestión de la mandataria y con impacto en la calidad para los derechos humanos LGBTI.
En primer lugar, y para comprender el proceso, debe recordarse que el gobierno previo de la mandataria (2006-2010) fue lamentable para la igualdad de derechos de las personas LGBTI, pues además de no cumplirse ninguna de las promesas electorales, obstaculizó las transformaciones que venían en ascenso desde 1991. Su segunda gestión, sin embargo, además de superar las deficiencias de la primera, avanzó más y mejor, pues en algunos casos rompió los límites de algunos de los grupos homo/transfóbicos de la época.
De la mano de lo anterior, viene el segundo punto. La mandataria pasó a ser la más criticada y rechazada por los sectores opositores a la igualdad, quienes con desesperación llegaron al extremo de ofenderla, agredirla y calumniarla con afirmaciones y calificativos tan deleznables como irracionales e inverosímiles.
El hecho más representativo de ello fue el Te Deum evangélico del 2017, donde la mandataria fue insultada (“vergüenza nacional”, “asesina”, “hija del demonio”) además de sufrir un montaje con fines político-electorales sin precedentes para perjudicar su gestión, sólo por su aporte a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.
En otras palabras, la mandataria fue a todas luces víctima de la homofobia, de la transfobia y de la misoginia por liderar el avance de los derechos humanos para sectores históricamente postergados.
Más aún, la Presidenta y buena parte de sus ministros, ministras y otros servidores/as públicos/as efectivamente comprometidos/as con los derechos LGBTI, debieron sortear los rechazos u obstáculos a estos temas de figuras de su propio conglomerado, y por cierto, de aquella parte de la Oposición que tiene tintes abiertamente homo/transfóbicos.
La posibilidad de transformaciones chocó además con la baja de Bachelet en las encuestas luego de que en febrero del 2015 dos de sus parientes, su hijo Jorge Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon, fueran acusados de enriquecimiento ilícito o irregular, lo cual dinamitó la popularidad de la presidenta.
Pese a ello y a las variadas e injustas deslealtades que enfrentó en la arena política, Bachelet avanzó, lo que vuelve doblemente elogiable su aporte en temática LGBTI.
La administración de la Presidenta adquiere con propiedad el calificativo de progresista, cuando transformó a la prevención y erradicación de la homofobia y la transfobia en un compromiso de Estado que trasciende su gestión.
Tal aporte, el más significativo en materia LGBTI, ocurrió en 2016 cuando el Ejecutivo firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solución amistosa donde el Estado se comprometió a impulsar todas y cada una de las demandas de la población de la diversidad sexual y de género, entre esas el matrimonio igualitario.
Fue en este contexto que en 2017 la presidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario al Congreso Nacional y lanzó los primeros sitios web estatales sobre la plena igualdad para las parejas del mismo sexo y sobre la ley de identidad de género, previa realización de dos históricas ceremonias sobre la materia que encabezó en La Moneda.
En paralelo, la mandataria ingresó al Parlamento un proyecto de ley que sanciona la incitación a la violencia física, incluyendo a la población LGBTI como sector protegido, y dio, también desde el 2017, un decidido impulso al proyecto de ley de identidad de género.
Además de presentarse proyectos, se promulgaron leyes. A tal punto que se pasó de una sola norma que mencionaba explícitamente a los derechos de las personas LGTI, la Ley Zamudio 20.609, a contar con cinco más que protegen las categorías de orientación sexual e identidad de género y/o a las parejas del mismo sexo.
Durante el mandato fueron promulgadas la Ley 20.750 que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre (2014), la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil (2015), la Ley 20.968 que Tipifica los Delitos de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (2016), la Ley 20.940 que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales (2016) y la Ley 21.042 que extiende a los convivientes civiles los 5 días de permiso laboral de los casados (2017). A estas se suman la Ley que Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos (2015), que si bien no menciona explícitamente a la diversidad sexual y de género, hace clara referencia a los principios antidiscriminatorios de la Ley 20.609.
En el campo de las políticas públicas la situación fue similar.
En el área educacional, la administración de Bachelet partió por desbloquear el acceso a sitios web de los grupos LGBTI desde establecimientos escolares (2014), por pedir a las escuelas que dejaran de recomendar el homofóbico libro “Juventud en Extasis II” (2014) y por patrocinar el primer libro infantil sobre diversidad familiar “Nicolás tiene dos papás” (2014).
Luego, el Mineduc lanzó la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, donde garantiza la no discriminación a la diversidad sexual y de género (2015), e incorporó en las efemérides del Calendario Escolar el Día Internacional contra Homofobia y la Transfobia (2015-2016), mientras que en el marco del Acuerdo por la Igualdad la Superintendencia de Educación lanzó la circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la Educación” (2017) y el el texto “Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educativo” (2017, actualizado el 2018). A estos se sumó la edición y distribución en colegios de todo el país de la más amplia documentación sobre derechos LGBTI, en el marco de la una nueva Política en Educación, Sexualidad, Afectividad y Género. Se trata de los textos Orientaciones para la participación de las comunidades educativas”, “Orientaciones para promover espacios de participación y sana convivencia escolar”, más dos polípticos sobre salud sexual y reprodutiva y otro sobre prevención de la violencia.
En Salud, el Hospital San Juan de Dios de La Serena (2014), el Servicio de Salud de Reloncavi (2017) y el Hospital Sótero del Río (2018) se sumaron a los de Valparaíso y Talcahuano donde las personas trans pueden gestionar las cirugías de readecuación corporal, mientras que el Minsal lanzó una circular que impide someter a intervenciones a los recién nacidos intersex hasta que puedan decidir sobre sus propios cuerpos (2015), anuló una polémica y discriminatoria reforma que buscaba asociar a personas gays y trans con el Virus Papiloma Humano y la Hepatitis B (2016) y por primera vez rechazó las terapias reparativas de la homosexualidad, advertencia que replicó un año más tarde (2016-2017)
En el campo laboral, el Ministerio del Trabajo, Tricolor y el Movimiento LGBTI firmaron el primer convenio tripartito contra la homo/transfobia (2015); la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que adecuó el principio de no discriminación a lo establecido en la Ley Zamudio (2014) y resolvió, antes de la existencia de una legislación, que los cinco días de permiso laboral para quienes contrajeran matrimonio también eran aplicables a los convivientes civiles del sector privado (2016). Por su lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) otorgó igual derecho a sus trabajadores/as (2015).
En el terreno de la estadísticas, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, incluyó consultas sobre la diversidad sexual y de género (2015-2016), mientras que el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv, perteneciente a esa cartera) se lució al dar las señales más progresistas de su historia para los derechos LGBTI: auspició eventos contra la homo/transfobia, fue el primer servicio en izar la bandera del arcoíris en todo el país, creó Comisiones Regionales de la Diversidad Sexual y de Género y distinguió a activistas mujeres que luchan contra la lesbofobia y transfobia (2014-2018).
En tanto, el Servicio Nacional de Menores (Sename) destacó al pronunciarse a favor de la adopción y filiación homoparental, llegando incluso a organizar un seminario sobre la materia, y al declarar idóneas para adoptar a parejas del mismo sexo (2015).
A la par, Bachelet lanzó en 2017 el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos, incorporando las temáticas LGBTI.
En el terreno de los derechos humanos, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Movimiento de la Diversidad Sexual y de Género desarrollaron un programa para orientar y ayudar a las personas LGBTI víctimas de la violencia (2016-2018), mientras que el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género consideró, al menos discursivamente, como femicidios los asesinatos de lesbianas o bisexuales en manos de sus parejas del mismo sexo (2016).
En el campo internacional el Ministerio de Relaciones Exteriores jugó un rol difícil de superar. Junto con gestionar que el Estado y el Movilh lograran finalmente en 2016 firmar el Acuerdo por la Igualdad ante la CIDH, la Cancillería apoyó todas las resoluciones sobre orientación sexual e identidad de género en órganos multilaterales y lideró y empujó varias iniciativas en el extranjero.
En efecto, en la ONU Chile dio su voto favorable a dos resoluciones sobre “Orientación Sexual e Identidad de Género” aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos ( 2014-2016) y a una tercera que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con otras de su mismo sexo (2017). Además el Estado rechazó en la ONU una resolución que consideraba como válida sólo a la familia compuesta por una madre, un padre e hijos (2014), y junto a Estados Unidos consiguió que el Consejo de Seguridad abordara los derechos LGBTI (2015), lo cual nunca antes había ocurrido.
Más aún, en 2015 por primera vez en la historia una presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se manifestó a favor de los derechos LGBTI en la Asamblea General de la ONU y, un año más tarde, la mandataria se refirió en el mismo lugar a los compromisos del Acuerdo por la Igualdad que firmó con el Movimiento LGBTI.
Con anterioridad, en 2014, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay habían leído en la ONU una declaración conjunta a favor de los derechos de la diversidad sexual y de género.
En la OEA, en tanto, el Estado chileno dio su voto favorable a dos resoluciones sobre “Promoción y Protección de los Derechos Humanos” que incluyen a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas (2016 y 2017) y a otra específica sobre derechos LGBTI (2014), además de suscribir la “Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” (2015).
A la par, en 2017 Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la denominada Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), una instancia lanzada en 2016, y junto a otros siete países nuestro Estado creó el Grupo de Trabajo LGBTI de la OEA (2016).
Además, Chile y otros 54 países lanzaron el “Llamamiento Ministerial a la acción para una Educación inclusiva y equitativa para todas y todos los educandos en un entorno exento de discriminación y violencia” (2016), mientras que la Cancillería chilena marcó distancia con Irán en materia de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, en el marco de la visita a Santiago del ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, un hecho inédito (2016).
Por último, el Departamento de Extranjería lanzó una circular que permite a los matrimonios igualitarios y uniones civiles contraídos en el extranjero optar a la residencia en Chile (2015) y, junto a otros Estados, nuestro país firmó en Washington una declaración contra la homofobia y la transfobia (2014).
El Ministerio Secretaría General de Gobierno hizo lo suyo al impulsar en el Parlamento y el mundo partidario la última tramitación del Acuerdo de Unión Civil y acelerar desde el 2017, bajo la conducción de la ministra Paula Narváez, la tramitación del Proyecto de Ley de Identidad de Género, en medio de una oposición que en muchas ocasiones provenían de sectores de alianza oficialista.
En los ámbitos más simbólicos la Presidenta marcó hitos de carácter histórico: permitió iluminar La Moneda con los colores del arcoíris con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (2016-2017), dio un mensaje en el marco de tal fecha (2017), conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en compañía de la actriz Daniela Vega (2018) y se reunió con el movimiento LGBTI de regiones (2018), todos hechos pioneros.
Como en todo, sin embargo, hubo puntos negativos bajo la administración de Bachelet: la presentación de la ley de matrimonio igualitario a sólo seis meses de terminar su mandato, la preocupación solo en el último año de Gobierno por la tramitación de la ley de identidad de género y, muy lamentablemente, los atropellos a derechos humanos cometidos en determinados órganos públicos, lo cual se suma a la indiferencia de algunas carteras para impulsar transformaciones.
Son los casos del Ministerio de Defensa, que sólo dejó en el papel las políticas antidiscriminatorias sin contribuir a promover los derechos de los/as uniformados/as LGBTI que fueron denigrados/as por su orientación sexual, lo cual fue un retroceso, pues las FFAA venían por un excelente camino de apertura hasta el 2014.
En tanto, en 9 fallos distintos, dos de ellos de la Suprema, se demostró que Gendarmería tortura, agrede y/o discrimina a internos/as LGBTI, siendo incapaz el Ministerio de Justicia de resolver estos problemas pese a continuas peticiones del movimiento de la diversidad sexual y de género. Situaciones similares se vivieron en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya representación en el Maule fue sancionada por homofobia laboral, y en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que fue indiferente a la discriminación padecida por una madre bisexual en una Casa de Acogida, además de no implementar ninguna política focalizada en mujeres trans, ni formalizar los buenos discursos pro-igualdad a favor de lesbianas y bisexuales en alguna circular u instructivo.
En un ángulo parecido, el Ejecutivo se mantuvo al margen de los ataques verbales o físicos padecidos por defensores de DDHH LGBTI y en la casi totalidad de los abusos más públicos contra las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género no fijó una condena pública, pese a ser necesaria tal gestión para aminorar la sensación de impunidad de que gozan los victimarios.
El Ministerio de Salud, en tanto, fue totalmente ineficiente en el combate del VIH/SIDA al punto de convirtir al país en el que más aumentó casos en América Latina. El Minsal tampoco cumplió ni en lo básico algunos de los acuerdos pro derechos LGBTI asumidos por el Estado ante la CIDH, además de ser incapaz para regular formalmente los recursos que Fonasa otorga al proceso de readecuación corporal de las personas trans, pese a que tal demanda se formuló apenas asumió el Gobierno.
Finalmente, algunas autoridades oficialistas establecieron alianzas con el movimiento social según simpatías o coincidencias políticas-ideológicas, en vez de garantizar un trato igualitario y justo a la sociedad civil (lo cual de paso afecta la labor del funcionario público), mientras que el Estado no derogó y/o reformó los artículos 365 y 373 del Código Penal, aún cuando lo primero es una exigencia formulada en 2007 por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y lo segundo fue pedido al país desde su Primer Examen Periódico Universal, en 2009.
En términos generales, sin embargo, el Gobierno de Bachelet resultó ser el más progresista conocido hasta ahora en materia de derechos humanos de las personas LGBTI, mereciendo por ello un gran reconocimiento de parte de la población LGBTI.
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