Senado tramita proyecto de ley que da rango constitucional a las medidas de acción afirmativa
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La iniciativa establece como una obligación del Estado promover políticas de discriminación positiva en beneficio de sectores históricamente desprotegidos o excluidos.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado inició el debate sobre un proyecto de reforma constitucional que obliga al Estado a implementar medidas de acción afirmativa con el fin de garantizar la plena igualdad y libertad a las personas.
La iniciativa de los senadores José Antonio Gómez, Juan Pablo Letelier y Patricio Walker fue ingresada al Parlamento el pasado 8 de abril, mientras que esta semana la Comisión Derechos Humanos discutió la propuesta teniendo como invitado al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
La propuesta modifica el artículo 19 de la Constitución, de manera que ahí se indique que “constituye una obligación del Estado eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona. Para ello deberá promover medidas de acción afirmativa para garantizar el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales que se que se encuentren vigentes y estén ratificados por Chile, por esta Constitución y las leyes”.
El Movilh aplaudió al proyecto, considerándolo “un aporte de la mayor relevancia para enfrentar de manera clara y concreta la discriminación arbitraria. Con la Ley Zamudio dimos un paso. Con este proyecto de reforma constitucional, se da otro de gran importancia, por cuanto hasta ahora las medidas de acción afirmativa no son una obligación y por tanto están sujetas a la buena voluntad de las autoridades de turno”.
En la sesión en la Comisión, presida por Jaime Orpis e integrada por los senadores Gómez, Letelier, Lily Pérez y Mariano Ruiz-Esquide, el Movilh expresó diversas propuestas para perfeccionar el proyecto.
“En concreto, propusimos que quede claro en el proyecto que la referencia al Estado involucra a todos sus poderes y que además se considere al ámbito privado y empresarial, entre otros puntos”, indicó el abogado del Movilh, Alan Spencer.
