La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Carmen Andrade, comprometió en reunión con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) todo su respaldo para acelerar en el Congreso Nacional las discusiones sobre el Pacto de Unión Civil (PUC) y el Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la discriminación.
En ese sentido, el Sernam gestionará trabajos colaborativos con otras instancias gubernamentales, como el Ministerio de Justicia y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a objeto de que ambos proyectos de ley sean debatidos rápidamente y para que todo eventual cambios que se haga el Pacto de Unión Civil durante la tramitación vayan en beneficio de todos los convivientes, al margen de su orientación sexual o identidad de género.
“Estamos muy conformes con este espaldarazo, que sigue la línea de la pasada administración de Laura Albornoz. Es de esperar ahora que todos los sectores políticos que se han manifestado a favor de estas propuestas de ley, las hagan efectivas con sus votos y positivas observaciones en el Congreso Nacional”, señaló el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, tras finalizar la cita con Andrade en su Ministerio.
El Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación se encuentra radicado en el Congreso Nacional desde el 2005 y ya ha pasado favorablemente sus votaciones en diversas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, faltando sólo su votación en la sala.
En tanto, el Pacto de Unión Civil ingresó a tramitación parlamentaria el pasado 27 de octubre y ha sido analizado sólo una vez por la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, la cual aún no vota la idea de legislar, pues espera con anterioridad escuchar la opinión de expertos.
Tanto las uniones civiles, como la ley antidiscriminatorias son normas que beneficiarán a millones de chilenos y chilenas, pues mientras la primera hace referencia a convivientes heterosexuales y homosexuales la segunda garantiza mayor igualdad para las minorías éticas, religiosas y sexuales, inmigrantes, adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con discapacidad física o psíquica y personas afectadas por la pobreza, entre otros.
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