Con el objeto de asegurar que el Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación apresure su tramitación y garantice mecanismos efectivos a favor de la igualdad social, sin efectuar distinciones de ningún tipo, senadores, gobierno y sociedad civil se dieron cita en el Congreso Nacional.
A la reunión, encabezada por el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, José Antonio Gómez (PRSD), asistieron los parlamentarios Hernán Larraín (UDI), Pedro Muñoz (PS), Jaime Gazmuri (PS) y Alberto Espina (RN), el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, el subsecretario de esa cartera, Edgardo Riveros, y el asesor jurídico del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Marco Rendón.
En representación de la sociedad civil estuvieron el presidente de la Asociación Chilena de Ong´s Acción, Alvaro Ramis, la directora de la Fundación Ideas, Patricia Cardemil, el pastor del Servicio Evangélico para el Desarrollo (Sepade), Juan Sepúlveda, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (Afaps), Andrea Cáceres, la integrante de B´nai B´rith Internacional, Claudia Kravetz, el abogado Ciro Colombara y el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez.
Durante la reunión, la sociedad civil insistió en la rápida aprobación de los articulados que ya pasaron exitosamente el trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y en la Cámara de Diputados, además de proponer nuevas ideas e indicaciones para la norma.
Tramitada desde marzo del 2005 en el Parlamento, el proyecto de ley previene y sanciona “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria, por acción o por omisión, basada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual”.
Al respecto la sociedad civil demandó expresamente que la mencionada norma sea aplicada en igualdad de condiciones para todos los sectores sociales, sobre la base del respeto y garantías de un estado laico que promueve una visión integral y amplia de los derechos humanos.
Con anterioridad la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, así como la de Derechos Humanos, ya habían escuchado el parecer en torno a la ley de sectores evangélicos y de la Iglesia Católica.
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