Otro 34 por ciento ha dado algunos pasos y un 35 por ciento no ha avanzado nada tras la promulgación de la Ley Zamudio, apuntó la investigación del Instituto de Política Liberal (IPL).
Con motivo de cumplirse un año de la entrada en vigencia de la Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, el Instituto de Política Liberal (IPL) dio a conocer una investigación dónde da cuenta sobre las acciones cursadas por órganos del Estado para llevar a la práctica a la norma
En concreto la investigación, patrocinada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ahondó sobre los niveles de cumplimiento del artículo 1 de la Ley Zamudio, el cual obliga a “cada uno de los órganos de la administración del Estado” a “elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona”, la no discriminación arbitraria.
Para tales efectos se desarrolló índice, en específico un semáforo. El verde indica que se ha implementado medidas concretas contra la discriminación, el amarillo la declaración de intenciones o el desarrollo de estudios y el rojo el que no efectuó ninguna acción en virtud de la aplicación de la Ley Zamudio, aún cuando en algunos casos se está en vías de ello. Por último, el gris, se refiere a aquellos órganos del Estado que no proporcionaron información sobre la materia.
La mayoría, el 35,14 por ciento la concentró el color rojo, ubicándose en esta categoría los ministerios de Educación, del Trabajo, de Economía, de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, entre otros.
Fueron seguidos por el amarillo, con el 34,87 por ciento, estando en este rubro los ministerios Secretaría General de la Presidencia, de Justicia, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entre otros.
En el color verde, con el 24,32 por ciento, destacaron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Servicio Nacional de la Mujer.
Por último, y con el 2.70% sólo el ministerio del Interior no reportó antecedentes sobre la manera como estaba aplicando la Ley Zamudio, en particular a través de las intendencias.
Los datos fueron obtenidos mediante preguntas a organizaciones sociales y a los organismos públicos, siendo consultados estos últimos mediante la Ley de Transparencia.
El subdirector y el investigador del IPL, Luis Felipe Ramos y Jean Masoliver, en forma respectiva, concluyeron que la implementación de la Ley Zamudio “ha sido deficiente por parte de los órganos del Estado, siendo necesaria una institucionalidad que coordine la ejecución al interior de las distintas reparticiones públicas”.
En tanto, el vocero del Movilh, Óscar Rementería, puntualizó que “si bien ha habido esfuerzos, es muy importante que los órganos públicos intercambien las experiencias entre aquellos casos que ya implementado la ley y aquellos nada han hecho”.
Con todo, puntualizó Rementería, “no deja de llamar la atención que el Ministerio de Educación, una cartera clave para promover la no discriminación en los planos sociales culturales, no registre ningún avance en esta materia, lo que es lamentable”.
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