Luego de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentara que el fiscal jefe de Ancud, Jaime Sáez, hubiese descartado “de manera apresurada y públicamente” causas discriminatorias en el ataque contra la joven transexual Camila Huenchucheo Vergara (29), el abogado cambió su postura en nuevas declaraciones a la prensa, sin embargo, los iniciales dichos del persecutor fueron usados por la defensa de los agresores para conseguir una baja medida cautelar.
En efecto, este jueves Sáez había planteado que el ataque se debió “a un contexto de rencillas anteriores principalmente por uno de los agresores, se descarta el móvil de un problema de homosexualidad que podría tener la víctima”.
En tanto hoy, y tras las críticas, sostuvo que «preliminarmente» la razón del ataque «podría tratarse de rencillas anteriores con los antecedentes que se fundaron, y tampoco se puede descartar que haya sido un ataque por la condición de transexual de la víctima. Todo ello lo determinará la investigación, pues aún no existe un móvil claro».
El cambio tuvo lugar luego de que ayer el Movilh solicitara la intervención del Fiscal Nacional Sabas Iván Chahuán, por cuanto el señor Sáez, “hizo público en menos de 24 horas de conocer el hecho su parecer, basado única y exclusivamente en la versión de los victimarios y no de la víctima y su familia”.
En la ocasión, el organismo lamentó además que el fiscal considerará “que la existencia de eventuales rencillas previas descartarían la posibilidad de un móvil discriminatorio, cuando ello no tiene relación lógica. Por el contrario, son justamente las agresiones verbales previas padecidas por Camila en razón de su identidad de género, las que se ajustan más a la versión de la familia y de la propia víctima”.
El organismo criticó, por otro lado, “la falta de conocimiento del fiscal en torno a la transexualidad, a un punto que habla de homosexualidad al referirse a este caso”, por lo que solicitó a Chahuán que instruya a Sáez para que se interiorice sobre tales realidades, “no confundiendo conceptos, elemento clave para una comprensión acabada del hecho que investiga”.
Al unísono el Movilh demandó a Chahuán que instruye «al fiscal Sáez para que la declaración de la víctima se ajuste exactamente a lo que ella quiere decir, sin interpretaciones arbitrarias o antojadizas que terminen por distorsionar lo planteado”, denunciando al respecto una irregularidad.
“Este jueves cuando Camila regresó a Ancud de un procedimiento médico efectuado en Castro, representantes de la Fiscalía pretendieron que firmara una declaración que no se ajustaba a sus dichos, lo cual por cierto desechó la víctima”, precisó la carta a Chahuán.
El Movilh criticó, por último, la tardía reacción de la fiscalía en el caso. “Llama la atención además que habiendo ocurrido estos hechos el sábado anterior, recién el jueves el fiscal se movilice en torno a este atropello. ¿O es que acaso las Fiestas Patrias son una excusa para ello?”, señaló el organismo.
El Movilh puntualizó que “en una cultura y en un país donde la discriminación a la diversidad sexual es un dato de la realidad, comprobado mediante el conocimiento de brutales atropellos, la declaración de este juves del fiscal fue insensible e irrespetuosa, pues refleja una ligereza inaceptable que carece de todo rigor al considerar que se fundamenta en un escaso acercamiento de 24 horas al caso”.
ARRESTO NOCTURNO
En tanto hoy la magistrada del Juzgado de Garantía de Ancud, Erika Stillne, r ordenó arresto domiciliario nocturno y la medida de no acercarse a las víctimas para los tres imputados por la agresión contra la joven transexual y su hermano Patricio Javier.
Los imputados, formalizados por dos delitos de lesiones graves, son Miguel Chanquepil Soto (18), Sebastián Aburto Neguel (21), y Sebastián Vargas Manquilepe (18).
Si bien Sáez había solicitado prisión preventiva esta fue rechazado, por cuanto los agresores no contaban con antecedentes previos y por lo que se consideró una baja penalidad del delito invcado. En efecto, haciendo uso de las iniciales y lamentables declaraciones de Sáez, el defensor público Antonio Guerra, sostuvo en la audiencia que no se estaba en presencia de un caso de discriminación, sino que de «un delito común, que implica penas bajas, por lo cual no ameritaba la cautelar más gravosa».
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