La mayor alza de atropellos ocurrió en órganos estatales, en especial en Carabineros, aumentando también los ataques y crímenes de odio. Por primera vez en una década hubo estancamientos y retrocesos en políticas públicas pro LGBTI. Pese a todo, hubo 54 hitos favorables a los derechos de la diversidad, la mayoría relacionados con la identidad de género.
Un 44% aumentaron las denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género, acumulando el 2018 un total de 698 casos, la cifra anual más alta conocida hasta ahora y que acumula el 22% del total de los 3.137 atropellos contabilizados en 17 años.
Así lo arrojó el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y dado a conocer hoy junto a Luis Lillo, joven atacado por su orientación sexual, y sus familiares.
Si bien por primera vez en una década hubo retrocesos y estancamientos en materia de políticas públicas favorables a las personas LGBTI, se registraron 54 hitos positivos para el sector, buena parte de estos relacionados con quienes tienen una identidad de género diversa, siendo así el 2018 definido como el “Año Trans”, toda vez que fue el más fructífero para el sector conocido hasta ahora.
Casos de discriminación y relajo del Estado
Los 698 atropellos del 2018 contra la población LGBTI se dividen en 3 asesinatos; 58 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles desconocidos por las víctimas; 16 casos de abusos policiales; 28 hechos de discriminación laboral; 37 episodios de exclusión educacional; 102 movilizaciones o campañas homo/transfóbicas; 271 situaciones de marginación institucional; 17 denegaciones de derechos en espacios públicos o privados; 72 actos de violencia comunitaria (familiares, vecinos, amigos, conocidos), 92 declaraciones de odio y 2 abusos en el terreno de la cultura, los medios o el espectáculo.
Las golpizas, torturas y robos policiales fueron la categoría de discriminación donde más incrementaron los atropellos, con un 1500% más que el año precedente, seguida por la marginación o intentos de exclusión institucional (+613%), los abusos en el sistema educacional (+85%), los asesinatos (+50%), la denegación de derechos en espacios públicos o privados (+54%,), las movilizaciones o campañas contra los derechos LGBTI (+32%.) y las agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles (+3,6).
En tanto, los abusos homo/transfóbicos propinados por familiares, conocidos o vecinos de personas LGBTI mantuvieron la cifra del año precedente, registrándose solo bajas de discriminación en las declaraciones homo/transfóbicas (-44%), en el terreno de la cultura y el espectáculo (-33) y en el campo laboral (-26).
“Los principales aumentos se dieron en áreas administradas por el Estado (policías, instituciones públicas, educación), justamente donde los agentes públicos debiesen garantizar la integridad de las personas. Por el contrario, el Estado se relajó frente a los abusos cometidos en sus dependencias y por sus funcionarios y fue totalmente indiferente a los atropellos ocurridos en otros campos, a tal nivel, que no hubo condena a ningún abuso o torturas de policías o gendarmes, ni tampoco asistencia a las víctimas. Tampoco existió reproche público por parte del Poder Político contra los asesinatos o agresiones físicas padecidas por personas inocentes, lo cual implica un retroceso y olvido de todo lo aprendido tras la muerte de Daniel Zamudio en 2012, dándose una negativa señal de impunidad a favor de los victimarios y potenciándose la victimización secundaria, que, queriéndolo o no, a su vez refuerza y valida de manera indirecta la ocurrencia de violencias en áreas ajenas al aparato estatal”, señaló el informe.
El vocero del Movilh, Óscar Rementería, explicó que “sin duda este contexto del 2018 fue el caldo de cultivo para las continuos ataques padecidos durante los tres primeros meses del 2019 contra la población LGBTI. La diferencia, es que recién en el último mes recién el Gobierno comenzó a condenar públicamente a los abusos y a ayudar a los movimientos LGBTI a hacerles frente”.
Población trans concentra la mayor cantidad de abusos
Por tercera vez, en 17 años, la población trans acumuló el mayor número de atropellos con el 39% del total, correspondiente a 273 casos, el más alto conocido hasta ahora.
“El aumento se cruza con paradojas. Por un lado, se explica por el avance de la Ley de Identidad de Género y el triunfo de una Mujer Fantástica en los Oscars, lo cual provocó la ira y el rechazo de los grupos y personas anti-derechos que se movilizaron continuamente para boicotear la norma o, derechamente, para ofender a la actriz Daniela Vega. Sin ir más lejos, del total de casos de discriminación del 2018, 15 fueron dirigidos contra Vega y 218 para boicotear la ley”, precisa el informe.
Añade como otra razón del incremento, el mayor empoderamiento “de las personas trans para denunciar abusos en áreas donde antes guardaba silencio. Así es como se conoció denuncias en los campos laborales y educacionales (…) terrenos históricamente vedados a este grupo humano”.
La población lésbica, en tanto, acumuló el 13% del total de casos y la gay el 15%, mientras el 33% de los atropellos afectó a la población LGBTI como conjunto.
Las denuncias o atropellos contra trans subieron un 217%, contra lesbianas un 34%, contra gays un 6.3%, mientras contra la población LGBTI como conjunto bajaron un 1,2%.
Responsables de los atropellos: los mismos, pero con más influencia
Un total de 58 instituciones y 404 personas fueron responsables de los 694 casos de homofobia y transfobia ocurridos en 2018.
“Se trata de los mismos sectores ideológicos de siempre, los cuales si bien no incrementan en términos cuantitativos, si multiplicaron sus acciones en 2018, en particular por los debates en torno a la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el desarrollo de la Campaña Arcoíris y el acuerdo de Solución Amistosa que Chile firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH”, explicó el informe.
La gran diferencia con años previos “radica en que estos grupos alcanzaron influencia y poder tanto en el Congreso Nacional; con la autodenominada Bancada Evangélica; como en el Gobierno, donde representantes de esta misma religión asumieron cargos en áreas claves, como Educación. A ello se suma la coordinación de referentes sociales con aspiración electoral, como es el caso de Acción Republicana, así como la relación que estos grupos pueden alcanzar con el abiertamente homofóbico presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, todo lo cual constituye un peligro para los grupos históricamente discriminados o desaventajados”, advierte el informe.
En el plano institucional, el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia ubicó en primer lugar a Carabineros de Chile, seguido por Gendarmería, la UDI, el Tribunal Constitucional, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Catedral Evangélica, el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, la Universidad de Los Andes, el Centro de la Familia Universidad Católica y el Destacamento de Montaña Número 17 de Los Ángeles, entre otros.
En el plano individual, el Ranking es encabezado por asesinos de personas LGBTI, seguidos por los ministros/as del TC, Iván Aróstica, Marisol Peña, Domingo Hernández, Juan José Romero y Cristián Letelier, así como por la presidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, Carmen Gloria Aylwin; por el presidente de la Sociedad Chilena Pediatría, Humberto Soriano; por la endocrinóloga infantil de la Clínica Universidad de los Andes, señora Francisca Ugarte; por los senadores Iván Moreira, Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Castro Prieto, Fransciso Chahuán y por los diputados Juan Antonio Coloma, Enrique Van Rysselberghe, Ignacio Urrutia, Osvaldo Urrurtia, Eduardo Durán, René Manuel García, Francesca Muñoz, Cristóbal Urriticoechea y Leonidas Romero, entre otros, como José Antonio Kast.
El Año Trans
“El 2018 pasará a la historia como el año cuando se más discutió y debatió en el espacio público y privado sobre los derechos humanos de las personas trans, alcanzando la temática de la identidad de género un impacto que trascendió las fronteras, en el marco de un proceso de visibilización y de conquista de derechos sin precedentes”, explica el informe.
La aprobación de la Ley de Identidad de Género y la determinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de excluir a la transexualidad de su lista de trastornos mentales, están en la cima de los cambios. A ello se suman dos fallos de la Corte Suprema que permitieron cambiar el nombre y sexo legal a personas trans con hijos, matrimonios previos y sin necesidad de cirugía y la implementación de un programa sobre identidad de género en el Hospital Sótero del Río, hechos que se añadieron a una seguidilla de avances en el campo de la educación.
“Todos los avances fueron coronados con un hecho que marcó la historia de todo el país y también del mundo. Chile obtuvo su primer Oscar y gracias a una película con temática trans, “Una Mujer Fantástica”, dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por la actriz Daniela Vega”, precisa el informe.
Estancamientos, retrocesos e incumplimientos
El informe advierte que “tras una década de avances sistemáticos en materia de políticas públicas emprendidas desde el Poder Ejecutivo para la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI, a partir de marzo del 2018 hubo severos estancamientos y retrocesos”.
“Por un lado no se implementó ninguna nueva política pública y por otro no se dio seguimiento a las pasadas para garantizar su continuidad y buen funcionamiento. Solo existió apoyos muy puntuales de algunas carteras o servicios, pero que no se constituyeron en una política pública formalizada”, explica el informe
“Lo más grave fue el silencio del Ejecutivo frente a los abusos y atropellos, a veces cometidos por agentes estales, contra las personas LGBTI, a un punto que ni siquiera en los asesinatos existieron condenas públicas y en relación a las torturas de Carabineros y Gendarmes, no se implementaron medidas para sancionar, ni para solidarizar con las víctimas”, lamentó el estudio.
Además, y pese a que en mayo del 2018 el Gobierno de Sebastián Piñera firmó un addendum donde se comprometió a cumplir compromisos pro derechos LGBTI asumidos ante la CIDH “la verdad es no se registró ningún avance y, más lamentable aún, el acuerdo fue violentado en distintas oportunidades, a tal punto que el Ejecutivo fue citado por la Comisión Interamericana y la Cámara de Diputados para dar explicaciones”, recuerda el estudio.
“La paradoja es que el retroceso y el estancamiento tuvieron lugar mientras representantes de Evópoli, un partido que se dice liberal, ocupan importantes cargos en el Gobierno. En tanto, pese a que la colectividad no existía bajo la primera administración de Piñera, en esa oportunidad sí se logró avanzar y el Gobierno fue dialogante y sincero en sus acercamientos con el movimiento LGBTI”.
Un Congreso Nacional comprometido a medias
“La aprobación de la Ley de Identidad de Género marcó un hito para los derechos humanos de la población trans mayor de 14 años y soltera, a lo que sumaron los esfuerzos de un reducido número de parlamentarios por avanzar en temáticas claves”, como la adopción homoparental, recuerda el informe.
Sin embargo, y pese a existir una mayoría discursivamente favorable, el Congreso Nacional no dio ningún impulso a la Ley de matrimonio igualitario y siguió con las tendencia de aprobar “normas a medias”, denuncia el informe.
Existe un “acostumbramiento de aprobar leyes a medias, en tanto la Ley de Identidad de Género excluyó a las personas casadas y a los menores de 14 años, solo basado en prejuicios e ignorancia y pasando por alto los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, una indolencia extrema, injustificable y repudiable y que repite lo ocurrido en el pasado: la ley antidiscriminatoria y el Acuerdo de Unión Civil, aprobadas en años previos, también presentan vacíos, problemas e inconsistencias, solo porque el Poder Político consensuó ceder a ideologías que ven a las personas LGBTI como ciudadanos/as de segunda categoría”, indica el estudio.
Poder Judicial, sigue siendo el más progresista y Contraloría resguarda avances
“En 2018 el Poder Judicial terminó por consolidarse como el más progresista del Estado en materia de derechos humanos LGBTI, aún cuando el proceso está atravesado por contradicciones, en tanto, los tribunales son incapaces de contribuir a resolver a través de fallos las incoherencias con la Constitución y con los tratados internacionales que revisten la prohibición del matrimonio igualitario y la falta del reconocimiento legal de dos padres o dos madres”, señala el informe.
Junto a importantes fallos de la Suprema a favor de los derechos trans, el máximo Tribunal aprobó en 2018 la Política de Igualdad de Género y No Discriminación en el Poder Judicial; el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo aplicó por primera vez la agravante de la Ley Zamudio por un crimen homofóbico, el que quitó la vida a Marcelo Velius Lepe Parraguez; el 25 Juzgado Civil de Santiago condenó a la Catedral Evangélica por dañar la hora, moral y reputación del Movilh y el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ordenó por primera vez que el sobreviviente de una convivencia civil fuera indemnizado por daño laboral contra su fallecida pareja, entre otras sentencias analizadas por el Informe.
Por su lado, la Contraloría General de la República “se perfiló en 2018 como una instancia que puede contribuir a reguardar los avances en derechos humanos LGBTI y a cumplir compromisos cuando estos se ajustan a tratados internacionales, a la Constitución y a las leyes”, indica la investigación.
“Así es como en el año dictaminó que el Acuerdo de Solución Amistosa sobre el matrimonio igualitario firmado por Chile ante la CIDH es legal y vinculante y rechazó una homo/transfóbica impugnación contra textos educativos sobre diversidad sexual y de género elaborados por el Estado y la sociedad civil”, apunta el estudio.
Otros hitos
Junto a lo expuesto, el informe destaca otros hitos favorables a los derechos LGBTI ocurridos en 2018, como son el llamado del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) para que Chile legisle sobre el matrimonio igualitario, la celebración en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario y la instalación en el histórico Cerro Santa Lucía de un Monumento por los Derechos LGBTI.
A lo anterior se suman “la distribución en colegios y liceos de una circular y cuatro textos educativos con temática LGBTI, el más amplio dossier sobre la materia trabajado por el Gobierno de Bachelet y el movimiento de la diversidad; la promulgación de la Ley de Educación Superior, norma que garantiza la no discriminación; el anuncio sobre su unión civil efectuado por la capitana de Ejército Maribel Mesías (36) y la enfermera Helda González (34); una entrevista dada por la deportista de la Selección Femenina de Fútbol, FernandaPinilla, quien habló abiertamente sobre su homosexualidad; la marginación de los canales de televisión abierta de la transmisión de los Te Deum evangélico y ecuménico y la 59 versión del Festival Internacional de Viña del Mar y su respectiva gala, las cuales resultaron ser las más pro-LGBTI de su historia, al incluir a personas lesbianas, trans y gays”.
Fallecimientos
“Entristeció el 2018 la partida de figuras claves para el movimiento LGBTI: el defensor de derechos humanos Patricio Bustos, el escritor Rodrigo Muñoz Opazo, el transformista Mauricio Burgos (Katiuska Molotov) y el periodista Ítalo Passalacqua, todos los cuales desde distintos frente aportaron su grano de arena para un país más justo”, finalizó el informe.
Gráficos y estadísticas
Evolución de casos y denuncias por discriminación en 17 años
Casos y denuncias según categorías de discriminación
Casos de discriminación según distribución geográfica
Casos de discriminación separados por gays, lesbianas, trans…
Ranking anual de la Homofobia y la Transfobia: personas
Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia: instituciones
Porcentaje de respuesta de las organizaciones LGBTI a las denuncias y casos por discriminación
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