Se propone la creación de una institucionalidad sobre la realidad LGBTI, así como variadas medidas contra la discriminación a implementar por ministerios en beneficio de todos los grupos excluidos, exista o no un órgano antidiscriminatorio como el descrito en el punto anterior y/o mientras se avanza hacia la creación del mismo, con énfasis en algunos casos en la diversidad sexual, dada que esta carece de políticas focalizadas.
En todos los casos, cada ministerio o servicio deberá en los tiempos adecuados destinar una partida de su presupuesto anual para la implementación de medidas contra la discriminación.
Diversidad sexual:
La mayoría de los sectores históricamente vulnerables en Chile cuentan con servicios o ministerios focalizados que tratan su realidad especifica, aún cuando el foco de atención sea o no la discriminación. Son los casos de las mujeres (Sernam), pobres (Fosis), pueblos originarios (Conadi), jóvenes (Injuv), niños y niñas (Sename), personas con capacidades diferentes (Senadis), adultos mayores (Senama), trabajadores (Ministerio del Trabajo) o personas viviendo con alguna enfermedad (Ministerio de Salud).
En cambio, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o intersexuales (LGBTI) carecen de todo servicio, ministerio o presupuesto focalizado, pese a ser un sector históricamente discriminado.
Se propone, en consecuencia, la creación de un servicio o programa que contribuya a erradicar la discriminación por orientación sexual o identidad de género, que se componga por representantes del Gobierno y de la sociedad civil organizada y que tenga entre sus objetivos:
- Brindar asesoría legal y psicológica a quienes padecen homofobia o transfobia.
- Generar estudios cualitativos y cuantitativos sobre la realidad LGBTI y la discriminación que padecen.
- Elaborar campañas contra la homofobia y transfobia de carácter nacional y sectorial, con especial énfasis en la educación, la salud, el trabajo, las familias y el derecho a igualdad ante la ley.
- Supervigilar que ninguna práctica o instrumento del Estado discrimine sobre la orientación sexual o la identidad de género, y fijar postura pública cuando este principio se violente.
