La creación de medidas antidiscriminatorias requiere de objetivos y estrategias transversales, multidisciplinarias y coordinadas entre sí, toda vez que las exclusiones arbitrarias, y/o su justificación, están fuertemente arraigadas en la cultura, siendo el desafío para erradicarlas de largo aliento.
El desafío implica el diseño y ejecución de propuestas antidiscriminatorias, así como el monitoreo, fiscalización, evaluación permanente y actualización de los fines u objetivos planteados, en virtud de las nuevas realidades o contextos socioculturales que vayan surgiendo. En síntesis, se necesita de un “artefacto” que comprometa al Estado con las exigencias de la Ley 20.609.
El Estado chileno no cuenta con diagnósticos o cifras actualizadas sobre la discriminación, mientras que muchas de las políticas públicas diseñadas para enfrentar las exclusiones arbitrarias están faltas de seguimientos para conocer su impacto, son desconocidas por los funcionarios públicos o son totalmente ajenas a aquellas reparticiones del Estado desde donde no surgieron, viéndose imposibilitado el perfeccionamiento, los análisis y el intercambio de saberes y experiencias.
Más aún, las medidas antidiscriminatorias existentes previo a la entrada en vigencia de la Ley 20.609 no tienen una mirada integral del problema, esto es, carecen de una internalización acabada sobre la definición de la discriminación arbitraria que hace la mencionada norma, la cual se hace cargo de los sectores vulnerables en razón de su “raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.
De ahí que sea urgente dotar al país de un organismo que vele por el cumplimiento de la ley y coordine todos los esfuerzos que desde el Estado se realicen para tal fin.
Experiencias destacables a nivel latinoamericano, y sobre la cuales podría basarse una institucionalidad similar en Chile, son el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), vigente desde 1997 en Argentina, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), creado el 2003 en México.
En ese sentido se propone la creación de un servicio, instituto, consejo o ministerio por la diversidad y la no discriminación de alcance nacional y regional que sea dirigido por al menos un funcionario de cada uno de los ministerios del país, idealmente por los ministros, en coordinación y colaboración con organizaciones sociales que representen a cada uno de los sectores sociales amparados por la norma antidiscriminatoria.
Otras alternativas a explorar, y que implican necesariamente una reestructuración en cuanto a composición y objetivos de instancias ya existentes, son la creación de un organismo ad-hoc al amparo del Ministerio de Desarrollo Social, de la proyectada Subsecretaría de Derechos Humanos o dotar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de una comisión antidiscriminatoria. Dicha comisión debería tener posibilidades de incidir en la administración del Estado de manera efectiva, con un rol fiscalizador y promotor de políticas públicas en todo el pais.
Sea un organismo independiente o amparado en uno ya existente, lo concreto es que la institucionalidad antidiscriminatoria debería contar con un fondo económico específico, así como con el concurso de representantes de todos los ministerios y de lo sectores discriminados. También debería iniciar su trabajo con un estudio y diagnóstico sobre la oferta pública en materia antidiscriminación, con miras a la elaboración de propuestas, de corto, mediano y largo plazo, tendientes a perfeccionar o mejorar experiencias ya existentes o a crear nuevas políticas públicas, siempre en relación con la definición expresa de la discriminación arbitraria que hace la ley 20.609.
